Chile: La república de los abusos y el desprecio al pueblo

Por: Rodolfo Varela

Mientras miles de chilenos y chilenas sobreviven en condiciones precarias, con pensiones indignas, sin acceso oportuno a salud, sin medicamentos, sin empleo ni vivienda adecuada, el aparato del Estado —que debería estar al servicio del pueblo— sigue siendo usado como una máquina de privilegios, impunidad y abuso para unos pocos.

¿Quién, dónde y cómo reside la soberanía popular en Chile?

Un nuevo escándalo sacude la ya deteriorada confianza en las instituciones públicas: 2.892 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la PDI viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica. ¿Vacaciones con diagnóstico psiquiátrico o descanso pagado con cargo al contribuyente? Esta cifra no es menor. Es otra bofetada a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores que deben justificar hasta una migraña para no perder el sueldo o el empleo.

Pero eso no es todo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló una situación aún más grotesca: más de 81.000 funcionarios públicos están registrados con más de un contrato en el Estado, algunos incluso con hasta 11 contratos simultáneos, especialmente en el sector municipal y educativo. En varios casos, las remuneraciones mensuales superan los $16 millones de pesos, pagados con recursos públicos, en un país donde el sueldo mínimo apenas supera los $500 mil y muchas pensiones no alcanzan ni la mitad de eso.

Para los jóvenes de 15 a 24 años de la región, alcanza el 13,8%.

Estas cifras reflejan no solo un desorden administrativo. Reflejan una estructura corrupta, opaca y profundamente injusta que ha sido tolerada y perpetuada por todos los gobiernos, de izquierda y de derecha. La corrupción en Chile no es un accidente: es una forma de gobernar. Y no se trata solo de dineros mal utilizados, sino de una profunda traición al pueblo.

Según el mismo informe del CPLT, un 73% de los casos se concentra dentro de una misma institución, sobre todo en municipalidades y corporaciones municipales. El resto corresponde a funcionarios que figuran en dos o más instituciones distintas, lo que evidencia dobles o triples ingresos, muchas veces sin que se cumpla con la jornada laboral requerida o con funciones reales.

¿Y qué hacen las autoridades? Poco y nada. Se excusan, prometen comisiones investigadoras, derivan responsabilidades, maquillan cifras. Mientras tanto, la maquinaria del abuso sigue girando.

En un país con esta magnitud de irregularidades, no es aceptable que las víctimas de violaciones a los derechos humanos sigan esperando justicia, verdad y reparación. No es aceptable que los exonerados políticos sigan viviendo en el abandono, que los adultos mayores tengan que elegir entre comer o comprar medicamentos, o que miles de jóvenes no accedan a una educación de calidad por falta de recursos.

No es falta de plata. Es falta de vergüenza.

El 49% del presupuesto municipal y el 22% del presupuesto del Gobierno Central se destina a remuneraciones de personal público, pero la ciudadanía no ve resultados proporcionales en servicios ni atención. Se trata de una estructura inflada, ineficiente, y en muchos casos, capturada por el nepotismo, el clientelismo político y la codicia sin límite.

El desempleo en Chile es del 8,0%.

Y a esto se suma otro drama: la corrupción institucional y la opacidad administrativa también espantan a los inversionistas extranjeros, que observan con desconfianza un país donde reina la impunidad, los funcionarios se enriquecen sin control, y la estabilidad jurídica parece una ilusión. ¿Quién quiere arriesgar su capital en un país donde las reglas se tuercen a favor de unos pocos y no existe certeza en la gestión pública?

El resultado es evidente: menos inversión, menos crecimiento, más desempleo. Especialmente entre los jóvenes, que ven cerrarse las puertas del mercado laboral formal y caen en la desesperanza o en trabajos informales sin derechos ni proyección. Esta es la cara oculta del modelo liberal que se nos vendió como ejemplo de eficiencia: precarización para la mayoría y protección para los de siempre.

Esto no es sostenibilidad fiscal. Es saqueo institucionalizado.

Chile no puede seguir funcionando como una república de privilegios para unos pocos mientras el resto sobrevive a punta de sacrificios. Es hora de limpiar el Estado. No con discursos vacíos ni pactos de silencio, sino con reformas estructurales, fiscalización real, sanciones ejemplares y participación ciudadana efectiva.

Los informes están. Las pruebas están. Lo que falta es voluntad. Y mientras eso no ocurra, no habrá reconciliación posible, no habrá justicia verdadera, ni democracia plena.

Porque cuando los de arriba abusan sin consecuencias, los de abajo pierden toda esperanza.

Ni clemencia ni impunidad: cuando el olvido se disfraza de humanidad

Por Rodolfo Varela

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se negocian, y no merecen beneficios carcelarios. Esa es la convicción de quienes sobrevivimos a la sangrienta dictadura chilena y cargamos, hasta hoy, con sus cicatrices físicas, mentales, financieras y morales. 

Rechazan en Chile intento liberar a violadores de DDHH

También es la posición firme de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos (AFEP), que el pasado 5 de agosto volvió a alzar la voz ante una nueva y grave amenaza: el intento coordinado entre sectores del Senado y la Corte Suprema de conceder beneficios a los criminales de uniforme —hoy ancianos— que jamás mostraron arrepentimiento, que no colaboraron con la justicia y que aún justifican sus actos atroces.

Hablan de humanidad. Pero, ¿qué humanidad hubo cuando nos secuestraron, nos torturaron, nos quebraron? ¿Qué humanidad hubo con los niños y niñas arrebatados a sus familias y entregados —o vendidos— a manos extranjeras? ¿Dónde estaba la clemencia cuando fuimos exonerados, cuando se nos negó trabajo, cuando se nos robó la dignidad y las imposiciones, cuando nos condenaron al exilio, al silencio, a la marginación?

Yo, como tantos, sé lo que es vivir con miedo, con la voz rota y el cuerpo dolido. Sé lo que es reconstruir la vida sobre las ruinas del alma, mientras la justicia llega a cuenta gotas —y a veces, ni siquiera eso. Hoy, con 75 años, como muchos otros sobrevivientes, sobrevivo con una pensión miserable, que no llega ni al 50% del salario mínimo. Esa es la famosa “reparación” que nos ofrecieron: caridad sin justicia, parches sin verdad.

Mientras tanto, los verdugos piden beneficios por edad y salud. ¿Y la salud de nuestras familias? ¿Y los que murieron esperando justicia? ¿Y los que siguen desaparecidos? Más de 1.100 detenidos aún no aparecen. ¿Cómo puede hablarse de perdón si ni siquiera hay verdad?

El pasado en el presente

La AFEP tiene razón: esto no es compasión, es impunidad. Es disfrazar el olvido con ropajes de humanidad. Es un nuevo golpe, esta vez contra la memoria. Una bofetada a los familiares de las víctimas y una amenaza directa a la garantía de no repetición. Porque si la justicia se debilita, los fantasmas del pasado regresan más fuertes.

A más de 50 años del golpe militar, Chile sigue teniendo una deuda monumental con las víctimas. El Poder Judicial, que durante la dictadura fue cómplice por omisión, no puede hoy pretender liderar una falsa reconciliación. Tampoco el Congreso, que con demasiada frecuencia calla o mira para otro lado, puede ceder al chantaje de la “humanidad selectiva”.

Los responsables de los crímenes más horrendos cometidos por agentes del Estado no merecen compasión ni beneficios, sino el peso completo de la justicia. Porque la memoria no se negocia. Porque la dignidad de un país no puede construirse sobre la impunidad.

A todos los que aún dudan, les decimos: ni olvido ni perdón. Nunca más.