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2025/06/02

50 años después, llega la justicia: indemnización a soldado torturado en Cerro Chena

02 de junio de 2025
Por : Rodolfo Varela


El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $40 millones por daño moral a Julio Enrique Alzamora Orellana, exsoldado conscripto que fue detenido y torturado por sus propios compañeros de armas en diciembre de 1973, en plena dictadura militar.


22° Juzgado Civil de Santiago


Según consta en el fallo (causa rol 15.962-2024), Alzamora fue primero trasladado a unidades policiales y posteriormente a la Escuela de Infantería del Ejército en Cerro Chena, en la comuna de San Bernardo. En ese recinto fue incomunicado, vendado y sometido a diversos actos de tortura, los cuales le provocaron un daño psicológico persistente que se ha extendido hasta el presente.

La sentencia, dictada por la magistrada Lorena Cajas Villarroel, rechazó los argumentos del Estado sobre prescripción y reparación previa, al establecer que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles tanto en sede penal como civil.


“Julio Enrique Alzamora Orellana ha sufrido un daño moral significativo como consecuencia directa de los actos de violencia extrema ejercidos en su contra por agentes del Estado”, señala el fallo. “Dicho daño se manifiesta en una sintomatología persistente que […] se ha cronificado con el paso de los años, prolongando el sufrimiento hasta la actualidad”.


El tribunal subrayó que el monto de la indemnización se fija con base en los antecedentes particulares del caso y no responde a una tabla estandarizada, aunque reconoce que la jurisprudencia en casos similares ha sido considerada como referencia razonable.



Cada caso […] es considerado de manera individual y autónoma”, agregó la resolución. Si bien las circunstancias pueden guardar similitudes –dado el contexto histórico y los patrones de actuación de los agentes estatales–, lo cierto es que cada experiencia reviste características propias”.

Con esta sentencia, se suma un nuevo caso en que la justicia civil reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes durante la dictadura. A más de medio siglo del golpe de Estado de 1973, las víctimas continúan buscando verdad, justicia y reparación.

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