Chile: Justicia avanza en caso de adopciones ilegales durante la dictadura en San Fernando

Por: Rodolfo Varela

La Corte de Apelaciones de Santiago procesó a la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez por su rol en una red que sustrajo menores para adopciones internacionales. La solicitud de extradición desde Israel marca un hito en el reconocimiento de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Un importante avance judicial se concretó en la investigación por adopciones ilegales ocurridas durante la sangrienta dictadura cívico-militar en Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó procesamiento contra la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pávez, por su presunta participación en una red que facilitó la sustracción y entrega irregular de niños a familias extranjeras entre las décadas de 1970 y 1980.

Ministro Juez Alejandro Aguilar Brevis

Gutiérrez Pávez fue procesada por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Según estableció la investigación, autorizó la salida del país de menores mediante procedimientos viciados, omitiendo el consentimiento de sus madres biológicas y falsificando documentos judiciales. En algunos casos, las adopciones fueron tramitadas en tan solo dos días, y se habrían pagado sumas de hasta 50 mil dólares por cada menor.

Uno de los casos más emblemáticos corresponde a una niña de tres años sustraída en enero de 1983, quien fue recuperada días después gracias a la intervención de Carabineros. Este y otros antecedentes permitieron al magistrado configurar una red con participación de funcionarios judiciales, abogados, personal médico y religiosos.

El ministro Aguilar solicitó la extradición de la exjueza desde Israel —país donde actualmente reside— invocando el Convenio Europeo de Extradición, en vigor en Chile desde el 1 de junio de 2025. La solicitud se basa en la calificación de estos delitos como crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles según normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este caso se suma a otros tres fallos previos que han reconocido la imprescriptibilidad de las adopciones forzadas en dictadura. Así lo documentó un reciente reportaje de The Clinic, que da cuenta de cómo estas causas están empezando a abrirse paso en los tribunales tras años de invisibilización.

La Fundación Hijos y Madres del Silencio, que ha acompañado a las víctimas y sus familias, valoró el avance judicial. Su presidenta, Marisol Rodríguez, destacó que “con lo informado por el ministro Aguilar, cuyas sentencias están siendo consultadas en la Corte Suprema, se verifica que cuando hay voluntad de hacer justicia, se cumple”.

Este proceso representa un nuevo precedente en el reconocimiento judicial de las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la infancia y la familia, y fortalece la búsqueda de verdad, justicia y reparación para cientos de víctimas de adopciones ilegales durante la nefasta dictadura militar.

Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en Chile Siguen Esperando Reparación Integral

Han pasado décadas desde que el Estado chileno reconoció las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Sin embargo, para muchas víctimas y familiares, la reparación integral sigue siendo una promesa incumplida. La urgencia de un nuevo pacto social que salde esta deuda histórica se hace cada día más evidente.

“Lo que queremos no es caridad, es justicia. Es el reconocimiento de todo lo que perdimos, de todo lo que nos arrebataron”, dice Ana María Contreras, detenida y torturada en 1974 cuando tenía solo 22 años. Hoy, a sus 73, aún espera atención médica especializada, apoyo psicológico permanente y una pensión que le permita vivir con dignidad.

Las cifras son claras: más de 40.000 víctimas han sido reconocidas por el Estado, pero muchas de ellas aún no acceden a medidas adecuadas de reparación. El abogado de derechos humanos Carlos Ortega, quien representa a varias familias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que “el Estado chileno ha avanzado en el reconocimiento, pero ha fracasado en implementar un sistema de reparación integral, que incluya salud mental, educación para hijos de víctimas, apoyo habitacional y justicia real”.

Luz en la Memoria, una fundación que agrupa a víctimas y familiares, ha entregado un informe al Congreso con propuestas concretas. Su presidenta, María José Rivas, apunta a la urgencia de una política pública estructural: “No basta con bonos esporádicos o leyes fragmentadas. Chile necesita un marco legal robusto que garantice reparación y garantías de no repetición”.

Uno de los puntos críticos es la falta de acceso a atención en salud mental. “Muchos de nuestros compañeros viven con secuelas psicológicas severas y no tienen atención permanente ni especializada”, denuncia Contreras. “Lo que más duele es la indiferencia del Estado”.

Para el abogado Ortega, el problema también es estructural. “Se han entregado beneficios de forma parcial, condicionada, y a veces humillante. Hay sobrevivientes que deben mendigar una consulta médica o una pensión básica. Eso es revictimizante”, afirma.

El Ministerio de Justicia ha anunciado mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para evaluar una nueva política de reparación. Pero mientras tanto, las víctimas siguen esperando. “Nos estamos muriendo sin haber sido escuchados. Y eso también es una forma de violencia”, dice Ana María con la voz quebrada.

Voces que exigen justicia: testimonios de la deuda pendiente del Estado chileno

A más de 30 años del retorno a la democracia, el Estado chileno continúa en deuda con miles de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Si bien se han implementado mecanismos de reparación, estos resultan insuficientes y desiguales. La voz de las víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos refuerza esta crítica.

Testimonios que no se olvidan

María Soledad Acuña (nombre ficticio), detenida y torturada en 1975 por agentes de la DINA, relata:
"Fui reconocida por la Comisión Valech, pero eso no me trajo justicia. Nunca he visto a mis torturadores pagar. La pensión que recibo no alcanza para mi tratamiento psicológico."

Similar es el caso de José Rivas, hijo de un detenido desaparecido:
"Crecí con la imagen de mi padre como una sombra. El Estado me reconoció como víctima, pero ¿cómo se repara una infancia llena de silencios y miedo?"

Críticas desde el mundo jurídico

El abogado de derechos humanos Rodrigo Bustos enfatiza que "el Estado ha privilegiado una reparación administrativa mínima y muchas veces condicionada. No hay un enfoque integral que incluya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición."

Organizaciones exigen una política de Estado

Desde Londres 38, Macarena Aguilar señala: "Las reparaciones deben dejar de ser medidas de gobiernos y transformarse en una política de Estado. No puede depender de la voluntad política del turno."

Casos emblemáticos aún abiertos

Organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) insisten en la necesidad de reabrir casos emblemáticos como el de Paine o Colonia Dignidad, donde la reparación ha sido prácticamente simbólica.