Por: Rodolfo Varela
Han pasado más de cinco décadas desde la sangrienta dictadura cívico-militar que dejó miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile. Sin embargo, la deuda histórica con ellas sigue intacta. El Estado actúa como si no existieran, relegando sus demandas de verdad, justicia y reparación a un olvido sistemático.
Mientras tanto, la élite política y judicial del país —de izquierda, de derecha y de “centro”— vive blindada por un sistema hecho a su medida, que perpetúa privilegios millonarios pagados con el sudor de un pueblo trabajador y contribuyente. No se trata solo de los ex presidentes; también los parlamentarios, altos cargos políticos y miembros del poder judicial participan de un esquema que ha normalizado el mal gasto de los dineros públicos.
No sorprende, entonces, que muchos chilenos rechazaran la propuesta de una nueva Constitución. No porque no quisieran cambios, sino porque percibieron que las élites buscaban perpetuar sus derechos y beneficios, incluso a costa de las necesidades urgentes del país. Mientras tanto, jubilados y pensionistas sobreviven con ingresos que en algunos casos no alcanzan el 50% del salario mínimo, y las AFP continúan lucrando con los ahorros previsionales.
En medio de este panorama, el diputado Carlos Bianchi (independiente) intentó poner un límite a la dieta vitalicia de los ex presidentes, proponiendo que se otorgara recién a partir de los 65 años y no inmediatamente después de dejar el cargo. Su propuesta apuntaba, entre otros, al caso de Gabriel Boric, que podría convertirse en el expresidente más joven en recibir más de 16 millones de pesos mensuales de por vida.
La reacción del Congreso fue reveladora: desde el Partido Comunista hasta Republicanos, la mayoría se unió para rechazar la iniciativa. Algunos plantearon como “alternativa” reducir gastos operacionales, que rondan los 8 millones mensuales, pero sin tocar la dieta de 7 millones.
Lo cierto es que este privilegio nació en el año 2000 con un objetivo evidente: permitir que el dictador Augusto Pinochet, entonces senador vitalicio, renunciara al cargo sin perder ingresos ni fuero. Aunque oficialmente se asegura que nunca lo cobró, la norma quedó instalada y desde entonces ha representado un gasto millonario para el Fisco.
Cifras que indignan
Entre 2000 y 2023, Chile ha gastado cerca de $10.500 millones en dietas y asignaciones para ex presidentes. Las cifras oficiales del Senado desde 2009 muestran que Ricardo Lagos ha recibido más de $1.432 millones solo en dieta, Eduardo Frei $1.004 millones, Michelle Bachelet $916 millones, Patricio Aylwin $657 millones y Sebastián Piñera $590 millones.
Pero el abuso no termina ahí. Si se suman los altísimos sueldos, asignaciones, viáticos y beneficios de parlamentarios, ministros, subsecretarios, jueces y altos funcionarios, el gasto se multiplica exponencialmente. Se trata de un sistema cerrado, donde todos los poderes del Estado se protegen entre sí, manteniendo sus privilegios mientras el país arrastra carencias estructurales en salud, educación y pensiones.
Y cuando se proyecta lo que costará Gabriel Boric si recibe este beneficio desde los 40 años hasta los 80, el gasto estimado supera los $10.500 millones, el mismo monto que Chile ya ha desembolsado en 23 años para todos los demás ex presidentes juntos.
Mientras tanto, las víctimas de la nefasta dictadura mueren sin reparación, las listas de espera en hospitales crecen y millones de chilenos viven con sueldos y pensiones indignos. El mensaje de la clase política y judicial es claro: sus privilegios son intocables.
Chile necesita despertar de verdad. No basta con indignarse en redes sociales o en la sobremesa; es hora de exigir cambios reales que terminen con el abuso y la impunidad en el manejo de los recursos públicos.
Porque un país que honra a sus victimarios y privilegia a sus gobernantes por sobre sus víctimas, no puede llamarse plenamente democrático.
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