Por Rodolfo Varela
El pasado 30 de julio de 2025, el diputado debil mental chileno Johannes Kaiser expresó públicamente su respaldo a la idea de un golpe militar en el país.
Sus declaraciones van mucho más allá de una simple opinión: constituyen una peligrosa incitación a la violencia, un atentado directo contra la democracia y una vergonzosa ofensa a la memoria de miles de víctimas del terrorismo de Estado. Esta conducta no puede, bajo ninguna circunstancia, ser tolerada. Debe enfrentarse con la sanción más severa posible: la casación de su mandato parlamentario.
Desde el retorno a la democracia, Chile ha luchado —muchas veces con lentitud y dolor— por avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación para quienes fueron perseguidos, torturados, asesinados o hechos desaparecer por la dictadura de Pinochet. Hoy, a más de 50 años del golpe de Estado de 1973, las heridas siguen abiertas: niñas y niños secuestrados y vendidos a familias extranjeras, cuerpos que aún no han sido hallados y cientos de familias que siguen esperando justicia.
En este contexto, resulta absolutamente inaceptable que un representante del Congreso de la República trivialice e incluso legitime esos crímenes, al declarar —sin pudor alguno— que “sin duda apoyaría un golpe militar” si se dieran condiciones similares. Sus palabras, dichas durante una entrevista televisiva, evocan las mismas amenazas que precedieron uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Esto no es libertad de expresión: es apología de la violencia política.
Kaiser fue más allá al sugerir la proscripción del Partido Comunista de Chile, aludiendo a supuestos vínculos con organizaciones armadas. Esta retórica nos remite a épocas de persecución ideológica, represión sistemática y exclusión política. Chile ya vivió las consecuencias de ese discurso, y todavía no logra sanar. ¿Cómo es posible que alguien que ostenta un cargo de representación popular promueva ideas tan peligrosas sin afrontar ninguna consecuencia?
Frente a este escenario, organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta acción busca no solo detener el avance del negacionismo, sino también defender la dignidad y el honor de quienes ya han sufrido demasiado. Como expresó con claridad Gaby Rivera, presidenta de la AFDD: “Nadie puede seguir mancillando los nombres de nuestros compañeros y familiares. El repudio debe ser colectivo”.
Apoyamos con fuerza esta iniciativa, pero el repudio no basta. El Congreso Nacional debe actuar. La sociedad civil debe hacerse oír. Y la justicia debe estar a la altura. Si permitimos que desde el Parlamento se pronuncien discursos de odio y justificación de crímenes de lesa humanidad sin consecuencias, estaremos deshonrando no solo la memoria de las víctimas, sino también el frágil pacto democrático que tanto ha costado construir.
La destitución de Johannes Kaiser no es un acto de censura política. Es una medida ética, jurídica y moral. Es una defensa de la democracia frente a quienes pretenden reactivar la maquinaria del odio. Es un acto de memoria, respeto y justicia.
Chile necesita unidad, pero no una unidad basada en el olvido. Necesita respeto, pero no hacia quienes justifican la barbarie. Necesita democracia, pero no para proteger a sus enemigos internos.
Nunca Más debe ser más que una consigna: debe ser un compromiso con consecuencias. Y hoy, ese compromiso se cumple exigiendo que Johannes Kaiser sea removido de su cargo como diputado de la República de Chile.
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