Inician Hoy Votación Que Desmunicipaliza la Educación Publica

En la jornada de ayer fueron presentadas las últimas indicaciones del Ejecutivo, la gran mayoría de las cuales vienen a corregir materias sancionadas por la comisión técnica. Una de las novedades lo constituye una extensión de la vigencia del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública al año 2022, con el objeto de apoyar los traspasos.

Concluido el período de debate y audiencias, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará hoy, en su sesión ordinaria de las 15:00 horas, la votación del proyecto que crea el sistema de educación pública, más conocido como desmunicipalización.

En la jornada de ayer, el grupo de parlamentarios recibió de parte de los Ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Educación, Adriana Delpiano, la explicación de las últimas indicaciones presentadas por parte del Ejecutivo, las cuales, en su gran mayoría, vienen a corregir materias sancionadas por la comisión técnica, hecho motivó al inicio de la sesión un amplio debate relativo a la real competencia de la instancia para evaluar dichos cambios.

Al respecto, la Ministra Delpiano indicó que algunas de las indicaciones obedecen a materias que, durante el debate en la Comisión de Educación, fueron sancionadas pese a que no había competencia para hacerlas, porque eran iniciativa del Ejecutivo. Explicitó que, en este ámbito, en algunas de las propuestas fueron acogidas en su fondo, aunque planteándose una redacción distinta.

"Creo que ha sido una buena experiencia ver todas las indicaciones, las explicaciones tanto del Ministro de Hacienda como mía sobre la razón y fundamento de cada una de las indicaciones y mañana (hoy) el compromiso es empezar a votar los artículos de esta ley muy importante que esperamos pueda salir lo antes posible", planteó al término de la sesión.

Tanto la Ministra Delpiano como el Ministro Valdés resaltaron durante la explicación de las indicaciones que algunos de los cambios propuestos por la Comisión de Educación que no fueron apoyados por el Gobierno tenían un claro impacto fiscal y que la idea era volver al concepto presentado en el proyecto original. En este punto se incluyen, por ejemplo, la forma de la designación del director de Educación Pública y las atribuciones de los Consejos Locales (se propone mantener su carácter meramente consultivo y asesor).

Según resaltaron los Secretarios de Estado, entre las indicaciones solo existe una materia nueva que viene a afectar el informe financiero de la propuesta original presentada por el Ejecutivo, la que dice relación con una extensión de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Explicaron que el FAEP, constituido a través de la Ley 20.845 (de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales), consideró un aporte anual de 250 mil millones de pesos en los cuatro años de vigencia (2016, 2017, 2018 y 2019). 

"Lo que estamos haciendo es prolongarlo hasta el 2022, pero en un marco decreciente, pero igualmente es un gran aporte que va a ayudar a lo que es la instalación de la educación pública. Es decir, el FAEP va a acompañar todo el tiempo que dura el traspaso de los colegios desde los municipios hacia los servicios locales y si eso se puede hacer con mayor calidad y mayor apoyo, eso es muy importante", recalcó la Ministra.

Reacciones

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Manuel Monsalve (PS), resaltó que este es un proyecto muy importante, "porque la gente que está en sus casas quiere que sus hijos reciban mejor calidad en la educación en las escuelas públicas, en los liceos públicos y eso requiere de varias medidas".

Recordó que esta iniciativa legal cambia la institucionalidad, derivando el manejo de los establecimientos desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación, que se van a dedicar únicamente a mejorar la gestión técnica, administrativa, financiera y pedagógica de los establecimientos de educación pública de Chile.

Respecto de la competencia para analizar el paquete de indicaciones del Gobierno, dijo que, después de escuchar de parte de los Ministros de Hacienda y de Educación la explicación de cada una de las propuesta, la única conclusión es que todos los cambios planteados por el Ejecutivo tienen relación con la administración financiera y presupuestaria o con el gasto público, por lo que corresponden, en su totalidad, a la competencia de la Comisión.

El legislador destacó del conjunto de las indicaciones presentadas por el Gobierno la prolongación de la vigencia del FAEP. "Son 250 mil millones de pesos destinados a la educación pública que tenía vigencia para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. El 2020 ya no había Fondo y hemos logrado una indicación por la cual el Ejecutivo va a colocar 200 mil millones de pesos en 2020; 150 mil millones de pesos en 2021; y 100 mil millones de pesos en 2022. Son 450 mil millones de pesos que no tenía la educación pública y que a partir del acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno van a ser destinados a este tema", enfatizó.

El diputado señaló que espera que también se resuelva adecuadamente el tema de los 61 mil trabajadores asistentes de la educación que laboran en los establecimientos de educación pública de Chile. "La idea es que, cuando sean traspasados, tengan la garantía de tener un estatuto laboral propio que fije sus condiciones laborales y salariales. Esperamos que mañana, entre las indicaciones que ingrese el Ejecutivo, esté una en esta línea", acotó.

Finalmente reiteró su apoyo a la iniciativa y valoró las mejoras que se están acordando en el marco de las conversaciones en la instancia. "Creo que el logro de más recursos y garantías es algo que estamos consiguiendo en la Comisión de Hacienda, lo que me parece muy importante", puntualizó.

Por su parte, el diputado Felipe De Mussy (UDI) dijo que le llamó la atención que muchas de las propuestas del Gobierno, de una manera u otra, fueron temas ya sancionados por la comisión técnica y que hoy se tratan de reponer en su idea original. "Eso es un tema que tendremos que analizar", evaluó al término de la sesión de ayer.

Respecto del fondo de las indicaciones, planteó que hay algunas cosas que tienen alguna lógica y que comparten como sector, pero remarcó que, pese a estar a favor de buscar una desmunicipalización, cree que "este no es el proyecto adecuado".

Cabe mencionar que la cita de hoy, convocada hasta las 17:00 horas, no está contemplada hasta el total despacho del proyecto, pero, según adelantó el diputado Monsalve, no se descarta la posibilidad de citar a una nueva sesión para mañana, en caso de que no se alcance a concluir con las votaciones en el día de hoy.

Corte Condena Agentes Dina Por Tortura en Centro de José Domingo Cañas

En fallo unánime, Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.

Fernando Eduardo Lauriani Maturana

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos reiterados de aplicación de tormentos en contra de Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, ilícitos perpetrados entre el 22 o 23 de septiembre y el 5 de octubre de 1974, en el centro de detención clandestino de José Domingo Cañas.

Basclay Humberto Zapata Reyes, miembro de la Brigada Aguila de la DINA

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Javiera González Sepúlveda y Ana María Hernández Medina– confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.

Ricardo Victor Lawrence Mires

Teniente Coronel de Carabineros

En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile a pagar una indemnización por daño moral ascendiente a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada víctima.

Chile:Obstetras, médicos y matronas están a favor del aborto

Los senadores continuarán la ronda de audiencias en los próximos días, tras lo cual deberán votar la idea de legislar. Una vez zanjado aquello, la Sala hará lo propio.

Una mirada médico-jurídica tuvieron los integrantes de la Comisión de Salud respecto al proyecto que regula la despenalización del aborto en tres causales, que se encuentra en segundo trámite.



Esto luego de escuchar a facultativos y profesionales que deben intervenir en estos procedimientos, y a especialistas de la Sociedad Civil que analizan desde la óptica del derecho esta posibilidad.



Durante la sesión, los legisladores conocieron las encuestas realizadas por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; el Colegio Médico; y Colegio de Matronas y Matrones, a sus integrantes. ¿Estaría a favor de practicar o intervenir en un aborto en el caso del riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o ante una violación? fue la pregunta central.



Mayoritariamente los profesionales se mostraron a favor de estas causales, haciendo ciertas salvedades relacionadas a procedimientos y protocolos. En tanto, los congresistas conocieron el parecer de entidades como la corporación Humanas; y la organización Idea País que se encuentran en los extremos argumentales.

ENCUESTA A OBSTETRAS

El presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazzal presentó una encuesta del gremio en relación a la norma. “En Chile existen mil 100 profesionales acreditados, de ellos un 60% son parte de nuestra sociedad. Les aplicamos la encuesta el 2015, preguntando por las tres alternativas del proyecto de ley”, explicó.

“En el caso del riesgo de vida de la madre, un 61% de los encuestados se mostró favor de una aborto; mientras que cuando hay inviabilidad fetal, un 66% declaró estar de acuerdo al procedimiento. Es distinto el panorama en la tercera causal, porque sólo un tercio de las personas que respondieron indicaron que sí avalan la interrupción”, aclaró.

En cuanto a cifras, Nazzal hizo énfasis en la necesidad de cuantificar las potenciales afectadas. “Cada año se registran entre 50 y 60 casos de mujeres que ven en riesgo su vida por su embarazo; y son entre 700 a 800 los casos de fetos que vienen con malformaciones que hacen vulnerable su vida”, aseguró.

DEFINIENDO ROLES

El presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris reconoció que conciliar la voluntad de la madre con la vida de su hijo es un verdadero dilema para los médicos. Citó documentos de la Asociación Médica Mundial, por ejemplo indicando que “no es función de la profesión médica fijar las reglas del juego en este contexto, sí lo es asegurar la protección de los pacientes”.

Respecto a la propuesta del gremio, el profesional también mencionó una encuesta entre sus asociados. “En cuanto a la primera causal, estamos de acuerdo con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Cuando hay inviabilidad fetal, creemos que hay que respetar la voluntad de la madre sea continuar con esa vida o no. De todas formas creemos que un especialista debe determinar esas complicaciones, nunca un médico general”, hizo ver.

En relación a la causal de violación, el doctor Paris mencionó la necesidad de contar con un acompañamiento multidisciplinario. “Los médicos podremos describir las lesiones, pero no nos corresponde constatar una violación. Esa esa tarea de las policías. Debe respetarse la confidencialidad y la objeción de conciencia”, aclaró respecto al rol de los facultativos.

UN PASO ADELANTE

La presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román aseguró que “cada año mueren en Chile unas 50 mujeres, 5 de las cuales fallecen por un aborto inseguro. En nuestro país, el aborto es un hecho de la causa y como se hace en forma clandestina genera un riesgo sanitario innecesario. Felicitamos al Gobierno por la presentación de esta iniciativa que es un paso adelante”.

En relación a las mujeres violadas, “el proyecto no obliga a abortar pero sí le da seguridad sanitaria a aquellas que prefieran hacerlo. Siempre se habla de violaciones que se llevan a cabo en sitios eriazos, pero no se profundiza en la mayor parte de estos casos que se dan al interior del hogar. Los familiares son los victimarios que atacan en forma consecutiva. A estas mujeres, el proyecto va a proteger”.

La profesional admitió que “el Código del Trabajo no cuida a la mujer, porque hay que reconocer el porcentaje de mujeres que hoy se ven obligadas a abortar porque no tienen la seguridad laboral para seguir con esa vida. Nadie habla de esto y creo que hay que visibilizarlo”.

EUFEMISMOS

El representante de la organización Idea País, Antonio Correa mencionó algunos errores en que incurriría el proyecto de ley. “Hay eufemismos como cuando se usa el término interrupción si en realidad estamos frente al término de una vida. Se dice que es una despenalización, pero en realidad se está discutiendo garantizar un derecho”, ejemplificó.



“Respecto del supuesto que las mujeres van a la cárcel por hacerse un aborto, quiero hacer ver que solo hay 6 juicios por esta causa y en ninguno se ha condenado a una mujer. Es más ninguna condena alude a estas tres causales. El proyecto asegura que se hacen 32 mil abortos por año, pero nuestros cálculos hablan de no más de 18 mil”, planteó.



En cuanto a la necesidad de acompañamiento, Correa criticó la actitud del Ejecutivo respecto a los fondos que se destinan para este fin. “El proyecto habla de mil 600 millones de pesos; mientras que nuestros estudios nos indican que se requieren no menos de 23 mil millones de pesos para hacer un proceso efectivo”, mencionó.

DERECHOS HUMANOS

El representante de la corporación Comunidad y Justicia, Cristóbal Aguilera, desde un punto de vista jurídico cuestionó la norma en debate. “Creemos que esta discusión es infructífera porque las partes no van a poder ponerse de acuerdo. Representamos la opinión del senador Guido Girardi, quien considera que estas audiencias solo demoran la votación”, aclaró.

El jurista explicó que “las premisas que acá se analizan son muy profundas, más de lo que parece. Las diferencias son radicales porque tienen un cariz antropológico y metafísico”. A su vez, Aguilera hizo un parangón entre los derechos humanos y el derecho positivo.




“Los derechos humanos son anteriores al Estado. Acá el proyecto crea el derecho de abortar en tres circunstancias y queda en manos de la mujer el estatus jurídico que se le entrega al que está por nacer. Así el Estado renuncia a proteger el derecho de todos, es más, derrumba toda noción de derechos humanos. El aborto sería el primer paso para la pérdida del sentido humano”, enfatizó.

ROL DE LA MUJER

La representante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Camila Maturana recordó que este proyecto forma parte de una promesa de campaña de la actual administración y también responde a las obligaciones que tiene pendiente Chile, con organizaciones internacionales.

“Tutelar la sexualidad de la mujeres es el tema. Hoy se deja en un segundo plano nuestro rol como mujeres porque se nos reduce biológicamente. No queremos que se confunda el derecho y la moral porque todo indica que un sector quiere obligarnos a actuar de determinada manera. Chile es un estado laico, no hay que olvidarlo”, dijo.

En cuanto a la actual legislación, Maturana insistió en que “hoy se respetan los derechos de las personas, es decir de los nacidos. Los embriones no son personas. La Constitución es clara, se protege la vida del que está por nacer”.

SENADORES PREGUNTAN

Tras escuchar las exposiciones, el senador Francisco Chahuán consultó a las organizaciones que hicieron encuestas a sus afiliados, datos que apunten a dar credibilidad a dichas mediciones. Asimismo, aseguró que la praxis médica no condena a un profesional que por ayudar a una mujer embarazada en riesgo, se ve involucrado en la muerte del que está por nacer. También solicitó tener mayores antecedentes respecto del plan de acompañamiento diseñado por Idea País.

Luego, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe preguntó por el recurso humano y técnico que se requiere para hacer un adecuado diagnóstico de una enfermedad fetal. “Me gustaría saber si existen los medios adecuados y a partir de qué edad se hace este estudio. Son consideraciones importantes”, aseguró junto con plantear que en el caso de la primera causal, “tengo la sensación que se abre más la puerta al aborto de lo que se está reconociendo”.

Finalmente, el presidente accidental de la Comisión, el senador Ignacio Walker, respecto de la inviabilidad fetal, hizo ver la pertinencia de hacer un diagnóstico certero. A la corporación Humanas, el legislador consultó cómo ellos definían al embrión o feto. A su vez, reconoció que conciliar posturas es difícil pensando que “unos defienden a la mujer y otros al que está por nacer. Extraño que no se estudie el contexto que es una mirada pertinente”.

Seguro colectivo y otras medidas para la pequeña y mediana acuicultura proponen a autoridades

El senador Quinteros solicitó la implementación de una serie de medidas al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y al Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico.

El senador Rabindranath Quinteros pidió al Ministerio de Economía realizar un estudio de análisis de riesgo en todas las concesiones de acuicultura para tomar un seguro colectivo y ajustar la normativa para que los miticultores puedan relocalizarse y cumplir con las coordenadas que realmente les corresponden.



Ante el fenómeno de la marea roja que azota los mares de la Región de los Lagos, el legislador solicitó tanto al ministro de Economía Felipe Céspedes como al subsecretario de Pesca Raúl Súnico, la implementación de una serie de medidas que permitan enfrentar con mayor eficiencia los efectos de los problemas generados por la contaminación marítima,



Entre las medidas propuestas por el senador Quinteros se cuenta “ajustar la normativa para que los miticultores puedan relocalizarse y cumplir con las coordenadas que verdaderamente les corresponden, ya que cuando se les entregaron sus concesiones se hizo sobre cartas náuticas hechas para la navegación y no para este fin, y por tanto hay importantes diferencias entre lo asignado y lo verdaderamente entregado”, explicó el parlamentario.



También solicitó generar en la legislación una protección especial para las áreas dedicadas a la producción de semillas, como el Estuario del Reloncaví, y las localidades de Compu y Yaldad, 

entre otras.

El legislador propuso crear una institucionalidad única para tratar los temas sanitarios de la pesca y la acuicultura. Explicó que actualmente no existe sintonía ni coordinación entre el Servicio de Salud, que impide la extracción y comercialización de los productor del mar, y el programa de Sanitización de Moluscos Bivalvos –PSMB- de SERNAPESCA, que certifica la calidad sanitaria de los productos para su exportación.



“El ahorro y la eficacia de recursos y resultados sería mucho mayor si ambas medidas funcionaran como sistemas de control complementarios”, puntualizó el senador Quinteros.

Agua Potable Rural beneficiaría a más de un millón y medio de personas

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en particular en la comisión de Obras Públicas.

Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de APR, que pasará por el Sistema de Servicios Sanitarios Rurales, incorporar el saneamiento rural y definir con claridad los diversos roles del Estado en esta materia. Estos son los cuatro objetivos que busca el nuevo proyecto de acceso al Agua Potable Rural (APR).





La iniciativa busca regularizar el acceso a agua potable para las personas que viven en zonas rurales y que actualmente no pueden optar a este servicio. En caso de ser aprobado, el APR, beneficiará más de 1.700 lugares en Chile, lo que se traduce en un beneficio directo para 1.700.000 personas que viven en zonas rurales.



Actualmente el APR se encuentra en discusión particular en la Comisión de Obras Públicas del Senado, en tercer trámite constitucional, y su aprobación significaría una gran noticia para los habitantes de zonas rurales.



El senador Juan Antonio Coloma, manifestó su interés en este proyecto, señalando que “esperamos los próximos días recibir a los otros invitados y resolver lo antes posible, este es un proyecto que es de larga data, pero que tiene una indicación nueva, que esperamos resuelva los problemas que estaban instalados, y si somos capaces de generar una nueva institucionalidad en APR, para el mundo rural es una noticia muy importante”.

El presidente de la Comisión, senador Alfredo de Urresti, explicó que en la reunión participaron la dirección de obras hidráulicas y la Federación de Agua Potable Rural de Chile y se hicieron tres planteamientos al proyecto: “Que son para fortalecer la capacitación, fortalecer el traspaso de derecho de aguas y también poder establecer una vinculación o una conexión a grifos en definitiva en estas localidades donde se instale el agua potable y poder tener, eventualmente, la posibilidad de combatir un incendio con los carros de bomba que concurren a esas localidades”.



Durante la sesión de la próxima semana participará el ministerio de Hacienda y de Obras Públicas en donde se expondrá el fondo de infraestructura que ha presentado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Tras esto se retomaría la votación en particular en la siguiente sesión.

LETREROS CAMINEROS

Junto a la discusión del APR, y tal como estaba previsto, la comisión de Obras Públicas aprobó en particular y en general la ley de publicidad en caminos, que regula la instalación de letreros camineros. El senador Coloma declaró que fue “una larga tramitación de un proyecto muy innovador para cómo armonizar los letreros camineros que son legítimos, pero en armonía con la seguridad de las carreteras, cuestión que hoy día no está bien resuelto”.

Han Pagado Más de $29 Mil Millones a Falsos Exonerados

Senador Prokurica junto a parlamentarios entregó en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta y aseguró que “hasta la fecha, se han pagado más de $29 mil millones a falsos exonerados”.

Con el fin de hacer entrega de una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, el senador Baldo Prokurica, junto a la diputada Paulina Núñez, llegaron hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda, donde solicitan a la mandataria terminar con el pago a miles de falsos exonerados, que continuarían recibiendo recursos del Estado, esto incluso luego que la Contraloría General de la República, determinara que no reúnen los requisitos para haber optado a dicha condición.



A lo anterior, explicaron los parlamentarios, se suman los antecedentes remitidos mediante oficio por el Instituto de Previsión Social (IPS), donde se enfatiza que la única autoridad que puede poner término a dichos pagos, corresponde a la propia Presidenta de la República, mediante el Ministerio del Interior.



“Entregamos una carta dirigida a la Presidenta de la República, con la finalidad de agotar los trámites que hemos realizado con la finalidad de poder terminar con este abuso que significa que se le siga pagando a los miles de falsos exonerados políticos”.


El senador Prokurica además agregó que “la Contraloría General de la República, en un muestra de 9 mil exonerados –de los 74 mil existentes-, 3 mil de ellos son personas que reúnen los requisitos y condiciones para recibir estos beneficios del Estado.

“Hasta la fecha, se han pagado más de $29 mil millones a estas personas que son falsos exonerados”, enfatizó el legislador.



“Creemos que en el ambiente que existe hoy en el país, de restricción de recursos y de máxima transparencia en el uso de las platas fiscales; no corresponde que personas que no tienen los requisitos para recibir un beneficio del Estado, sigan recibiendo –en total los falsos exonerados-, más de $900 millones mensuales”, aclaró.



“A todas las instancias-del Estado-, que hemos recurrido nos han indicado que la única autoridad que puede terminar con el pago a estos falsos exonerados, es la propia Presidenta de la República”.



Por su parte, la diputada Paulina Núñez, señaló que "el caso de los falsos exonerados en Chile es uno de los abusos más grandes que se han hecho con el Estado. Son recursos de todos los chilenos que se están pagando mal y que incluso la misma Contraloría ya emitió un pronunciamiento señalando que se estaban pagando mal.

Se Reactiva en Chile Movimiento Estudiantil

Las aguas están comenzando a agitarse nuevamente con el movimiento estudiantil en Chile. Si bien se puso en marcha la gratuidad parcial en la educación superior, mientras que se está implementando el fin al lucro, a la selección y al copago en el ámbito secundario, para muchos estudiantes todo esto no es suficiente.

Con propuestas y movilizaciones se reactiva el movimiento por la educación

Así, parte del movimiento estudiantil se declaró en “movilización permanente”, incluso un sector dijo que le hará imposible la vida al gobierno de Michelle Bachelet.

Las advertencias van de lado y lado. Hasta la propia Camila Vallejo, actual diputada del Partido Comunista y exdirigente estudiantil en las masivas marchas de 2011, dijo: “necesitamos una fuerte movilización social que incida en la reforma educacional”. Por estos días hay más de 20 escuelas emblemáticas en toma, mientras que el descontento también aumenta en las universidades. Esto, porque muchos estudiantes, que antes tenían becas y que ahora fueron beneficiados por la gratuidad, sostienen que hay muchas trabas y que la gratuidad no es tal.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a un paro indefinido por lo que consideran como un “nulo avance” de la reforma educacional. La propia presidenta Michelle Bachelet dio marcha atrás a su promesa de gratuidad universal y reconoció que no podrá implementarse totalmente cuando finalice su gobierno en 2018.

Michelle Bachelet

Hasta el miércoles, al menos 11 casas de estudio se adhirieron al paro convocado por la Confech. Estas son la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Central, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral, Universidad de Playa Ancha, Universidad de La Frontera, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Diego Portales.

Los estudiantes se han movilizado y la próxima marcha, que esperan la autorización de las autoridades a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, fue convocada para el 9 de junio. La estrategia de los universitarios y secundarios es mantener la presión en las calles, como ocurrió con las marchas de 2006 y 2011.

¿Qué exigen los estudiantes? Principalmente “educación pública, marco regulatorio y financiamiento”. “Me parece legítimo que los estudiantes de manera organizada luchen por las causas justas y que son necesarias para mejorar la educación pública”, dijo Camila Vallejo en una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera.

camila-vallejos.

A su vez el gobierno, a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que “difícilmente vamos a tener otra administración en que la educación tenga una centralidad tan fuerte en el programa. Lo que se pueda avanzar en dos años es crucial en lo que pase para adelante”. También el senador socialista Carlos Montes afirmó que “es difícil entender este movimiento, parece que estuviéramos en dictadura.

¿Por qué tomarse colegios? ¿Por qué no encuentran una forma más creativa? Como si el objetivo fuera perder clases. Lo que más perjudica a la educación pública es tomarse los establecimientos educacionales”.

Los estudiantes chilenos exigen hace una década una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerado uno de los más segregados del planeta.

La presidenta socialista Michelle Bachelet ganó la reelección en diciembre de 2013, prometiendo la reforma al sistema educativo, pero el avance de las reformas es considerado “insuficiente” por los estudiantes.

Desde este año, unos 145.000 universitarios estudian gratis, al tiempo que comenzó a regir una ley que prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la selección de estudiantes en las escuelas que reciben aportes del Estado.

El gobierno de Michelle Bachelet aún no envió al Congreso el proyecto de ley que establecerá la gratuidad universal en la educación universitaria. Pero el Parlamento ya analiza una ley que le quita a los municipios la administración de las escuelas públicas.

Ministro Carroza Procesa a Agente Dina por Secuestros Calificado en Barrio Bellavista y Estacion Central

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sendos autos de procesamiento en contra de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en dos delitos de secuestro calificado, ilícitos perpetrados 1974 y 1976, respectivamente, en la Región Metropolitana.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, ...

En el primer caso (causa rol 50-2013), el ministro Carroza procesó a los agentes Fernando Lauriani Maturana, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autores del secuestro calificado de Gabriela Edelweiss Arredondo Navarrete, ilícito perpetrado a partir del 19 de noviembre de 1974.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, Arredondo Navarrete, estudiante universitaria y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida en calle Bellavista por agentes de la DINA y llevada a un centro de detención del organismo desconociéndose, hasta ahora, su paradero.

En la segunda resolución (causa rol 335-2012), el ministro en visita sometió a proceso a los agentes Carlos López Tapia, Miguel Krasnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, en calidad de autores del secuestro calificado de María Galindo Valderrama, ilícito perpetrado a partir del 18 de julio de 1976, en el sector de Estación Central.

De acuerdo a la investigación del caso, María Galindo Ramirez, de 26 años, ex dirigente de la Juventud Obrera Católica y militante del Mir, fue detenida en la vía pública, presumiblemente en el sector de Estación Central, por agentes de la DINA y traslada hasta un recinto de detención desde donde se pierde su rastro.

Red Iberoamericana de Jueces expresa preocupación por ataques en contra del INDH

La Red Iberoamericana de Jueces, observa con preocupación la serie de ataques en contra de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries Monleón.

Lorena Fries

El Consejo de la Red Iberoamericana de Jueces, en pleno y por unanimidad, observa con preocupación los últimos acontecimientos acaecidos en Chile por los cual se ha levantado una campaña de desprestigio y hostigamiento en contra del Instituto de Derechos Humanos y especialmente dirigido a la persona de su directora Lorena Fries.

La Red Iberoamericana de Jueces admira y reconoce la integridad, profesionalismo y contribución de Lorena Fries en la promoción y construcción de una cultura de derechos humanos en Chile. Por lo que los ataques hacia ella y la institución que dirige resultan descontextualizados, injustos y expresan el ánimo de sectores políticos chilenos que ven en el ataque y la difamación, la posibilidad de desestabilizar la institucionalidad, que en materia de derechos humanos, el Estado de Chile ha costosamente avanzado en los años de la transición democrática.

Dichos ataques más bien dan cuenta de la actitud dolosa de los que la propician y que hacen recordar los tiempos dolorosos en que la dictadura gobernaba Chile.

Hacemos un llamado al Estado de Chile para que realice los esfuerzos necesarios para terminar con estas campañas de odio en contra de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y dé cabal cumplimiento a sus compromisos internacionales en la defensa y promoción de los derechos humanos de todas y todos.

Por lo anteriormente señalado, el Consejo Directivo en pleno de la Red, declara que:

1.- Condena y rechaza enérgicamente la campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y de su directora Lorena Fries.

2.- Apoya irrestrictamente a Lorena Fries en su incansable labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile y reconoce su importante labor en favor de las y los ciudadanos del país.

3.- Insta a todas y todos los defensores de derechos humanos chilenos a continuar en la defensa de los derechos humanos y especialmente llama a las y los jueces chilenos a asumirse como defensoras y defensores de los derechos de todas y todos, aplicando la ley, la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.

Bachelet defiende su derecho por querella en contra de medio de difusión

La presidenta Michelle Bachelet afirmó que se querelló por injurias contra la revista Qué Pasa para ejercer su derecho a defenderse ante publicaciones que afectan su honra, "que es lo más preciado que tiene una persona".

La presidenta Michelle Bachelet, en la ceremonia de apertura del Programa Regional para Latinoamérica y el Caribe de la OCDE

"Creo en el derecho de buscar la verdad sin limitaciones", afirmó la mandataria en París, en declaraciones a periodistas chilenos que cubren su participación en una reunión de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

La revista "Qué Pasa" publicó el jueves pasado en su página web la transcripción de una conversación de Juan Díaz -un operador político de un partido de derecha- con un interlocutor desconocido, en la que se menciona a la mandataria.

Caval

Las escuchas telefónicas involucraban a la presidenta en el denominado caso Caval, en el que está imputada su nuera, Natalia Compagnon.

El caso se refiere a un millonario negocio inmobiliario en el que son investigados Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet y su esposa Natalia Compagnon, socia de la empresa Caval, por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

La empresa compró unos terrenos que poco después vendió con una ganancia de unos cuatro millones de dólares, operación que financió con un crédito que personalmente otorgó Andrónico Luksic, uno de los dueños del Banco de Chile.

Con el paso de los meses, el caso Caval se ha convertido en una intrincada trama en la que, además de los dueños de la empresa, están implicados funcionarios del municipio de Machalí, gestores inmobiliarios, abogados y el síndico de quiebras Herman Chadwick.

"Les dije, mira este es un tema de pago. Yo no me voy a calentar la cabeza, porque si yo hablo, la viejita (Bachelet) tiene que renunciar de inmediato, les dije yo (...)", se oye comentar en la grabación supuestamente a Díaz, el gestor inmobiliario procesado en enero pasado por el caso Caval.

Infamia

Bachelet, que el pasado 24 de mayo declaró como testigo en el caso Caval, tildó la publicación de"infamia" y "canallada", mientras la revista se disculpó y admitió que la grabación no cumplía con sus parámetros para ser publicada, aunque este martes, tras conocerse que Bachelet se había querellado, consideró la acción un ataque a la libertad de expresión.

"Con la presentación de la querella estoy ejerciendo el derecho que tengo a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: mi honra", dijo hoy Bachelet en París.

"He luchado toda mi vida por la democracia, he puesto a mi patria por delante de mis seguridades, de mis intereses personales, incluso sufrí persecución por mis convicciones", añadió y rechazó que el libelo sea un ataque a la libertad de expresión, como sostuvo Qué Pasa.

Libertad de prensa

Bachelet aseguró que defiende la libertad de prensa, siempre que sea realizada con ética. "Creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar, validando las fuentes para no enlodar la honra de nadie", precisó.

La noche de este martes, Qué Pasa sostuvo en una declaración que "todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia".

"La presidenta de la República no está exenta de este control", remarcó la revista, que acotó que "para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merecen reaccionar con la mayor fuerza".

Despachan ley que beneficiará a 2,7 millones de familias Chilenas

En condiciones de ser remitido para su trámite de promulgación quedó el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas. Iniciativa tuvo amplio respaldo en el Senado.

Proyecto de equidad de tarifas eléctricas recibió amplio respaldo.

La Sala del Senado aprobó, en forma unánime, las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.

Durante el debate intervinieron los senadores Isabel Allende, Víctor Pérez Varela, Antonio Horvath, Alejandro Guillier, Eugenio Tuma, Patricio Walker, Jorge Pizarro, Juan Antonio Coloma, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Alfonso De Urresti y Lily Pérez San Martín.

La mayoría de los legisladores valoró la iniciativa porque introduce principios que permitirán estrechar la brecha entre los distintos valores que la energía tiene a lo largo del país, beneficiando a 2,7 millones de clientes, no obstante, algunos hicieron ver la necesidad de asumir las expectativas que esta normativa provoca en la población en cuanto a la rebaja en las tarifas.

El texto legal introduce en la normativa sobre fijación de tarifas eléctricas, determinados mecanismos cuya aplicación en el cálculo de las mismas se traducirán en un estrechamiento de la brecha existente entre los valores de este tipo de energía en las diferentes zonas del país.

-Incorpora un mecanismo de reconocimiento de generación local (RGL), en virtud del cual se establece un descuento en las tarifas eléctricas (no sólo las residenciales) de los clientes regulados de aquellas comunas que posean centrales de generación de esta energía.

-Dispone que el descuento será de hasta un 50% en función del factor de intensidad de cada comuna, el cual será calculado por la Comisión Nacional de Energía, teniendo en cuenta la razón entre la capacidad de generación instalada en cada comuna y el número de clientes sometidos a regulación de precios.

-Introduce un mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial (ETR), en cuya virtud se modifica el componente distribución de las tarifas residenciales, para que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea superior al 10%.

Presidenta encabeza lanzamiento internacional de InvestChile

La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, encabezó el lanzamiento oficial de InvestChile a nivel internacional junto a representantes públicos y empresariales en la embajada de Chile en Francia.

La Presidenta Michelle Bachelet.

En su discurso, la Mandataria destacó que en los últimos 25 años, Chile se ha integrado con éxito a los más competitivos mercados. "Somos una economía abierta con una extensa red de acuerdos comerciales: 25 acuerdos de libre comercio con 64 países, que representan el 94% de las exportaciones de Chile y más del 60% de nuestro PIB. Somos el mayor productor de cobre del mundo y nos hemos convertido en importantes exportadores agroindustriales, mientras mejoramos nuestra infraestructura y nuestra industria de servicios. Tenemos una baja tasa de inflación y empleo, y nos hemos convertido en un centro de comercio e inversión en la región", destacó.

En este contexto, afirmó que "a pesar de un esfuerzo sostenido para mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad, hoy en día nos enfrentamos a nuevos desafíos. Estamos en presencia de una desaceleración económica mundial y una fuerte caída de los precios de muchos commodities, la pieza central de la estrategia de exportación de la mayoría de las economías de América Latina que ha dado como resultado un bajo crecimiento y malas condiciones económicas en toda la región".

En este sentido, resaltó que "tenemos algunas tareas para llevar a cabo, necesitamos mejorar nuestras actuales industrias y desarrollar nuevas industrias innovadoras. También tenemos que aumentar nuestra productividad, integrarnos a las cadenas de valor mundiales y regionales y continuar la negociación y la actualización de nuestros acuerdos comerciales, incluido el Acuerdo de Asociación con la UE, con el fin de crear nuevas oportunidades de negocio, mientras damos cumplimiento a las más altas normas laborales y ambientales".

Asimismo, explicó que "otro desafío es atraer más Inversión Extranjera Directa (IED), en particular inversiones de calidad que ayudarán a cerrar brechas y hacer frente a los desafíos. La IED ha sido la clave de nuestro éxito económico, como he mencionado. Y, por lo tanto, la competitividad y aportar nuevos recursos, así como el desarrollo tecnológico, empleo y conocimiento especializado, además del aproximado 15% del crecimiento del empleo en Chile desde 2010, está vinculada a los mayores flujos de IED".

La Presidenta detalló en la ceremonia realizada en París que Francia es el quinto mayor inversor extranjero de la Unión Europea en Chile, con una inversión total durante el período de 1974-2015 de más de US $ 1,7 mil millones, las empresas francesas han invertido en electricidad, gas y agua, alimentos y bebidas, el comercio y los productos químicos.

"Ellos confían en nuestro país debido a nuestra estabilidad institucional, la gestión responsable de nuestra economía y nuestra extensa red de acuerdos de libre comercio", manifestó, y añadió que "la larga estabilidad política y económica de Chile, su transparencia y competitividad, así como sus perspectivas de negocio, posicionan a nuestro país como un excelente destino para la inversión extranjera en América Latina y uno de los principales destinos del mundo. Debido a su infraestructura y conectividad, también sirve como plataforma para la realización de negocios en toda la región".