Un informe del Ejército de Chile fechado en marzo de 2022 reconoce una serie de crímenes perpetrados por la institución durante los últimos 50 años, incluida la dictadura cívico-militar, consignándose por ejemplo los asesinatos de los generales Carlos Prats y René Schneider y los cometidos por la Caravana de la Muerte al mando de Sergio Arellano Stark. Sin embargo, se niega la relación de la entidad castrense con aquellos perpetrados por la DINA y la CNI.
En el documento de 120 páginas titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, y que cuenta con una introducción del ex comandante en Jefe, Ricardo Martínez, hoy inculpado en los casos de fraudes en el Ejército, se reconoce que en el contexto de la Guerra Fría “la institución militar y sus integrantes no se pudieron sustraer” a la “dinámica política, económica y social muy compleja” generada a partir de ese período.
En ese sentido, se señala que en el Ejército “fueron influenciados, involucrándose en actuaciones políticas de la más diversa índole, como también, siendo protagonistas de hechos que generaron gran impacto en la sociedad”.
Es a partir de esta constatación que se reconoce la actuación de la institución militar en hechos violentistas y criminales, descritos de la siguiente forma en la mencionada introducción escrita por el general Ricardo Martínez:
“Tacnazo”, sublevación militar ocurrida el 21 de octubre de 1969, en la que un grupo de oficiales dirigidos por el General Roberto Viaux Marambio se acuarteló en el Regimiento de Artillería “Tacna”, planteando demandas principalmente salariales.
Asesinato del Comandante en Jefe, General de Ejército René Schneider Chereau, el 25 de Octubre de 1970, destinado a evitar la asunción a la presidencia de la República del entonces ganador de la primera mayoría relativa nacional Salvador Allende G.
Sobre esto, en el informe se añade más adelante que “en el asesinato del General Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la CIA”.
El “Tanquetazo”, sublevación militar ocurrida el 29 de junio de 1973 encabezada por el Teniente Coronel Roberto Souper Onfray, Comandante del Regimiento Blindado N.° 2.
Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para derrocar al presidente en ejercicio, asumiendo el Comandante en Jefe del Ejército (CJE) como Presidente de la Junta de Gobierno.
Asesinato del General de Ejército Carlos Prats González y su esposa, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires.
Respecto de este crimen, en el documento se establece igualmente lo siguiente: “Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y se mezclan con activistas políticos fanatizados por causas afirmadas en un patriotismo equivocado, al final será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar (…) Su ejemplo, es referencia y en este caso fue una vergüenza para la institución, aunque el crimen en sí haya sido materializado por civiles”.
Participación de miembros del Ejército durante el Gobierno Militar, ya sea cumpliendo las misiones tradicionales asociadas a la Defensa Nacional, tareas en cargos políticos y otras derivadas de la cooperación al control del orden público.
Por otra parte, y en función de que el documento aborda los últimos 50 años de las actuaciones de la entidad castrense y sus funcionarios, se consigna también el “fraude del que fue objeto el Ejército que fuera detectado y denunciado por la propia Institución”.
LA “CARAVANA DE LA MUERTE“
Junto con todos estos hechos consignados por Martínez, en el documento se destaca más adelante lo realizado por la llamada “Caravana de la Muerte”, apuntándose lo siguiente:
Uno de los episodios más condenables fue el paso del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la “Caravana de la Muerte” hasta nuestros días, hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales.
Y se añade respecto a Arellano Stark y su relación jerárquica con Augusto Pinochet lo reproducido a continuación:
El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército (CJE)”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos con seudos Consejos de Guerra.
Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el General Augusto Pinochet Ugarte, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, en la persona del General Sergio Arellano Stark.
DESAPARICIONES, LA DINE Y LOS ASESINATOS DE JIMÉNEZ Y BERRÍOS
Luego, y sin especificar cuál es la relación del Ejército con las desapariciones de opositores a lo largo de Chile, tanto de la “Caravana de la Muerte” como de otros episodios, se sostiene que “es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.
Junto con ello, se menciona igualmente el rol de la DINE en emblemáticos crímenes. “También merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época. Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982 y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992″.
NEGACIÓN DE VÍNCULO CON LA DINA Y LA CNI
En relación a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI) -organismos de secuestro, tortura, desaparición y exterminio que fueron dirigidos por los generales del Ejército Manuel Contreras, Odlanier Mena, Humberto Gordon y Hugo Salas-, el documento simplemente se desliga de la relación que existía entre ambas y la institución militar.
En ese sentido, se sostiene que “es pertinente señalar, que este trabajo se refiere exclusivamente al Ejército Institución, y por tanto, no considera a aquellas organizaciones que no pertenecían al Ejército, tales como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),creada por el Decreto Ley 521 de 14 de junio de 1974, que dependía directamente de la Junta de Gobierno como expresamente lo indica su decreto de creación, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada por Decreto Ley 1878 de 12 de agosto de 1977, la que conforme lo señala su decreto de creación, se relacionaba con el gobierno a través del Ministerio del Interior”.
ESTALLIDO SOCIAL
El documento del Ejército se refiere brevemente a la actuación de funcionarios de la institución durante el llamado estallido social, sosteniendo que en general el comportamiento de los militares fue “ejemplar”.
Si bien el informe reconoce que hubo funcionarios involucrados en estos hechos, señala que “según información del Ministerio Público, de las 466 personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Pública que son investigados por hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 11 corresponden al Ejército, lo que representa el 2,36% del total”.
Dicho esto, se plantea lo siguiente: “Este hecho demuestra que las medidas que la institución en su momento adoptó fueron las adecuadas y que el comportamiento general del personal fue ejemplar”.
CARMEN HERTZ: “NO PUEDEN GUARDAR SILENCIO”
La diputada Carmen Hertz (PC) se pronunció respecto al informe del Ejército, calificándolo de “impactante” y señalando que “urge” una reacción desde el mundo político. “No pueden guardar silencio”, apuntó, instando además a realizar “inmediatas modificaciones legales y constitucionales para eliminar los espacios de autonomía y deliberación de las Fuerzas Armadas”.
Junto con ello, señaló la necesidad de que la nueva Constitución “explicite claramente la subordinación al poder político, obediencia y fiscalización civil de uso de recursos públicos, con una unidad de gestión”. “Ministros de Defensa no pueden seguir de voceros de las Fuerzas Armadas, sino ejercer el mando”, añadió la parlamentaria.
