A pesar de que organizaciones y Gobiernos del mundo se pronuncian en contra de la detención, no se aprecian voluntades oficiales para exigir respeto a los derechos en Venezuela; menos para la aplicación de la Carta Democrática.
Activistas opositores y manifestantes de la sociedad civil exigieron el viernes la libertad de Ledezma y el respeto de la legalidad.
Organismos internacionales, Gobiernos y personalidades han denunciado este viernes la detención “arbitraria” del alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, y han considerado que el Estado venezolano ha atentado contra sus derechos fundamentales. Algunos de ellos incluso solicitan la aplicación de la Carta Democrática Interamericana; pero un silencio notorio existe entre los Gobiernos de América Latina.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó este viernes su “alarma” por la detención del alcalde de Caracas e instó a las autoridades venezolanas “a detener los hechos que conducen a una espiral de polarización” en el país.
“La detención del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ha provocado una fuerte alarma por la forma en que esta se llevó a cabo, y por el carácter de mandatario electo en ejercicio de su cargo”, afirmó.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo también en una declaración este viernes: “hemos manifestado, en privado y en público, nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la libertad de Leopoldo López. En el caso del alcalde Antonio Ledezma, también esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso”.
Entre tanto, el Gobierno español pidió a Venezuela que respete el estado de Derecho. La vicepresidenta Soraya Sáenz afirmó que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y que espera de este país “un comportamiento acorde con el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho que caracteriza a las democracias”. Hizo hincapié en que las libertades de empresa, expresión y reunión “forman parte de cualquier democracia que se precie en serlo”.
El Gobierno de Chile, a través del secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, expresó su preocupación por el “cuadro de polarización” entre el Gobierno y la oposición en Venezuela; evitó hacer una valoración del arresto de Ledezma y subrayó que Chile ha promovido en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) iniciativas para fomentar el diálogo político en Venezuela.
Sin embargo, la presidenta del Senado chileno, la socialista Isabel Allende, escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet “debe manifestar su preocupación” por el arresto de Ledezma.
Estados Unidos expresó a través de su secretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, que el Gobierno de su país ha instado “sistemáticamente” al de Venezuela a liberar a quienes han sido “injustamente encarcelados”.
El Partido Nacional (PN) de Uruguay, principal fuerza opositora,criticó también en la voz de Luis Lacalle Pou que el Gobierno no se haya pronunciado acerca de la detención del alcalde Ledezma. “Uruguay debería hacer planteo firme en el Mercosur y en otros organismos sobre la situación en Venezuela. No mirar para el costado!”.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifestaron su rechazo al arresto, y en comunicados pidieron al Gobierno la liberación de Ledezma por considerarla arbitraria e inaceptable.
La internacionalista venezolana Elsa Cardozo, profesora universitaria y columnista del diario El Nacional, dijo en entrevista a PanAm Post que ante las últimas medidas se cierran los espacios de diálogo en Venezuela, mostrando señales delicadas al mundo de aumento de la represión.
Silencio en los Gobiernos latinoamericanos
Aunque se han visto amplios llamados de alertas y rechazos a las medidas del Gobierno de Maduro, Cardozo destacó que se echa de menos la intervención de los gobernantes latinoamericanos.
“Hay mucho silencio por parte de los Gobiernos vecinos, los que tendrían más palanca para contener la actitud represiva del Gobierno, y para persuadirlo de crear condiciones para un tránsito a la normalidad”, agregó.
Para la especialista, los países latinoamericanos tradicionalmente han sido “tremendamente quisquillosos” con los principios de intervención y han confundido ese principio en indiferencia”. Creo que además de esto, los Gobiernos que han sido “dramáticamente agresivos” consideran que cualquier opinión de otro país es una amenaza contra su estabilidad.
Explicó la especialista que desde 1999, cuando inició la presidencia de Hugo Chávez, el Gobierno construyó arreglos económicos internacionales atractivos, como la utilización una “palanca petrolera”, que ayudó a crear una “especie de escudo y silencio frente a lo que ocurriera en Venezuela”.
Cardozo dijo que el silencio sobre la detención de Ledezma deja ver la incapacidad internacional para ayudar a resolver situaciones internas, aunque expresó que las presiones provenientes de partidos, parlamentarios y figuras públicas de proyección internacional, están haciendo cada vez más difícil a los Gobiernos más cercanos mantenerse callados ante el desmantelamiento del estado de derecho en Venezuela.
Piden aplicación de la Carta Democrática por detención de Ledezma
Este viernes la dirigente opositora María Corina Machado pidió que se convoque “con carácter de emergencia” a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los efectos de que se discuta la situación en Venezuela y la eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Para Cardozo, el instrumento es un recurso regional que ha debido aplicarse tempranamente con verdadero compromiso y voluntad de los Gobiernos. Su ejecución, supondría consenso y voluntad de los gobernantes del continente, y un cambio significativo de ambiente en la Organización de Estados Americanos.
Aunque la internacionalista explica que es difícil lograr la aceptación por parte de los gobiernos vecinos, las presiones no gubernamentales pueden contribuir a que se movilizara ese mecanismo.
“Tendrían que elaborarse sanciones inteligentes que no perjudiquen a la población. Sería necesario hacerles costoso en lo económico, en prestigio, imagen y en proyección internacional, el comportamiento agresivo y represor que el Gobierno de Venezuela ha venido teniendo” expresó.
La especialista explicó también que la consecuencia final que traería la aplicación de Carta Democrática es la exclusión del país del órgano interamericano, que a su criterio no sería conveniente.
“Cada decisión agresiva que toma el Gobierno venezolano lo desprestigia y hace la situación más difícil para sus socios latinoamericanos. Venezuela se ha vuelto una compañía incómoda para la región; ya no tiene el espacio ni los recursos para mantener la influencia sobre estos países”.
