La iniciativa, presentada por los diputados Lemus y Andrade, establece además que el empleador deberá pagar la totalidad de las sumas que se adeuden al trabajador, por concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otras prestaciones de origen legal o contractual.
Diputado Lemus
Buscando una mayor protección de los trabajadores del país, los diputados PS Luis Lemus y Osvaldo Andrade ingresaron a trámite legislativo, el pasado martes 28 de enero, un proyecto que prohíbe efectuar descuentos en el finiquito respecto de créditos contraídos por ellos.
Diputado Osvaldo Andrade
La moción, derivada para su estudio a la Comisión de Trabajo, da cuenta de variadas denuncias de trabajadores que afirman que, al ponérsele término a su relación laboral, sus respectivos finiquitos fueron objeto de descuentos por parte de sus empleadores, por créditos contraídos con cajas de compensación u otras entidades crediticias.
“Esta práctica ha provocado que trabajadores vean disminuidas significativamente las remuneraciones, o en caso de terminación del contrato, sus indemnizaciones legales, a que da lugar la referida terminación, en virtud de obligaciones que al momento del despido se encuentran pendientes (obligaciones a plazo) y que por la aplicación de cláusulas de aceleración, por ejemplo, se hace exigible el total de la deuda en el finiquito”, recalcaron.
Informaron que esta situación ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo en una serie de dictámenes. Acotaron que el tenor de dichas resoluciones es que no existe impedimento legal para que las Cajas de compensación pacten privadamente con los trabajadores beneficiarios del crédito social y sus avales y que sus empleadores puedan descontar de sus finiquitos y con cargo a la indemnización por término del contrato de trabajo, los saldos insolutos del crédito social.
“La constatación efectuada por la Dirección del Trabajo es efectiva, por lo cual hace necesario que el Congreso Nacional impida situaciones de abuso donde trabajadores que han contraído obligaciones deben pagar las sumas adeudadas con las prestaciones que a estos se les deba por el empleador, mas si se trata de obligaciones a plazo”, agregaron.
En esta línea, el proyecto introduce un nuevo artículo 64 al Código del Trabajo (se ubica en el capítulo IV, relativo a la protección a las remuneraciones) que define que el empleador no podrá deducir sumas o porcentajes del finiquito u otro instrumento similar, destinadas al pago de obligaciones a plazo que haya contraído el trabajador con el mismo empleador u otra entidad.
Además, indica que el empleador deberá pagar la totalidad de las sumas que se adeuden al trabajador, por concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otras prestaciones de origen legal o contractual.
En todo caso, los autores aclaran que no es pretensión de este proyecto desconocer la existencia de las obligaciones que los trabajadores hayan contraído con su empleador o una entidad crediticia, sino que separar el momento del cobro de estas obligaciones con el pago íntegro que deban hacer los empleadores a sus trabajadores cuya relación laboral concluya. “El pago de dichas obligaciones debe garantizarse mediante otros instrumentos y no con las remuneraciones, indemnizaciones legales que correspondan u otras prestaciones laborales que se adeuden al trabajador”, sentenciaron.
Washington dice la II Cumbre de la Celac “traiciona” la democracia al “abrazar el sistema de partido único en Cuba”.
El Gobierno de EE.UU. afirmó este jueves que la II Cumbre de la Celac celebrada en La Habana "traicionó" el compromiso del continente americano con la democracia al "abrazar el sistema de partido único en Cuba" y urgió a los países miembros a demostrar su apoyo a la libertad de asamblea y de expresión.
"Estamos decepcionados de que la Celac, en su declaración final, traicionó la dedicación a los principios democráticos a la que se ha comprometido la región, al abrazar el sistema de partido único en Cuba", dijo un portavoz del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.
"Urgimos a los miembros de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) a demostrar claramente su apoyo al derecho a la asamblea pacífica y a la libertad de expresión en todo el continente de las Américas", agregó el portavoz.
El Departamento de Estado ve la declaración de la Celac "particularmente inexplicable para una organización cuyo supuesto apoyo a la democracia y los derechos humanos quedó expresado" en la declaración de Santiago de Chile durante la primera cumbre del organismo regional, en enero de 2013.
En particular, Estados Unidos considera "especialmente desalentador e inconsistente que la Celac decidiera aceptar sin cuestionarlas las acciones represivas de su anfitrión para impedir a sus ciudadanos expresar pacíficamente sus aspiraciones democráticas".
"Condenamos rotundamente el acoso del Gobierno cubano y su arresto de activistas entonces (al inicio de la cumbre), y lo hacemos ahora. Como siempre hemos hecho, urgimos al Gobierno de Cuba a permitir que los ciudadanos cubanos expresen sus opiniones de forma libre, y que se reúnan pacíficamente en el ejercicio de ese derecho", concluyó el portavoz.
En la declaración final de la cumbre de la Celac, los países miembros -todos los del continente excepto EE.UU. y Canadá- acordaron "respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones."
La declaración incluye además un punto que expresa el "profundo rechazo" de la Celac "a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales", reitera su "solidaridad con la República de Cuba" y "reafirma" su "llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone a dicha nación hermana desde hace más de cinco décadas".
Los países miembros de la Celac también mostraron su "rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países desarrollados que afectan a países de la América Latina y el Caribe, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter".
En concreto, ratificaron su rechazo a "la inclusión de Cuba en la denominada Lista de Estados que promueven el terrorismo Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos".
A ello se han sumado las denuncias de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) de una oleada de actos represivos en los últimos días para "amordazar" e "intimidar " a los disidentes durante la cumbre que ha incluido la detención temporal de unas 40 personas
