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2022/08/30

Chile repudia declaraciones de Bolsonaro y convoca a embajador de Brasil

En el debate celebrado este domingo, el presidente brasileño acusó a Gabriel Boric de incendiar el metro en las protestas de 2019.


La diplomacia chilena ha rechazado las acusaciones vertidas por Bolsonaro contra Gabriel Boric 




Chile convocó al embajador de Brasil en Santiago, Paulo Soares Pacheco, para presentar una nota formal de protesta por las acusaciones del presidente Jair Bolsonaro (PL) contra el presidente chileno Gabriel Boric. La información es del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile.

En el debate entre candidatos a la presidencia de la República realizado este domingo (28) por TV Bandeirantes, Bolsonaro dijo que Boric incendió el metro de Santiago durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Chile en 2019. "¿Quién hizo el ex convicto [ Lula] apoyo? Venezuela. ¿Ves hacia dónde va la autonomía de nuestra Argentina? Lula apoyó al presidente de Chile, que cometió actos de incendiar el Metro”.

“Como gobierno pensamos que estas declaraciones son muy graves, obviamente son absolutamente falsas. Lamentamos que en un contexto electoral aprovechemos y polaricemos las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas”, dijo Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores de Chile.

“Convocamos al embajador de Brasil en nombre del secretario general de política exterior y le enviaremos una nota de protesta. La desinformación y las fake news corroen la democracia, pero también en este caso corroen la relación bilateral. Estamos absolutamente convencidos de que esto no es la forma de hacer política, porque son dos jefes de Estado elegidos democráticamente, donde hay una relación de respeto más allá de las diferencias ideológicas”, dijo el ministro.

Según el informe, Bolsonaro ha promovido señales de hostilidad contra el gobierno de Boric. Desde hace más de cinco meses, Chile espera una respuesta sobre el nombre propuesto para actuar como embajador en Brasil, Sebastián Depolo. La falta de respuesta ha sido interpretada como una negación por parte de Bolsonaro.

La Cancillería chilena también emitió un comunicado de prensa en el que repudia las declaraciones de Bolsonaro. 

El Gobierno de Chile considera que las declaraciones vertidas contra el Presidente Gabriel Boric por el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un debate presidencial realizado el Domingo, son inaceptables y no se corresponden con el trato respetuoso que los jefes de Estado se deben entre sí, ni con las fraternales relaciones entre dos países latinoamericanos.

El uso político de la relación bilateral con fines electorales, basado en la mentira, la desinformación y la tergiversación, erosiona no solo el vínculo entre nuestros países, sino también la democracia, socavando la confianza y afectando la hermandad entre los pueblos.

El presidente Boric declaró públicamente las diferencias que lo separan del presidente Bolsonaro, pero al mismo tiempo destacó la importancia de mantener buenas relaciones entre los estados de Brasil y Chile.

Además de estas lamentables declaraciones, el Gobierno de Chile expresa su convicción de que nuestro país y Brasil tienen no solo una historia común, sino enormes desafíos que enfrentar de manera colaborativa, por lo que espera seguir fortaleciendo los lazos permanentes de amistad y cooperación entre nuestros países.

Rodolfo Varela
Fonte:Brasil de Fato

2022/08/29

El litio de Chile beneficia a los multimillonarios pero agota la tierra y la gente



Chile ha adoptado un modelo de extracción de litio que profundiza su dependencia y agota sus recursos



SQM Centro de Procesamiento de Litio en el Desierto de Atacama - SQM / AFP



El Salar de Atacama, ubicado en el norte de Chile y con una superficie de más de 1200 kilómetros cuadrados, es la mayor fuente de litio del mundo. Estamos frente a un acantilado, mirando hacia el gran pozo, en el extremo sur de la salina, protegido de la vista del público. 

Es allí donde grandes empresas chilenas se han instalado para extraer litio y exportarlo, en gran parte sin procesar, al mercado mundial. “¿Sabes quién fue el suegro del rey del litio en Chile?”, nos  pregunta Loreto, encargada de guiarnos hasta este mirador para contemplar las arenas blancas de los salares. 

Su respuesta no nos sorprende mucho: no es otro que el difunto dictador traidor militar Augusto Pinochet, quien gobernó Chile de 1973 a 1990. Con “rey del litio” se refiere a Julio Ponce Lerou, el mayor accionista de la minera Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), y yerno del traidor dictador y traidor de la patria Agusto pinochet.

SQM y Albemarle, las dos principales mineras chilenas, dominan el Salar de Atacama. Es imposible obtener un permiso para visitar el extremo sur del salar, donde establecieron sus operaciones. Las empresas extraen el litio bombeando salmuera bajo tierra en el salar y dejándola evaporar durante meses antes de continuar con el proceso de extracción. 

“SQM nos roba el agua para extraer litio”, declaró en 2018 la expresidenta del Consejo de Pueblos Indígenas de Atacama, Ana Ramos, según Deutsche Welle. El concentrado que queda después de la evaporación se convierte en carbonato de litio e hidróxido de litio, que luego se exportan, formando materias primas clave en la producción de baterías de iones de litio. 

Aproximadamente un tercio del litio del mundo proviene de Chile. Según Goldman Sachs, “El litio es la nueva gasolina”.

Que Hace La Necesidad

La propiedad del salar se disputa entre el Estado, los pueblos originarios de este territorio y empresas privadas. Pero, como nos dijo un miembro de la comunidad de Lickanantay, una de las comunidades indígenas que reconocen el Salar de Atacama como su hogar, la mayoría de los terratenientes ya no viven en la región. 

Juan, que cría caballos y proviene de una familia de pastores, nos dice que la gente de allí ahora “vive de las rentas de la tierra. No les importa lo que pase aquí". Sin embargo, Juan sabe que estos alquileres son minúsculos. “Lo que nos pagan por explotar nuestra tierra es prácticamente una propina”, dice.

 “No es nada comparado con lo que ganan. Pero sigue siendo mucho dinero”. Para la mayoría de los Lickanantay, dice Juan, “el litio no es un problema porque, aunque se sabe que es dañino para el medio ambiente, nos está dando dinero”, dice. “La necesidad impulsa a las personas a hacer muchas cosas”.

Los impactos ambientales negativos de la extracción de litio han sido ampliamente estudiados por la comunidad científica y observados por las guías turísticas de la zona. Angelo, uno de estos guías, nos cuenta que le preocupa que las reservas de agua se contaminen por la actividad minera y teme el impacto que esto tiene en la fauna del Desierto de Atacama, incluidos los flamencos. 

“De vez en cuando encontramos un flamenco rosado muerto”, nos dice. Cristina Inés Dorador, doctora en ciencias naturales que participó en la redacción del nuevo proyecto de Constitución de Chile, ha publicado varios trabajos sobre el declive de la población de flamencos en el salar. 


Sin embargo, Dorador también dijo que se podrían utilizar nuevas tecnologías para evitar el impacto ambiental negativo generalizado. Ingrid Garcés Millas, doctora en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza e investigadora de la Universidad de Antofagasta, destacó en un artículo para Le Monde Diplomatique que el uso actual de la extracción de litio ha provocado el deterioro de “los modos de vida de los pueblos andinos”. 

Un ejemplo que mencionó fue que, si bien la industria del litio utiliza suministros de agua subterránea, "las comunidades se abastecen con camiones cisterna".

Segundo um relatório da MiningWatch Canadá e do Atlas de Justiça Ambiental, “para produzir uma tonelada de lítio nos salares do Atacama são evaporadas 2 mil toneladas de água, o que provoca um dano importante tanto na disponibilidade da água como na qualidade das reservas subterrâneas de agua dulce".

Mientras tanto, en la región de Atacama no parece haber un sentido de urgencia con respecto al debate sobre la extracción de litio. La mayoría de la gente parece haber aceptado que la extracción de litio llegó para quedarse. 

Hay discrepancias entre activistas y activistas sobre cómo abordar el tema. Los más radicales creen que no se debe extraer litio, mientras que otros debaten quién debe beneficiarse de la riqueza generada por su extracción. Todavía hay otros, como Angelo y Loreto, que creen que la disposición de Chile a exportar litio sin procesar le niega al país la posibilidad de explotar los beneficios que podría traer el procesamiento del metal dentro del país.

Bienes comunes naturales

Justo antes de las elecciones presidenciales de Chile en noviembre de 2021, entrevistamos a Giorgio Jackson, ahora uno de los asesores más cercanos del presidente de Chile, Gabriel Boric. Nos dijo que el nuevo gobierno chileno estudiaría la posibilidad de nacionalizar recursos clave como el cobre y el litio. Eso ya no parece estar en la agenda del gobierno, a pesar de las expectativas de que los altos precios del cobre y el litio podrían financiar las reformas de pensiones y la modernización de la infraestructura que tanto se necesitan en el país.

La idea de la nacionalización se discutió en la convención constitucional, pero finalmente no se incluyó en el proyecto de constitución, que se votará el 4 de septiembre. En su lugar, la constitución propuesta se basa en el artículo 19 de la Constitución de 1980, que establece el “derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”. Con la aprobación de la nueva Constitución, el artículo 134 establecerá la existencia de bienes comunes naturales, sobre los cuales el Estado “tiene un deber especial de custodia, a fin de garantizar los derechos de la naturaleza y los intereses de las presentes y futuras generaciones”.

En los últimos días del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Minería de Chile adjudicó a dos empresas – BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. – con derecho a extraer 80.000 toneladas de litio (cada una) en un plazo de 20 años. La Corte de Apelaciones de Copiapó respondió a una solicitud del gobernador de Copiapó, Miguel Vargas, y varias comunidades indígenas. En enero de 2022, el tribunal suspendió el acuerdo; decisión que fue confirmada en junio por la Corte Suprema del país. Esto no implica que Chile vaya a revertir la explotación de litio por parte de las grandes empresas, pero sí sugiere que en el país se está gestando un nuevo interés en contra de la explotación extensiva de los recursos naturales.


Hasta 2016, Chile producía el 37% de la cuota de mercado mundial de litio, lo que lo convertía en el mayor productor mundial de este metal. Cuando el gobierno de Chile aumentó las regalías para las empresas mineras, varias de ellas redujeron su producción y algunas aumentaron su participación en Argentina (SQM, por ejemplo, se unió a una empresa conjunta con Lithium Americas Corporation para trabajar en un proyecto en Argentina). 

Chile actualmente está rezagado con respecto a Australia en términos de producción de litio en el mercado mundial, cayendo del 37% al 29% entre 2016 y 2019 (con la perspectiva de que su participación caiga aún más, para llegar al 17% en 2030).

El comentario de Juan sobre “la necesidad de que la gente haga muchas cosas” describe bien el estado de ánimo entre los habitantes de Atacama. Las necesidades de las personas que habitan esta región parecen ir a la zaga de las necesidades de las grandes empresas. Los familiares de ex dictadores acumulan riqueza a costa de la tierra, mientras que los terratenientes -por necesidad- la venden a cambio de propinas.


Traducido: Rodolfo varela
Fuente: Globetrotter



2022/08/25

La inspiración ambiental de la Constitución que votará Chile

Con 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias, Chile podría tener una historia con una Constitución que define al Estado como “ecológico”.


Miembros y autoridades comunales mapuches mientras participan de una concentración de integrantes de diferentes comunidades indígenas, el 21 de mayo de 2022, en Puerto Saavedra, región de la Araucanía (Chile).


El texto, por el que los chilenos votarán en referéndum el próximo 4 de septiembre, es el hito para dar forma al nuevo país que gritó por los ciudadanos que salieron a las calles durante el acto social de octubre de 2019 y que también votaron principalmente por sustituir la actual Carta Magna de 1980 y el legado de la sangrienta dictadura militar del traidor Augusto Pinochet. Sin embargo, según las encuestas, este entusiasmo por el cambio no parece haberse transformado en un apoyo firme a la propuesta de los constituyentes.

El nuevo texto constitucional propone una democracia representativa, con visión de igualdad, garantía de los derechos sociales y con un fuerte enfoque ambiental, pionera en la región, y que marcaría una gran diferencia con la Constitución anterior. 

Mientras que en el proyecto actual es solo uno de los 15 capítulos de los ecosistemas, en el proyecto actual el de los separados lo menciona directa o indirectamente. 

En total, son 98 artículos que aluden a la emergencia climática y las herramientas para mitigarla, que van desde promover la educación ambiental hasta la gestión del agua hasta el desarrollo de investigaciones científicas que promuevan el equilibrio del ecosistema.

La transversalidad y profundidad de estos artículos son los que han convencido a la mayor parte del movimiento ecologista, dentro del país sudamericano, a defender la propuesta constitucional. 

“El proceso de elaboración incluyente que buscó dar respuesta a la nueva crisis climática que vivimos marca un camino que sirve de inspiración para el mundo”, dijo Patricia Madrigal, ex viceministra de medio ambiente de Costa Rica. Por su parte, el académico de la Universidad de Viena, Ulrich Brand, comentó que este proyecto constitucional es “una valiosa caja de herramientas para cambiar el modelo económico a un modelo posrracista y posdesarrollista”.

En estos días, la Constitución está en boca de todos. Es hora de elogiarlo o criticarlo, el debate está en los hogares de todos los chilenos y en las calles.

 “Este es un gran avance. Es un antes y un después de lo que entendemos por democracia”, explica vía telefónica Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile. Ezio Costa, profesor de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, es optimista: “Creo que la sociedad entiende que el momento es ahora”. Por su parte, Yarela Gómez Sánchez, exconvencionista por la región de Aysén, agregó: “Este es el punto de partida para empezar a hacer las cosas bien”. Entre los artículos científicos vinculados al ecologismo, estos son los seis puntos clave, según académicos y organizaciones ambientalistas:


Chile como “Estado Ecológico”


De aprobarse, sería la primera Constitución en el mundo que reconoce la crisis climática y señala al Gobierno como responsable de las medidas de mitigación. Menciona desde el artículo primero y en el 128 es más explícito: “Es deber del Estado adoptar acciones para la prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y los efectos causados ​​por la crisis climática y ecológica”. Para Ezio Costa, este punto no es anecdótico: “Lo que hace esta nueva norma es entender que las actividades de las personas en el suelo se integran a los ciclos naturales, en lugar de destruirlos. Es algo inaudito”. 


Manifestantes a favor de la aprobación de la nueva Constitución con una bandera chilena, el 6 de julio de 2022, en Santiago. La campaña para el plebiscito del 4 de septiembre para aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución comenzó este miércoles. (Photo by JAVIER TORRES / AFP)


Además, los expertos coinciden en que de autodeterminarse como “estado ecológico”, se está abriendo la puerta a una conversación “sin prisas” y centrada en “el planeta de las siguientes generaciones”.

Reconocimiento de los derechos de la naturaleza


La palabra “naturaleza” aparece 36 veces en el texto. El artículo 18 es bastante claro cuando son sujetos de derechos: “Las personas naturales, los pueblos y naciones indígenas y la naturaleza”. Esto implica el derecho a existir, a mantenerse y funcionar en sus ciclos de vida ya ser restaurados.

Para Juan José Martín, ex constituyente por el Distrito 12 y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, este es uno de los puntos más revolucionarios. “Es un cambio legal sustantivo. En el suelo, se aborda desde los derechos humanos ambientales, es decir, cuando sirve al ser humano, campana que se define por sí misma. Esta es la medida más robusta para protegerlo”, explica. Además, los animales son considerados “sujetos de especial protección”, en alusión a su sentimiento y derecho a una vida libre de maltratos.

El agua será un derecho humano y dejará de ser un recurso privado


Chile es el único país del mundo que reconoce la escala constitucional de los derechos privados de agua. Esto ha dificultado la implementación de soluciones efectivas frente a la crisis del agua que mantiene a un millón de chilenos sin este recurso. La gestión, actualmente en manos de 40 organizaciones, está en manos de Aquiles en el país.



En la propuesta de nueva constitución, el agua no sería propiedad de unos pocos, sino que se contempla como un bien común natural “inapropiable en todos sus estados” del que, además, se debe hacer un “uso razonable”. También enfatiza que el deber del Estado es protegerlo. Por tanto, “quedan excluidos de toda actividad minera, los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ésta declare”. “La respuesta para acabar con la crisis hídrica en el agua la podemos buscar en la lluvia, tiene que venir de la gestión del recurso”, zanja González, de Greenpeace. Este cambio de paradigma no significa el fin del uso del agua. 

El Estado podrá otorgar permisos administrativos para el uso de estas instalaciones. Lo que antes eran derechos de uso de agua, se convirtieron en “autorizaciones”.

Más mecanismos de participación ciudadana

Otro de los puntos fuertes es la democracia ambiental, que se basa en el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental de los ciudadanos. 

En el caso del 'sí', la ciudadanía podría ahora organizarse para proponer un proyecto de ley al Congreso, algo inédito hasta ahora. Para el proceso, sería necesario que un grupo equivalente al 3% de los habilitados para votar presente la iniciativa. “Eso descentraliza el poder”, explica Costa, “y también pasa con la sociedad teniendo mucho más que decidir y hacer. Será más fácil tomar partido en la solución de los problemas ambientales”. “Es entender a la sociedad como parte activa de las soluciones”, insiste Yarela Gómez.

Las personas y los pueblos, “conjunto inseparable” de la naturaleza

En el terreno se reconoce a los pueblos indígenas y se reconoce el derecho a sus territorios y recursos, una campana que se planta para blindar estas tierras con “protección especial”. 

Los instrumentos jurídicos para su “catástrofe, regularización, deslinde, titulación, reparación y restitución” también son responsabilidad de la administración pública.

Alihuen Antileo Navarrete, presidente de la asociación Plataforma Política Mapuche y coordinador del comité por el Apruebo de su comunidad, celebra que “al fin” se incluya en los pueblos indígenas (que representan el 13% de chilenos; 11% de ellos, mapuches) en la Carta Magna. “Es como si empezáramos a existir constitucionalmente hablando”. “Para nosotros representa un logro importante, que se ha establecido como el principio del buen vivir. Da sentido y finalidad a la actividad del Estado ya los diferentes agentes económicos”. 

En el nuevo escrito, 55 artículos contemplan los derechos de estos pueblos originarios, grandes defensores de la biodiversidad y los ecosistemas.

La creación de organizaciones de defensa ambiental.


El texto incluye la creación de la Agencia Nacional de Aguas, encargada de velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Aguas, o la Defensa de la Defensa Natural, que actuará como elemento fiscalizador del Gobierno y de las entidades privadas en materia ambiental. 

Estos nuevos organismos materializarían toda la estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y proteger la biodiversidad. 

También se multiplicarían los tribunales ambientales (hoy solo hay tres en todo el país) y se constituirían los consejos de cuencas hidrográficas, con más espacio para la conversación y decisión de las comunidades vinculadas a cada una de estas fuentes de agua.

“Al separar la gestión del agua del ciclo político y hablar de órganos constitucionales autónomos, la conservación se enfoca desde un punto de vista más técnico, con más ciencia y datos detrás. Es una gira enorme”, explica Juan José Martín. “Si esta venta sale adelante”, revela el representante de Greenpeace, “hay una gran tarea en la implementación. Sabemos que faltarán muchas reformas legales. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero este es un hito que nos permite avanzar. Estar más cerca del país que queremos”.


Indígena radical en Chile responde con desafío al arresto de líder

La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), vista como el ala radical del movimiento indígena mapuche en el sur de Chile, reaccionó este miércoles a la detención de su líder llamando a una mayor resistencia.


Héctor Llaitul, líder radical mapuche

“Hacemos un llamado… a continuar e iniciar nuevos procesos de recuperación del gran capital, a través de un verdadero control territorial, y a continuar con la resistencia y el sabotaje contra, principalmente, la industria forestal, las hidroeléctricas (molinos), la minería y la salmonicultura”. dijo la CAM en un comunicado.

El grupo, fundado en 1997, también instó a los mapuche a “no dejarse intimidar por este gobierno que se ha arrodillado ante el empresariado”.

Héctor Llaitul, de 54 años, fue detenido en un restaurante de la ciudad de Cañete y trasladado a Temuco, capital de la Región de la Araucanía, bajo sospecha de “robo de madera, usurpación y atentado a la autoridad”.

Los mapuches, que suman alrededor de 650.000, son el grupo indígena más grande de Chile, una nación de alrededor de 17 millones de personas. Viven principalmente en la Araucanía y el Gran Santiago.

Exigen el reconocimiento constitucional de su identidad, derechos y cultura, así como la titulación legal de su territorio tradicional, en gran parte arrebatado a finales del siglo XIX durante una campaña de “exterminio” en la Araucanía.

Durante décadas, la CAM y otros militantes han atacado los activos de empresas forestales y agroindustriales que ahora ocupan gran parte del territorio ancestral mapuche.

Los ataques incendiarios contra maquinaria pesada y propiedad privada ocurren casi a diario en medio de un conflicto que se ha cobrado la vida de mapuche, policías chilenos y “colonos”, mientras que decenas de activistas mapuche han sido arrestados por cargos de terrorismo.

En el comunicado de este miércoles, la CAM insistió en que su lucha por la recuperación de las tierras mapuches "no tiene nada que ver con las mafias madereras y el narcotráfico".

La detención de Llaitul se dio en el marco de una investigación que comenzó en 2020 por iniciativa del entonces presidente Sebastián Piñera y ampliada el mes pasado por el gobierno del actual jefe de Estado Gabriel Boric.

“Como gobierno, queremos dar fe de que el estado de derecho funciona y nadie está por encima de la ley”, dijo el miércoles a los periodistas la ministra del Interior, Izkia Siches, después de la detención de Llaitul.

Desde que asumió el cargo en marzo, el centroizquierdista Boric ha recurrido a imponer medidas de emergencia en la Araucanía del tipo que denunció cuando las utilizó su antecesor derechista Piñera.

El arresto de Llaitul ha ocurrido a 11 días del plebiscito por una nueva Constitución. La región de La Araucanía, el epicentro del conflicto por las tierras ancestrales, fue una de las zonas del país que en mayor medida apoyó al candidato de la derecha extrema José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial contra Boric: un 60,14% contra un 39,86%. 

Actualmente, esta región del país está por rechazar una nueva Constitución, un 54% contra un 32%, según una reciente encuesta de Panel Ciudadano UDD, publicada antes del período que prohíbe publicar nuevos estudios de opinión. 

Con el tema de seguridad pública como principal prioridad de la ciudadanía –un asunto que Boric ha dicho comprender–, la detención de Llaitul se produce cuando el ministerio del Interior enfrenta serios problemas. 

En un probable cambio de Gabinete, que se realizaría luego del referéndum del 4 de septiembre, resulta probable la salida de la ministra Izkia Siches de la cartera encargada del control de la delincuencia.

2022/08/24

Chile en tensión a menos de dos semanas del plebiscito de ratificación constitucional

La votación del 4 de septiembre, que decidirá si se aprueba o no la nueva Constitución, será la primera con voto obligatorio desde 2012.




Vista desde arriba, la Plaza de la Constitución tiene forma de X: hay cuatro triángulos concéntricos, tres de grama y una explanada de cemento en cuyo borde hay postes con banderas chilenas. Desde el centro se puede ver el frente de La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. 

Su diseño actual fue parte de la remodelación posterior al bombardeo de las Fuerzas Armadas durante el sangriento golpe militar de 1973. El 10 de agosto, a menos de un mes del plebiscito de ratificación en el que los ciudadanos chilenos decidirán si aprueban o rechazan el texto elaborado por el Consejo Constitucional de la Convención elegido en mayo de 2021, el gobierno instaló allí un quiosco para distribuir ejemplares. La Plaza de la Constitución se convirtió en un punto clave del proceso constituyente abierto en 2019 con un estallido social multitudinario.

Desde ese día, las colas para obtener una copia del texto propuesto han sido una constante en ese quiosco y en todos los puntos del país donde el gobierno distribuye las copias. A menudo, en sus actividades públicas, se le pide al presidente Gabriel Boric que las autografíe. Los ejemplares han sido impresos a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno con fondos asignados por el propio Convenio, dando lugar a más de 900.000 ejemplares para su distribución gratuita. 


A pesar de que ni el presidente ni su gabinete han dicho explícitamente que votarán por la opción Apruebo, la oposición asegura que la distribución de textos es un ataque a la presidencia y que la firma de copias constituye un acto de campaña.


A pesar de las críticas, Boric sigue en su afán por difundir la propuesta y fomentar su lectura.


Cada uno de estos ejemplares está estampado con un huemul, animal que aparece en el escudo de armas de Chile, lo que demuestra que el libro fue adquirido gratuitamente. Querían evitar la reventa de textos en un país donde la nueva Constitución, impresa por LOM Ediciones y otras editoriales locales, se convirtió a finales de julio en el libro de no ficción más vendido. Tras vender una primera tirada de 1.000 ejemplares, ahora se ha reeditado nueve veces y se han vendido más de 70.000 ejemplares, una cifra que sigue creciendo a lo largo de las semanas.









El audiolibro de la nueva Constitución acumula más de 149.000 visualizaciones en Youtube, y en Spotify proliferan los podcasts donde se leen los artículos, y los espacios de conversación al respecto.

Los datos no incluyen el mercado de la piratería ni los miles de libros vendidos en quioscos en las calles del centro de Santiago.

El interés manifiesto de los ciudadanos por conocer el texto se traduce exactamente en el mundo virtual: las búsquedas en Google, las visitas a Wikipedia y el comportamiento en redes sociales en torno al proceso constituyente muestran una tendencia sostenida al alza.

“Estamos en un proceso de creciente atención y no fue así con las elecciones presidenciales, en las que el pico se dio después de los debates televisivos y la primera vuelta, pero luego volvió a bajar. Aquí, en una elección donde tampoco hay debate oficial, vemos que la atención cada vez crece más”, observa el director de la plataforma de análisis social y electoral Monitor Social.cl, Pablo Beytía. Su iniciativa lanzó un especial sobre el nuevo plebiscito, que está midiendo en tiempo real la atención al proceso en internet. La herramienta tiene tres variables: un agregado de todas las encuestas, menciones en prensa y búsquedas en Google. El método ofrece una perspectiva diferente a la de las encuestadoras, instituciones que levantan sospechas entre los ciudadanos.

El papel de las encuestas

“Encuesta creen las encuestas”, se lee en una publicación viralizada en las redes sociales.

Desde el inicio del proceso, las mediciones le han dado al Rechazo una amplia ventaja, brecha que en las últimas semanas se ha reducido a un margen de alrededor de 10 puntos.

Este sábado 20 de agosto fue el último día permitido por ley para la divulgación de encuestas y las principales mediciones mostraron un escenario definido. Cadem, en una encuesta telefónica aplicada a 1.007 personas, da un 46% de Rechazo y un 37% de Aprobación; las cifras de Pulso Ciudadano, un panel en línea con 2.089 participantes, dieron 58% y 41%, respectivamente; y Criteria, otro panel online de 1.000 miembros, les da un 45% y un 36% a cada opción. Según esta medición, el 19% de la población aún no ha definido su voto, dato que no es menor, pues varios analistas coinciden en que son ellos quienes podrían definir el resultado en estas dos semanas.

La tendencia de las encuestas, dice Beytía, es consistente con lo que observan en MonitorSocial.cl, que predijo con mucha precisión el primer plebiscito y la segunda vuelta presidencial. “Hay un crecimiento relevante en Aprobación desde julio, cuando hubo un punto de quiebre: desde que terminó la Convención, tuvo una gran oportunidad de levantarse, porque los voceros de los convencionalistas no la habían favorecido, y desde que empezó Al leer la Constitución comenzó a levantarse Aprobación. Al mismo tiempo, el Rechazo tocó techo a principios de julio y empezó a bajar muy poco, pero en mi opinión la subida del Aprobado ha sido tímida y no creo que pueda subir mucho más. Ni la franja televisiva ni el acuerdo de los políticos surtieron gran efecto, y la diferencia en las encuestas está por encima del margen de error. Si la elección fuera hoy, ganaría el Rechazo, o eso dice la atención”, comenta.

Para el plebiscito de 1988, que marcó el fin de la sangrienta dictadura del traidor Augusto Pinochet, se reconoce que la franja televisiva fue uno de los factores que más movilizó el voto. Aunque entonces el contexto era otro: la familia se reunía a diario alrededor del televisor. Hoy, con el auge de Internet, las redes sociales y los servicios de transmisión, ya no tiene el mismo poder. A esto se suma la avalancha de desinformación y fake news, que constantemente han surgido en el camino de quienes no quieren aprobar el texto: Felipe Kast, senador del partido opositor Evópoli, ha afirmado que la nueva Constitución habilitaría el aborto a nueve meses, mientras otros aseguran que expropiará viviendas y fondos de pensiones.

El otro factor enumerado por Beytía es el acuerdo que firmaron las fuerzas políticas oficialistas el pasado 11 de agosto, denominado “Unidas y unidas para aprobar una Nueva Constitución”.

En él acordaron una serie de reformas que impulsarán en caso de que triunfe la propuesta, y que apuntan a acotar de manera más explícita los temas que han despertado incertidumbre en la población, como el alcance de la plurinacionalidad, la propiedad de la vivienda y las pensiones. , y la integración del sistema privado de salud en el marco del paradigma público que promueve el nuevo texto. Por tratarse de una Constitución y no de un artículo de leyes, los temas se mencionan ampliamente como principios y no con mecanismos específicos, lo que ha permitido que surjan especulaciones y temores.

“Como toda campaña, ha sido intensa desde el punto de vista de las posiciones en juego, con una defensa bien marcada de ambas posiciones. El tema de las noticias falsas también ha incidido en la distorsión del propio borrador. También se han intensificado las muestras ciudadanas de apoyo a ambos sectores. Los partidos han tenido un papel, pero me parece que más en el centro-izquierda y en la izquierda que en la derecha, que se ha desdibujado para fomentar una campaña apartidista”, dice Mireya Dávila, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

Desde la derecha, de hecho, se ha buscado que figuras como el ultraderechista José Antonio Kast, su último candidato presidencial, no se involucren activamente en la campaña y que el expresidente Sebastián Piñera, muy relacionado con el origen del brote, ni siquiera explícitamente público estatal que apoyará el Rechazo. El senador Iván Moreira, de la derechista Unión Demócrata Independiente, resumió esta idea en una frase: “Cuanto menos hablemos, mejor”.

Dávila cree que el resultado es muy difícil de predecir: luego de que se instaurara el voto voluntario, en 2012, esta será excepcionalmente la primera elección obligatoria, que obliga a concurrir a sus urnas a todo un padrón de más de 15 millones de electores. y emitir el voto. En el plebiscito de 2020 que habilitó el proceso constituyente la participación fue del 50% y se celebró como un récord. En teoría, el domingo 4 de septiembre deberían acudir a votar más de siete millones de electores cuyas opiniones políticas se desconocen. Tampoco se sabe a qué opción podría favorecer esta participación. El único indicador oficial para la elección lo entregó el Servicio Electoral el viernes 18 de agosto: hasta el momento, más de 12 millones de electores han ingresado a la plataforma para consultar sus lugares de votación, lo que corresponde al 80% de la lista.

Con el silencio obligatorio de los encuestadores y una serie de actos públicos para promover ambas opciones, la tensa campaña entró este domingo en su recta final.

Fuente: Consuelo Ferrer

Gabriel Boric promueve reducción de jornada de 45 a 40 horas semanales

El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue promovido entre otros parlamentarios por la entonces diputada Vallejo.


Nascido em 11 de fevereiro de 1986, Boric é filho de Luis Javier Boric e María Soledad Font
Gabriel Boric



El gobierno del presidente Gabriel Boric dará urgencia a un proyecto de ley que busca reducir paulatinamente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en los próximos cinco años, una de las promesas de su campaña electoral.

El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue impulsado entre otros legisladores por la entonces diputada Camila Vallejo, actual vocera del Gobierno, pero su discusión se había detenido.


Vocera Camila Vallejo

Ahora, los legisladores revisarán una serie de indicaciones solicitadas por el actual Gobierno, como la reducción paulatina de la jornada laboral y que alcance también a los trabajadores de categorías especiales como los conductores de transporte público o las trabajadoras del hogar, entre otros.

"Estas mejoras son medios indispensables para acercarnos a un Chile nuevo, más justo", dijo Boric este martes al anunciar la reactivación del proyecto en un acto en el palacio presidencial.

Boric avanza con la reducción de la jornada laboral

El gobierno progresista impulsó diálogos con sindicatos y centrales de trabajadores junto a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, en momentos en que la economía del mayor productor de cobre del mundo se desacelera y enfrenta fuertes presiones inflacionarias tras la rápida recuperación pospandemia.

Una asociación de grandes empresas junto a algunos grupos sindicales, por ejemplo, propusieron al Gobierno a principios de mes que la reducción de la jornada laboral y el aumento de costes para las empresas no afecten a la productividad, insistiendo en la gradualidad del proceso. 

2022/08/22

Chile va a votar para decidir si quiere la nueva constitución

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a la unidad del país, a dos semanas de la votación de la propuesta de nueva Constitución.




“Es de la unidad de Chile que sale lo mejor de los chilenos y lo mejor de nuestro país”, dijo, durante los festejos por el 244 aniversario del natalicio del estadista chileno Bernardo O'Higgins.

Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas el próximo 4 de septiembre para decidir si aprueban una nueva Constitución o mantienen la actual, heredada de la sangrienta dictadura del traidor Augusto Pinochet y parcialmente reformada en democracia.

Las encuestas publicadas el jueves revelaron, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, la tendencia a rechazar el nuevo texto.

Los partidos de derecha y centroizquierda rechazan la propuesta de una nueva Constitución, que consideran radical, y la izquierda defiende la aprobación del texto, pese a haberse comprometido a llegar a un pacto para reformular los aspectos menos consensuados, en negociaciones encabezadas por el titular de Estado

La nueva Constitución propuesta declara a Chile un estado social de derecho y consagra derechos como la salud pública y universal, la educación gratuita, mejores reformas y el acceso a la vivienda y al agua.

Lo que propone es constituir un nuevo Estado democrático, con democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de una “naturaleza de la que formamos parte”; y una descentralización del país. Es una propuesta pionera en cuanto a que integra preceptos ambientales y feministas, uno de sus artículos incluye la proclamación de una "democracia paritaria" y otro lo declara un Estado ecológico.

El carácter plurinacional del Estado, la reelección presidencial, el sistema de justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas del texto que generan más polémica.


Campaña contra proyecto de Constitución alarma a periodistas chilenos

El Colegio de Periodistas de Chile expresó su preocupación por la campaña de desinformación que hoy realizan sectores conservadores contra el proyecto de nueva Constitución.


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Un comunicado de ese gremio reconoce la proliferación de desinformación en torno al contenido de la propuesta que será votada en referéndum el 4 de septiembre. El Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas de Chile expresa su preocupación por la manipulación de la información y las transgresiones al Código de Ética del Colegio, que es el marco de valores y conductas deseables en el ejercicio de la profesión periodística, señala el texto .

La organización que agrupa a estos profesionales de la información, por el contrario, les invita a conocer en profundidad lo que propone el proyecto de Ley Básica con el objetivo de promover un debate “que enriquezca y contribuya al diálogo ciudadano”.

En cuanto al tratamiento del tema en los medios, el Colegio de Periodistas de Chile pidió que el reportaje se base en contribuir al conocimiento del texto, sin distorsiones y con objetividad para evitar la desinformación y la difusión de noticias falsas.

“Nos preocupan las distorsiones, interpretaciones y ocultamientos de información que impiden o anulan el libre acceso al conocimiento de la propuesta de Nueva Constitución. En particular, las llamadas fake news (información falsa) y la popularización de su texto, recurrente en las redes sociales”, dice el documento.

Investigaciones recientes no otorgan una ventaja significativa a quienes apoyan o no la propuesta, que de aprobarse reemplazaría a la actual Constitución, adoptada en 1980 por la sangrienta dictadura del traidor  Augusto Pinochet (1973-1990).

Así, a poco menos de un mes del plebiscito, partidarios de ambas tendencias intensifican sus campañas por el voto, cuyo mayor desafío es atraer a los indecisos para lograr una mayoría decisiva.


2022/08/18

Aumenta la lucha para evitar abusos de empresas canadienses en el extranjero

Los defensores están pidiendo a Canadá que haga más para responsabilizar a las empresas canadienses por violaciones de derechos humanos en el extranjero.




Enzo Brizuela describe su ciudad natal como una “zona de sacrificio”.

El geólogo de 33 años nació, se crió y vive en Andalgala, un pequeño pueblo en la provincia argentina de Catamarca, rica en minerales, cerca de la frontera noroccidental con Chile. Dice que la zona alberga una población tranquila que vive principalmente de la agricultura y la ganadería.



También es donde un grupo de empresas mineras, lideradas por una empresa canadiense, espera extraer millones de onzas de cobre y oro, algo que Brizuela y muchos de sus vecinos temen que contamine las fuentes de agua y dañe el medio ambiente.

“Vivimos en una zona de sacrificio”, dijo Brizuela a Al Jazeera en una entrevista reciente de Zoom. “Pero me enorgullece decir que Andalgala también es [el hogar de] un pueblo fuerte y decidido, porque nos hemos opuesto a estas [propuestas] de minería a gran escala desde la década de 1970”.


El último de varios proyectos desarrollados en el área de Andalgala en las últimas décadas, la mina a cielo abierto MARA se encuentra en una etapa avanzada de exploración. La empresa canadiense Yamana Gold, que está siendo adquirida por una empresa sudafricana, posee actualmente el 56,25% del proyecto, mientras que la empresa suiza-angloamericana Glencore y Newmont Corp, una empresa estadounidense, poseen el resto.

Las empresas dijeron en el sitio web del proyecto que obtuvieron los permisos administrativos y judiciales y que están tomando en cuenta las preocupaciones de la comunidad para garantizar una "minería verdaderamente responsable, sostenible e innovadora".

Pero los defensores de la comunidad dijeron que varias docenas de personas habían sido detenidas en el contexto de su oposición a la minería en la región durante más de una década, incluso por las protestas contra el proyecto MARA. Más recientemente, algunos han sido acusados ​​de incendiar oficinas comerciales locales, una acusación que dijeron que no tenía fundamento.

Un portavoz de Yamana Gold rechazó la solicitud de comentarios de Al Jazeera.

Brizuela, quien dijo que enfrentaba cuatro denuncias penales, incluida la quema de la oficina, le dijo a Al Jazeera que se estaba llevando a cabo una represión contra los defensores de los derechos humanos, y que empeoraba. “Activistas que están trabajando arduamente para intentar… canalizar información sobre los riesgos de la megaminería están siendo perseguidos y sufriendo violencia”, dijo. “Esta es claramente una campaña de miedo”.

Huella global

Durante años, las empresas canadienses han sido acusadas de ser cómplices o de no investigar o prevenir supuestos abusos de derechos y daños ambientales en sus operaciones en el extranjero.

Las empresas del altamente rentable sector minero de Canadá, en particular, han recibido gran parte de las críticas: los grupos de derechos humanos han documentado una variedad de abusos, que incluyen violaciones, agresiones, asesinatos y esclavitud, así como contaminación relacionada con las actividades mineras canadienses en todo el mundo.

Si bien estas acusaciones no son nuevas, una campaña para presionar a Ottawa para que haga más está cobrando fuerza a medida que los activistas y defensores ambientales enfrentan un aumento de la violencia y amenazas mortales en todo el mundo.

“El gobierno de Canadá debe decidir si continúa rezagándose y arrastrándose y dejando que las empresas operen con impunidad, o si hace algo con respecto al abuso corporativo”, dijo Emily Dwyer, directora de políticas de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa.

Canadá "es el hogar de casi la mitad de las empresas mineras y de exploración de minerales que cotizan en bolsa en el mundo", dijo Natural Resources Canada, un ministerio federal, en su sitio web, mientras que su trabajo en el extranjero representa la mayor parte de las ganancias. En 2020, 730 empresas mineras y de exploración canadienses tenían activos en 97 países extranjeros valorados en 150.000 millones de dólares (188.200 millones de dólares canadienses), informo el ministerio.

Estados Unidos encabezó la lista de países que albergan la mayor cantidad de empresas mineras canadienses en 2020 con un 21,3 %, mientras que Chile, Panamá, Brasil y Perú completaron los cinco primeros. Le siguió Zambia con un 5%, seguida de México, Argentina, Malí y la República Democrática del Congo.

En 2019, Canadá creó la oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), cargo encargado de monitorear la implementación de las directrices de las Naciones Unidas y la OCDE sobre prácticas comerciales que involucran a empresas canadienses en los sectores de la confección, la minería y el petróleo y el gas. La oficina tiene el poder de asesorar a las empresas, revisar las denuncias de abusos de los derechos y hacer recomendaciones para la reparación, incluida una disculpa o compensación financiera.

También lanzó un sistema de presentación de quejas en línea el año pasado. “Este es un paso crucial en nuestra misión de ayudar a promover y proteger los derechos humanos y la reputación de Canadá en todo el mundo”, dijo la defensora del pueblo Sheri Meyerhoffer en una declaración de marzo de 2021. “Nuestro nuevo portal en línea es una manera fácil de que las personas y las comunidades en el extranjero plantear preguntas e inquietudes”.

CORE dice que evaluó la admisibilidad de 16 denuncias entre el 1 de abril y finales de junio. Durante ese período se cerraron otras dos denuncias -una por insuficiencia de información proporcionada por el denunciante y otra porque las partes resolvieron el asunto- y también recibieron 45 consultas, la mayoría fuera de su competencia.

Pero los defensores de los derechos humanos criticaron a la oficina como desdentada.

"La oficina no es independiente del gobierno... y no tiene poderes reales para investigar de forma independiente", dijo Dwyer a Al Jazeera. “Los poderes que necesita [incluyen] el poder de obtener documentos y testimonios; de lo contrario, es muy difícil esperar que esta oficina pueda obtener la información que necesita para investigar”.

Agregó que Canadá continúa confiando principalmente en “enfoques voluntarios” para responder a las denuncias de abuso, como brindar asesoramiento a las empresas y ofrecer mediación, por ejemplo. "Pero esperamos ver algo de acción pronto en una dirección diferente", dijo Dwyer.

Propuestas legislativas

Un portavoz de Asuntos Globales de Canadá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le dijo a Al Jazeera que el gobierno espera que las empresas canadienses que operan en el extranjero “cumplan con todas las leyes pertinentes, respeten los derechos humanos en sus operaciones y adopten las mejores prácticas y pautas de conducta empresarial respetadas internacionalmente. ".

El Defensor del Pueblo Canadiense para Empresas Responsables (CORE) “debe tener tiempo suficiente para cumplir con su mandato actual”, dijo James Emmanuel Wanki en un correo electrónico. “Una vez que esté en pleno funcionamiento, estará en condiciones de asumir los casos. El uso de un mecanismo no judicial como CORE no impide que las personas busquen soluciones civiles ante los tribunales canadienses”, dijo Wanki.

Mientras tanto, el gobierno buscó fortalecer las salvaguardas relacionadas con las cadenas de suministro canadienses y otras prácticas comerciales. Por ejemplo, en junio, la Cámara de los Comunes aprobó por unanimidad una segunda lectura de un proyecto de ley que prohibiría a Canadá importar bienes producidos con trabajo forzoso o infantil.

El proyecto de ley S-211, que fue enviado al comité para una revisión adicional, también requeriría que las entidades gubernamentales y privadas informen anualmente sobre las medidas tomadas “para prevenir y reducir el riesgo de que sus cadenas de suministro utilicen trabajo infantil fortificado”.  y otorgar al Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias el poder de obligar a una entidad a proporcionar información.

"El consentimiento unánime en esta etapa es una señal clara de que la Cámara entiende la importancia de este tema", tuiteó Seamus O'Regan, ministro federal de trabajo de Canadá, después de la segunda conferencia en el parlamento el 1 de junio.

Los políticos federales también introdujeron las leyes a fines de marzo, que tienen como objetivo, respectivamente, establecer un cargo de comisionado con el poder de exigir declaraciones y documentos en investigaciones sobre abuso corporativo, así como responsabilizar a las empresas por cualquier falla en garantizar que sus prácticas en causar daño humano. daño. violaciones de derechos, entre otras cosas. Grupos religiosos y de derechos humanos instaron a los parlamentarios a apoyar estos proyectos de ley para garantizar una mayor rendición de cuentas.

Acceso a la justicia

Sin embargo, aunque algunos casos civiles han establecido que las víctimas pueden buscar reparación en Canadá por abusos relacionados con el trabajo por parte de empresas en el extranjero, los defensores de los derechos dijeron que los intentos de buscar responsabilidad en los tribunales canadienses siguen siendo lentos y costosos.

En 2019, una empresa minera canadiense se disculpó públicamente con los manifestantes guatemaltecos que demandaron en Canadá y reconoció que se violaron sus derechos cuando los agentes de seguridad hirieron a los manifestantes en la mina de la empresa en Guatemala. El caso fue aclamado como un hito que confirmó que "los tribunales canadienses son el foro apropiado para los reclamos de derechos humanos que surgen de las actividades extranjeras de las empresas mineras canadienses", dijo Joe Fiorante, el abogado de los demandantes en ese momento.

Un año después, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que una empresa canadiense propietaria de una mina en Eritrea podía ser demandada en Canadá. La decisión se produjo después de que tres trabajadores eritreos demandaran a Nevsun Resources Ltd, alegando que fueron obligados a trabajar en la mina y sometidos a “tratos violentos, crueles, inhumanos y degradantes”. Posteriormente, la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial, dijo Amnistía Internacional.





a planta de processamento na Bisha Mining Share Company (BMSC) na Eritreia, operada pela empresa canadense Nevsun Resources, 18 de fevereiro de 2016La Corte Suprema de Canadá dictaminó en 2020 que una empresa minera canadiense podría ser procesada en Canadá por trabajos forzados y otros abusos que supuestamente tuvieron lugar en una mina de su propiedad en Eritrea [Archivo: Thomas Mukoya/Reuters]


Sin embargo, Dwyer dijo que, a pesar de estos fallos precedentes, "todavía no ha habido un solo caso... que haya pasado por el sistema judicial canadiense en el que una empresa haya sido declarada responsable de abuso".

“Lo que realmente se necesita es la obligación de evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro de una empresa, la obligación de las empresas de actuar con la debida diligencia: tomar medidas para identificar, mitigar, abordar y remediar los abusos y riesgos que se encuentran en su cadena de suministro. – y el cumplimiento real de esas obligaciones a través del acceso a los tribunales canadienses”, dijo.

Mientras tanto, de regreso en Argentina, Brizuela dijo que la lucha de su comunidad continuará.

“Estamos luchando para que nuestras próximas generaciones tengan el entorno natural como lo tuvimos nosotros”, dijo a Al Jazeera. “Queremos conservar el agua para que sea pura, para conservar el aire, porque así lo heredamos. Queremos darles un lugar llamado Andalgala”.


Por Jillian Kestler-D'Amours
Traducción: Rodolfo Varela

Fuente: Al Jazeera





Prueba de drogas en Congreso chileno

Diputados se someten a análisis de cabello para detectar consumo.

Los parlamentarios de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile deberán someterse a pruebas aleatorias de consumo de drogas a través de un análisis de cabello a partir de este miércoles. 


Por sorteo, 78 de los 155 parlamentarios fueron seleccionados durante la jornada para rendir la prueba, que se realizará dos veces al año, asegurando que cada diputado sea examinado dos veces en los cuatro años que dura su mandato.



La ley establece que cada diputado deja por escrito dentro de los primeros 15 días de su legislatura que, si el control es positivo, autoriza el levantamiento del secreto bancario. Los parlamentarios en cuestión deberán justificar las transacciones que realizaron sobre 800 unidades de fomento (UF), unos 28.000 dólares. El cabello es el gran indicador para verificar el uso de drogas, según los expertos. Sin embargo, para que la sustancia consumida llegue al cabello, deben pasar al menos 10 días.


El objetivo de la nueva normativa es prevenir el “consumo indebido de estupefacientes o drogas o sustancias psicotrópicas” para elevar los estándares de transparencia en su trabajo y evitar “la práctica de delitos de narcotráfico u otros conexos, y cualquier relación entre este Cámara y las redes de narcotráfico que existen en el país”.

Los diputados electos este miércoles deberán acudir entre el 22 y el 30 de este mes al laboratorio de la Universidad de Chile para realizar esta prueba, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. 


Los resultados de los que den positivo se publicarán dentro de los 15 días siguientes a la realización de la prueba. Si alguno de los parlamentarios se niega a someterse al control, será sancionado por el Comité de Ética y Transparencia de la Cámara. Los casos de diputados que den positivo y que no puedan justificar una transacción superior a 800 UF también serán remitidos a la referida comisión.


Durante el debate previo a la aprobación de la ley, no todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo. La diputada comunista Marisela Santibañez, por ejemplo, aseveró que la práctica “vulnera el derecho a la vida privada y el principio de autonomía corporal”. 


Por su parte, la diputada Camila Flores, del partido de centroderecha Renovación Nacional, celebró el proyecto argumentando que los parlamentarios tienen la “obligación de demostrar a la ciudadanía” que no son “drogadictos” y que no tienen “vínculos con el narcotráfico”. .” drogas.” “.


Triángulo de litio: América Latina discute nuevas estrategias regionales

Armonía política entre Argentina, Chile y Bolivia, potencial boom del litio y perspectiva de agregar valor al producto impulsan cooperación.


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Manifestante sostiene un cartel que dice "El litio es nuestro, defendámoslo" en una protesta en Santiago de Chile. El país sudamericano es uno de los países del llamado “triángulo del litio” y pretende crear una empresa nacional de litio para explorar, extraer y fabricar el material (Imagen: Iván Alvarado/Alamy)




La perspectiva de una mayor cooperación regional en litio parece estar sobre la mesa en América del Sur, en un período de relativa armonía política entre los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia, los países del llamado "triángulo de litio", donde grandes reservas se encuentran minerales, estratégicos para la transición energética.

A medida que aumenta la demanda de litio, el interés en maximizar los beneficios de un potencial auge global ha llevado a la reanudación de iniciativas entre las tres naciones, con un enfoque en compartir conocimientos geológicos, regulatorios y científicos. México, relativamente nuevo en la escena del litio, con el descubrimiento de depósitos en el estado de Sonora en 2019, también ha dado pasos hacia la cooperación.
Sonora— también dio pasos hacia la cooperación.

Las salinas de Argentina, Bolivia y Chile, en conjunto, concentran el 60% de las reservas mundiales de litio.

En la reciente Cumbre de las Américas, realizada en Estados Unidos a principios de junio, los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Gabriel Boric de Chile lanzaron el Grupo de Trabajo Binacional sobre Litio y Salinas, que ya realizó su primera reunión. Además, Argentina ha estado manteniendo conversaciones con Yacimientos de Litio Bolivianos, la empresa estatal de litio de Bolivia, mientras que México, en una etapa más incipiente, mantiene comunicación con Bolivia.

“Entre Argentina, Chile y Bolivia, estamos tratando de ver cómo podemos tener una perspectiva regional sobre el litio.Y-tec argentino, en entrevista con Diálogo Chino. La empresa desarrolla una batería de litio con más componentes domésticos.

El fortalecimiento del diálogo regional se da en medio de la presión mundial por la transición energética, que exige una transformación del sector transporte -actualmente responsable de una cuarta parte de las emisiones de CO2- con la introducción de vehículos eléctricos, propulsados ​​por baterías de litio. Y el triángulo del litio está en una posición estratégica: las salinas de Argentina, Bolivia y Chile, juntas, concentran el 60% del mineral del mundo.

Curva de aprendizaje de litio

Gonzalo Gutiérrez, profesor de la Universidad de Chile y uno de los principales asesores del gobierno chileno en materia de litio, explicó que la administración de Boric busca desarrollar una “nueva institucionalidad” para la producción de litio, impulsando cambios regulatorios para fortalecer el rol del Estado y respetando las comunidades que viven cerca de las salinas.



A eso se suma la intención de crear una empresa nacional de litio, una de las promesas de la campaña de Boric. La empresa cubriría la exploración, extracción e incluso la fabricación del mineral, según Gutiérrez.

Sin embargo, el proceso no será sencillo y requerirá un aprendizaje del Estado. "A veces creemos que entendemos el litio, pero en realidad no sabemos lo que tenemos [en reservas]". Hay una gran asimetría de información a la hora de sentarse a hablar con las empresas”, dijo
Gutiérrez.


Con foco en la cooperación técnico-científica, a principios de junio se realizó la primera reunión entre Chile y Argentina del nuevo Grupo de Trabajo Binacional. La segunda reunión tendrá lugar este mes. Gutiérrez, integrante del grupo, dice que, en el mediano plazo, una mayor cooperación regional puede mejorar “la comprensión de las regalías, el tema ambiental y la generación de valor en torno al litio”.


¿Una 'OPEP por el litio'?

Los países del triángulo del litio tienen trayectorias muy diferentes en términos de regulaciones, historia de producción y desarrollo científico para la producción de litio.


Además, su producción actual está muy por debajo del recurso estimado. En 2020, Argentina representó el 8% de la producción mundial, mientras que Chile representó el 22%, según estimaciones, con dos grandes operaciones operando en cada caso. Bolivia aún no tiene producción a escala industrial.


En Argentina, la exploración de litio se enmarca dentro del marco regulatorio que rige la actividad minera en su conjunto y tiene como objetivo la atracción de inversión privada. En cambio, el litio tiene reglas específicas en Chile, donde el Estado posee la mayoría de las concesiones a empresas privadas. En Bolivia, el litio también se considera un recurso estratégico y el Estado controla su acceso, exploración y producción.



''Los regímenes regulatorios son muy diferentes. No creo que existan las condiciones políticas, regulatorias y de mercado para pensar en una 'OPEP de litio'

Con base en estos diferentes puntos de partida, Martín Obaya, investigador del grupo de expertos argentino Fundar, considera muy poco probable que exista una entidad al estilo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el litio. Reconocida por la ONU, la OPEP abarca 13 países que en conjunto representan el 80,4% de las reservas mundiales de hidrocarburos y, por tanto, intervienen en su suministro.

“Los regímenes regulatorios son muy diferentes y, particularmente en Argentina, las posibilidades de intervención son limitadas. No creo que existan las condiciones políticas, regulatorias y de mercado para pensar en una 'OPEP del litio'”, concluye Obaya.

Obaya también explica que la participación de Argentina, Bolivia y Chile en la producción mundial de litio ha disminuido en comparación con 2011, ya que otros países avanzan en la exploración, aunque a mayores costos.


Cadena de valor


A pesar de los recientes anuncios de inversiones en litio argentino, hasta el momento solo están en operación dos proyectos: uno de la empresa estadounidense Livent, en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca; y otro en el Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, gestionado por la empresa australiana Orocobre, asociada a la japonesa Toyota y la regional Jemse. Ambos están en proceso de expansión.

En un futuro cercano, se espera que entre en operación en el Salar de Cauchari-Olaroz, también en Jujuy, el proyecto Minera Exar, propiedad de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium, con una participación minoritaria en Jemse.

Argentina lithium future

En Argentina, el control de la producción y las salineras está en manos de empresas privadas, con la participación de las provincias y el gobierno nacional, a través de la recaudación de impuestos y regalías. Por eso, el investigador del litio Bruno Fornillo sostiene que Argentina es el país que más dificulta la articulación regional.

“La base para coordinar estrategias es el control estatal y social de las reservas de litio y de la producción primaria. No se puede manejar algo sobre lo que no se tiene control”, dijo Fornillo.


A pesar de no tener control directo sobre el mineral, Argentina quiere incrementar su participación nacional en la cadena de valor del litio, siguiendo su tradición industrial y con un fuerte grado de desarrollo científico.


“El país está en capacidad de fabricar celdas para baterías de litio que podrían servir para almacenar energía en parques solares. Queremos que en el país se procese carbonato de litio. En ese sentido, se están compartiendo experiencias con Bolivia, que también está enfocada en sumar valor", dice Salvarezza, de Y-tec.


Para Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos del Litio Bolivianos, los países deben fortalecer sus relaciones para explorar alternativas de integración. “En los últimos años, estas iniciativas han ganado más espacio. La integración es vital para discutir el papel que queremos jugar en la gestión de la transición energética”, dijo.


''La base para coordinar estrategias es el control estatal y social de las reservas de litio y la producción primaria. No puedes administrar algo sobre lo que no tienes control.
Bolivia cuenta con una fábrica de baterías a escala de laboratorio. Montenegro advierte que la producción a gran escala requiere el suministro de otros metales como el níquel, el manganeso y el cobalto, y que en este caso parece necesaria la integración con los países de la región.


El exejecutivo de la empresa estatal de litio de Bolivia cree que si bien la competencia en el mercado global de baterías está mucho más allá del alcance regional, un posible destino para la fabricación local podría ser el almacenamiento de energía para comunidades rurales fuera de la red nacional.
En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado recientemente un paso hacia la intervención estatal en el control de las salinas.


“Esta es una ley de 'soberanía', porque le permite al Estado ejercer mayor soberanía sobre las salinas”, dice Alfredo Jalife-Rahme, analista político mexicano. Sin embargo, refuerza que “el Estado no tiene ni la tecnología de extracción ni el financiamiento para emprender este tipo de proyectos”.


Jalife-Rahme destaca la buena relación entre los gobiernos de México y Bolivia y los intercambios bilaterales sobre el litio. China es el principal titular de la concesión de exploración de litio en Sonora, México.