Unos 63 candidatos de los postulantes a gobernadores o parlamentarios en las elecciones de octubre enfrentan procesos en la Justicia local, en la mayoría de los casos por improbidad administrativa. La ley brasileña no les impide ser candidatos salvo que hayan sido condenados en segunda instancia. En Paraná todos los candidatos al Senado y Diputados tienen procesos judiciales pendientes.
Cuatro de cada diez candidatos a cargos electivos en las próximas elecciones enfrentan procesos en la Justicia o en Tribunales de Cuentas de Brasil. En total, 63 participantes de la contienda electoral en los estados responden por 327 denuncias, siendo que 46 ya fueron condenados por improbidad administrativa y otras irregularidades.
Los resultados fueron producto de una investigación de la entidad Transparencia Brasil, ONG cuya principal bandera es el combate a la corrupción, que investigó en más de 120 fuentes judiciales los antecedentes de los candidatos a la Presidencia, al Parlamento y a los gobiernos estaduales y municipales.
Uno de los casos más destacados se refiere al estado de Paraná, en donde todos los candidatos a las vacantes del Senado y a la Cámara de Diputados enfrentan algún proceso judicial.
De los procesos judiciales, más de la mitad (36) corresponden a irregularidades referentes al ejercicio de la función pública. Son 249 los procesos que se encuadran en esas características, de los cuales 170 son por improbidad administrativa o daño al erario.
En la definición legal, los actos de improbidad administrativa comprenden conductas consideradas inadecuadas en el ejercicio de la función pública y pueden ser blanco de castigo en caso de enriquecimiento ilícito, lesión al erario o violación a los principios de la administración pública.
Los procesados, no necesariamente están involucrados en irregularidades y pueden ser declarados inocentes en el juicio. Del mismo modo, los candidatos no quedan encuadrados en la Ley Ficha Limpia, una normativa que impide la elección de funcionarios públicos que renunciaron a sus mandatos para escapar del juicio político, o que son condenados en segunda instancia por irregularidades.
Una excepción es el ex gobernador (destituido por corrupción) y ahora candidato a gobernador del Distrito Federal, José Roberto Arruda, quien quedó inhabilitado por el Tribunal Regional Electoral, pero su defensa apeló y espera un juicio en segunda instancia.
Arruda es uno de los cuatro candidatos a gobernador que ya ocuparon el cargo en el pasado y que fueron destituidos. Arruda fue flagrado hace cinco años por cámaras que filmaron cuando recibía dinero en efectivo en calidad de soborno, y oraba en voz alta agradeciendo a dios por ello. La justicia le retiró los derechos políticos por ocho años.
Cassio Cunha Lima, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que se postula al gobierno de Paraíba, fue destituido cuando ocupada el cargo en 2009. Lima fue acusado de comprar votos al distribuir cheques a la población como parte de un supuesto programa asistencial.
Mao Santa (Mano Santa, en castellano), del Partido Social Cristiano (PSC), candidato a gobernador del estado de Piauí, fue destituido en 2001, acusado de abuso de poder económico. El cuarto gobernador cesado fue Marcelo Miranda, Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), candidato en Tocantins, quien perdió su cargo de gobernador en 2009 acusado de compra de votos y abuso de poder.
