Por Rodolfo Varela
Locutor chileno, sobreviviente de la dictadura de 1973
En el Chile de 2025, mientras miles buscan techo y dignidad en campamentos como Placilla y Cerro Centinela, la retórica gubernamental vuelve a repetir las mismas palabras mágicas: “salir de la pobreza”, “salud de calidad”, “vivienda para todos”.
Sin embargo, la experiencia cotidiana de las familias expulsadas, de los exonerados políticos y de las víctimas de la represión muestra otra realidad: promesas vacías, trámites burocráticos interminables y decisiones que, más que resolver, perpetúan la dependencia y la humillación de la gente humilde. El caso del campamento Placilla de San Antonio —organizado, con viviendas sólidas y servicios, y hoy enfrentado a medidas de desalojo— es una muestra dolorosa de cómo las palabras del poder no se traducen en justicia social.
1) Un ejemplo doloroso: Placilla y Centinela
Las familias que han hecho del predio de Placilla y del Cerro Centinela un barrio vivo no esperaron caridades: construyeron escuelas, calles y vida. A pesar de ello, enfrentan órdenes judiciales y la amenaza de desalojo, mientras el Estado discute proyectos, expropiaciones y planes que llegan tardíamente o con toques que buscan administrar la emergencia más que resolverla. El gobierno anunció recientemente un proyecto habitacional para “dar una solución definitiva” al megatoma del Cerro Centinela, pero la tensión entre medidas judiciales y soluciones administrativas revela que la respuesta pública siempre corre detrás de la crisis y nunca la previene. interior.gov.cl/+1
2) Justicia en crisis: cómo la corrupción y la desconfianza agravan el problema
No podemos analizar la tragedia habitacional sin mirar la crisis institucional que la acompaña. Las recientes imputaciones, destituciones y escándalos en la cúpula judicial (casos que han salpicado a ministros como Ángela Vivanco y Sergio Muñoz) alimentan la sospecha de que decisiones capitales —entre ellas órdenes de desalojo— se toman en contextos donde la legitimidad ha sido erosionada por redes de influencia y corrupción. La consecuencia es brutal: comunidades enteras ven su destino decidido en tribunales cuestionados, mientras las soluciones públicas permanecen lentas o simbólicas. BioBioChile+
3) Promesas que encadenan: la retórica de la “nueva izquierda” y su efecto social
La crítica que planteo no es al tema “izquierda” versus “derecha” en abstracto, sino a una práctica recurrente en varios gobiernos latinoamericanos que se autodenominan “progresistas”: usar la agenda social como discurso hegemónico mientras se perpetúan recetas administrativas y políticas que mantienen a los pobres en estado de dependencia.
Puntos claros:
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Promesas sin entregas: programas anunciados con fanfarrias que luego se transforman en concursos, formularios y listas de espera interminables.
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Burocracia como control: requisitos y trámites que más que ordenar la ayuda terminan seleccionando quién merece vivir y quién no —y muchas veces penalizan al más necesitado.
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Clientelismo y permanencia en el poder: incentivos que empujan a las familias a mantenerse atadas a un gobierno que no les da autonomía real (vivienda segura, empleo estable, salud efectiva).
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Hipocresía moral: élites del poder que viven con holgura y repiten el lenguaje de la pobreza como discurso simbólico, pero no cambian las estructuras de acceso ni priorizan la reparación histórica (exonerados, presos políticos, desaparecidos).
Esto no es mera ideología: es una lectura política construida sobre la frustración de barrios que luchan por quedarse en la tierra que habitaron y por el reconocimiento mínimo que el Estado, por obligación, debe darles.
4) La memoria olvidada: reparación, verdad y dignidad
Mientras algunos dirigentes declaman justicia transicional y memoria, muchas víctimas —exonerados, presos políticos, familiares de desaparecidos— siguen sin reparación efectiva. La política de la promesa electoral revive la memoria sólo en campañas; luego, cuando hay que pagar deudas históricas o habilitar programas de reparación, aparecen trabas burocráticas, falta de financiamiento real o la excusa de “prioridades” que nunca coinciden con la urgencia de la gente afectada. Esto es una doble violencia: la material y la simbólica.
5) Qué hacer: exigencias mínimas y urgentes
Una crítica no alcanza si no propone medidas concretas. Propongo, en términos claros:
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Radicación definitiva y programas de regularización acelerada para campamentos con catastro y participación directa de las comunidades. (Las experiencias de Placilla demuestran que hay ciudadela y organización para sostenerlo). www.liberacion.cl
- Transparencia judicial inmediata en procesos que impliquen desalojos masivos: audiencias públicas, peritajes independientes y suspensión de órdenes hasta que se garantice el debido proceso. BioBioChile
Planes de expropiación con prioridad social, no negociación de mercado; que el Estado deje de pensar en la vivienda como mercancía y la considere derecho. Emol
Programas de reparación histórica que no sean discursos: pensiones dignas, reintegración laboral prioritaria, acceso preferente a vivienda y salud para exonerados y víctimas.
Empoderamiento comunitario real: fondos y autonomía para los comités vecinales que han demostrado capacidad de gestión y solidaridad.
Cierre — Una pregunta para Chile y para América Latina ¿Seguiremos permitiendo que las palabras y las ceremonias sustituyan a las políticas efectivas? ¿Hasta cuándo la “nueva izquierda” podrá usar el sufrimiento de la gente como retórica y no como agenda? Urge que los ciudadanos exijan coherencia: que las promesas se traduzcan en casas, empleos, salud y reparación. Si no, el resultado será siempre el mismo: más dependencia, más humillación y más dolor para quienes ya lo han perdido casi todo.
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