Por Rodolfo Varela
Nadie en su sano juicio defiende a un dictador sanguinario, corrupto y vinculado al narcotráfico como Nicolás Maduro. Eso debe quedar absolutamente claro desde el inicio.
Pero una cosa es denunciar una dictadura, y otra muy distinta es sobrepasar los límites de la soberanía de una nación, violando el derecho internacional y abriendo una herida que la historia de América Latina conoce demasiado bien.
Lo digo con conocimiento de causa y con experiencia propia.
Chile también fue “salvado” en nombre de la democracia.
Estados Unidos financió, apoyó y legitimó una dictadura que dejó miles de muertos, torturados, exiliados y desaparecidos. El resultado no fue democracia: fue terror de Estado.
Ese es el verdadero peligro que hoy se vuelve a normalizar.
El falso dilema moral
El debate no es Maduro sí o Maduro no.
El debate es si una potencia puede decidir unilateralmente quién gobierna otro país, capturar a un líder extranjero en territorio ajeno y justificarlo con palabras mágicas como “democracia”, “libertad” o “operación policial”.
Cuando eso ocurre, la legalidad internacional deja de existir y pasa a regir la ley del más fuerte.
Dos principios en tensión
El derecho internacional enfrenta hoy uno de sus dilemas más complejos:
1. La soberanía nacional
Consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Este principio existe precisamente para evitar que potencias extranjeras utilicen discursos morales como excusa para invasiones con intereses económicos, estratégicos o geopolíticos.
2. La Responsabilidad de Proteger (R2P)
Un compromiso político —no una carta blanca— que sostiene que la soberanía implica responsabilidad. Si un Estado no protege a su población frente a crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional puede actuar, pero siempre bajo mandato multilateral, nunca de forma unilateral.
Confundir R2P con intervenciones unilaterales es una manipulación peligrosa.
El riesgo del precedente
Normalizar operaciones militares o policiales transfronterizas sin autorización de la ONU abre una auténtica caja de Pandora.
Hoy es Venezuela.
Mañana puede ser cualquier país débil, incómodo o estratégicamente útil.
Ese precedente fractura el orden global, destruye el derecho internacional y legitima un mundo donde la fuerza sustituye a la ley.
La realidad en 2026
Hasta ahora, organismos como la OEA y la propia ONU han optado —con razón— por vías diplomáticas: presión política, sanciones, mediación y aislamiento internacional.
Una intervención militar directa no solo sería ilegal, sino que podría desencadenar un conflicto regional de gran escala.
El desafío no es invadir, sino restaurar la democracia sin provocar una tragedia mayor.
La ilegalidad es clara
Según el derecho internacional, cualquier acción de Estados Unidos que sobrepase la soberanía venezolana para arrestar a un líder sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU es considerada ilegal.
Se vulneran principios fundamentales:
-
El respeto a la soberanía nacional
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La prohibición del uso de la fuerza
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La no injerencia en asuntos internos
No existe ningún mandato de la ONU que autorice este tipo de operaciones.
Las justificaciones de Washington —narcotráfico, terrorismo, “operaciones policiales”— no sustituyen un mandato internacional y han sido ampliamente cuestionadas por juristas y gobiernos.
Nicolás Maduro detenido por tropas de la DEA legitima la hipótesis de NarcoestadoEl verdadero problema de fondo
Lo que ocurre en América Latina no es casualidad.
Es el resultado de gobiernos de derecha y de izquierda igualmente irresponsables, corruptos e incompetentes, que destruyeron la educación, la salud, la vivienda y la dignidad de sus pueblos.
Estados fallidos, poblaciones empobrecidas, desinformadas y dependientes del asistencialismo crean el escenario perfecto para que las potencias se sientan con derecho a intervenir.
Primero abandonan a los pueblos.
Después dicen venir a “salvarlos”.
Conclusión
Defender la soberanía no es defender dictaduras.
Es defender un principio básico para evitar que la historia vuelva a repetirse.
Quienes vivimos el exilio, la persecución y la dictadura sabemos cómo termina este camino.
Nunca empieza con bombas.
Siempre empieza con discursos.
Y América Latina ya pagó ese precio demasiadas veces.
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