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NOTICIAS DE LATINOAMERICA
2010/05/20
Noticias de Chile
Las víctimas de Pinochet piden excluir a los represores
del indulto del Bicentenario
Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron hoy a la Iglesia católica chilena excluir de su proyecto de indulto por el Bicentenario de la Independencia a los condenados por delitos de lesa humanidad.
"Le hemos pedido al cardenal que se excluyan del proyecto que la Iglesia presentará al Gobierno a los condenados por delitos de lesa humanidad", dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La petición la hicieron dirigentes de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de Ejecutados Políticos (AFEP) en una reunión con al arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.
El indulto, según han planteado las autoridades de la Iglesia, tiene una inspiración bíblica, que favorece la vida según la dignidad humana y se hace eco del lema "Chile una mesa para todos".
En ese marco, debería favorecer a presos con buena conducta que hayan cumplido gran parte de sus penas, especialmente ancianos y enfermos o madres con hijos pequeños.
Los familiares de víctimas han planteado su inquietud ante la posibilidad de que el beneficio incluya a los antiguos represores de la dictadura condenados por violaciones a los derechos humanos.
"Le hemos pedido al cardenal que se excluyan del proyecto que la Iglesia presentará al Gobierno a los condenados por delitos de lesa humanidad", dijo tras la reunión de hoy a los periodistas Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
Según afirmó, decidieron plantear la petición directamente al prelado porque consideran que la posición de la Iglesia, que ha hablado de un indulto "sin exclusiones", ha sido ambigua.
En opinión de Pizarro, la Iglesia "parece que trata de borrar con el codo lo que escribió con la mano", en alusión a la ayuda que durante la dictadura la Iglesia brindó a las víctimas de Pinochet.
El cardenal, dijo la dirigente, aseguró que plantearía la petición a la Conferencia Episcopal y posteriormente les dará la respuesta, pero también les indicó que el indulto, en el marco del Bicentenario, que se celebra este año, debe ser aplicado con criterios de misericordia.
También les dijo que la decisión final no depende de la Iglesia católica sino del Gobierno, a lo que las agrupaciones le señalaron que lo más importante es si se incluye o excluye a los represores y que el proyecto debería decir explícitamente que por ningún motivo se les considere.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) 2.279 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig.
En tanto, en 2005 la Comisión Valech estableció que más de 28.000 chilenos fueron torturados y sufrieron la prisión por causas políticas en ese período.
Por esos crímenes, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones a los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.
Prácticamente la totalidad de los represores condenados son de avanzada edad y muchos padecen diversas enfermedades, que sus abogados esgrimen como argumentos para que sean tomados en cuenta en el indulto.
El indulto, según han planteado las autoridades de la Iglesia, tiene una inspiración bíblica, que favorece la vida según la dignidad humana y se hace eco del lema "Chile una mesa para todos".
En ese marco, debería favorecer a presos con buena conducta que hayan cumplido gran parte de sus penas, especialmente ancianos y enfermos o madres con hijos pequeños.
Los familiares de víctimas han planteado su inquietud ante la posibilidad de que el beneficio incluya a los antiguos represores de la dictadura condenados por violaciones a los derechos humanos.
"Le hemos pedido al cardenal que se excluyan del proyecto que la Iglesia presentará al Gobierno a los condenados por delitos de lesa humanidad", dijo tras la reunión de hoy a los periodistas Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
Según afirmó, decidieron plantear la petición directamente al prelado porque consideran que la posición de la Iglesia, que ha hablado de un indulto "sin exclusiones", ha sido ambigua.
En opinión de Pizarro, la Iglesia "parece que trata de borrar con el codo lo que escribió con la mano", en alusión a la ayuda que durante la dictadura la Iglesia brindó a las víctimas de Pinochet.
El cardenal, dijo la dirigente, aseguró que plantearía la petición a la Conferencia Episcopal y posteriormente les dará la respuesta, pero también les indicó que el indulto, en el marco del Bicentenario, que se celebra este año, debe ser aplicado con criterios de misericordia.
También les dijo que la decisión final no depende de la Iglesia católica sino del Gobierno, a lo que las agrupaciones le señalaron que lo más importante es si se incluye o excluye a los represores y que el proyecto debería decir explícitamente que por ningún motivo se les considere.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) 2.279 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig.
En tanto, en 2005 la Comisión Valech estableció que más de 28.000 chilenos fueron torturados y sufrieron la prisión por causas políticas en ese período.
Por esos crímenes, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones a los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.
Prácticamente la totalidad de los represores condenados son de avanzada edad y muchos padecen diversas enfermedades, que sus abogados esgrimen como argumentos para que sean tomados en cuenta en el indulto.
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Actualizada,19/05/2010
Se consolida criminalización de lucha social
Represión contra los trabajadores mineros
Fuente:Rebelión
Con violencia y a 4.400 metros de altitud aterrizó un avión Hércules de la FACH, con más de 10 carros policiales y, por lo menos, 300 efectivos para ahogar la huelga de los trabajadores contratistas de la Minera de Collahuasi. Según un trabajador que salió al aire el 12 de mayo en Radio Bío Bío, los policías habrían “disparado a matar” contra varios centenares de trabajadores que ocupaban la ruta. Hasta ahora, hay confirmados tres heridos.
Un conjunto de sindicatos de trabajadores tercerizados que representan a 4 mil personas levantó un pliego de peticiones incontestado por la empresa, propiedad de las multinacionales Xstrata plc (44%), Anglo American (44%), y un consorcio japonés (12%) compuesto por Japan Collahuasi Resources BV, Mitsui & Co. Ltd., Nippon Mining & Metals Co. Ltd. y Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. La empresa operadora es la Compañía. Minera Doña Inés de Collahuasi.
La Minera Collahuasi se ubica a menos de 200 kilómetros de Iquique y a 1.800 de Santiago. Produce el 3 % del metal rojo que oferta la industria del cobre en Chile a todo el planeta.
LAS PETICIONES
Los mineros cupríferos demandaban diálogo con la gerencia para mejorar las condiciones del campamento donde alojan por graves problemas de hacinamiento, entre otras deficiencias. Asimismo, los trabajadores reivindicaban un bono de 1 millón 500 mil pesos proveniente de las ingentes utilidades de la mina (alrededor de 800 mil millones de pesos anuales o 1. 500 millones de dólares); equidad en temas de alimentación y atención de salud en la faena respecto de los mineros contratados directamente por la empresa; y la aplicación de la parte de la ley laboral correspondiente a trabajo pesado. Es decir, sólo demandas de este mundo.
LA MOVILIZACIÓN
Con el objetivo de presionar por sus exigencias, los mineros en huelga, ya rotas las conversaciones por las negativas de la gerencia, bloquearon las rutas de acceso a la mina. Sin embargo, la respuesta de los intereses empresariales contra los trabajadores se tradujo en un represivo operativo militar y policial, dejando una vez más al descubierto la verdadera naturaleza del Estado y el gobierno de turno.
LA ESTRATEGIA REPRESIVA DEL ESTADO
Como si no bastara con la violencia armada impuesta contra la movilización minera, la empresa presentó una querella por “daños y secuestro”. Del otro lado, los trabajadores realizarán una acusación contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “por violaciones a tratados internacionales.”
De acuerdo a fuentes que solicitaron mantener su anonimato ante posibles represalias, “la Minera Collahuasi paga medios de comunicación en la zona; paga instituciones; paga candidaturas.” Ello explicaría la opaca, arbitraria y parcial información en relación al conflicto sindical.
En este sentido, pero de manera ampliada, esta vez fuentes de La Moneda, explicaron la nueva estrategia gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente, el 9 de marzo (Día de la Mujer), lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”.
La estrategia es sencilla y antigua. Fuertes medidas “precautorias” como llenar de fuerzas especiales de carabineros y gases lacrimógenos los escenarios de concentración; intimidar por número y presencia; y efectuar allanamientos a discreción. Los objetivos y procedimientos están ligados a la criminalización de la protesta y organización social; el establecimiento de un Estado policíaco; y la defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de los asalariados.
De todos modos, el “nuevo” plan ya habría sido inaugurado antes de la llegada de Piñera, con la militarización e imposición del toque de queda en las regiones siniestradas por el terremoto-maremoto del 27 de febrero. También es posible advertir el mismo estilo –empleado durante los gobiernos de la Concertación- contra líderes del pueblo mapuche. De hecho, el pasado jueves 13 de mayo en Temuco, fue allanada la casa de Waikilaf Cadin Calfunao donde se aloja Alejandro Stuart, poeta, fotógrafo y miembro de la Asociación de Reporteros Independientes. Waikilaf ya había sido detenido, junto a otras 16 personas, en una marcha por la libertad de lo presos políticos mapuche.
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