Por: Rodolfo Varela
Es habitual abrir las redes sociales y encontrarse con análisis de periodistas e intelectuales de izquierda que, desde cómodas capitales europeas, opinan sobre Brasil, Chile y el resto de América Latina.
Algunos de esos análisis sorprenden por su superioridad moral y por la distancia que mantienen respecto de la realidad cotidiana de nuestros pueblos. Desde la teoría, se idealizan proyectos políticos y se defienden discursos que no siempre resisten el contraste con las experiencias de quienes viven diariamente las dificultades de nuestra región.
Yo no hablo solamente desde los libros ni desde la teoría. Soy un hombre de izquierda que conoció las consecuencias de la dictadura, sufrió la persecución y tuvo que abandonar Chile, dejando atrás una parte fundamental de su vida. Llevo más de cincuenta años viviendo en Brasil y mantengo un vínculo permanente con mi país natal. Mi trayectoria personal y profesional me ha permitido observar de cerca las dificultades sociales, las desigualdades y las aspiraciones de nuestros pueblos.
Precisamente por esa experiencia, me niego a aceptar que las convicciones políticas deban convertirse en una excusa para justificar errores, abusos o promesas incumplidas. La lealtad a los ideales no puede confundirse con la obediencia incondicional a quienes ejercen el poder.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva merece ser evaluado con ese mismo criterio. Sus promesas deben contrastarse con los resultados concretos en materia de salud pública, educación, seguridad, empleo y calidad de vida. También corresponde examinar la eficiencia del gasto público, incluidos los viajes oficiales, mediante cifras transparentes y comparaciones que permitan determinar si los recursos se utilizan de manera justificada.
Gobernar no consiste únicamente en representar al país en el exterior ni en pronunciar discursos sobre justicia social. También exige responder a las necesidades de quienes esperan atención médica, educación de calidad, seguridad, oportunidades y condiciones dignas para sus familias.
A estas preocupaciones se suman las controversias relacionadas con el Banco Master y las investigaciones que involucran a distintas figuras públicas. Los procedimientos judiciales deben avanzar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso. Las sospechas tienen que investigarse, las responsabilidades deben establecerse mediante pruebas y nadie puede ser considerado culpable antes de que corresponda jurídicamente.
La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones, especialmente cuando las controversias afectan a instituciones de las que depende la confianza pública. La independencia judicial no significa inmunidad frente a la crítica, del mismo modo que la crítica no autoriza a condenar anticipadamente a nadie.
Esta es una de las razones por las que considero necesario recuperar el sentido histórico de la izquierda. Sus grandes aspiraciones nacieron de las luchas de trabajadores, de las demandas por mejores condiciones de vida y de la búsqueda de una sociedad menos desigual. No fueron concebidas para convertirse en privilegios de una élite política.
Cuando los dirigentes se distancian de las necesidades populares, cuando sus discursos dejan de corresponderse con sus resultados y cuando la defensa de un proyecto político se transforma en una justificación permanente de sus errores, surge una pregunta inevitable: ¿a quién están representando realmente?
Criticar esa distancia no significa defender automáticamente a la derecha. Tampoco implica negar los avances que un Gobierno pueda haber conseguido. Significa aplicar el mismo criterio a todos: transparencia, responsabilidad, respeto por las instituciones y resultados concretos para la población.
No creo que la izquierda tenga el monopolio de la justicia social, ni que la derecha tenga el monopolio de los errores. Ningún sector político merece un cheque en blanco. La democracia necesita ciudadanos capaces de cuestionar a sus propios representantes, incluso cuando comparten con ellos una historia, una ideología o una esperanza.
En este escenario, el voto castigo adquiere una importancia particular. Cuando una parte del electorado considera que sus representantes no han cumplido sus compromisos, puede expresar su descontento en las urnas. Sin embargo, cada elección tiene sus propias circunstancias y sus resultados deben analizarse sin simplificaciones ni triunfalismos.
Los ciudadanos no necesitan que intelectuales, dirigentes o comentaristas decidan por ellos lo que deben pensar. Necesitan información confiable, debates honestos y la posibilidad de evaluar a sus gobernantes a partir de sus acciones.
La política no puede reducirse a defender siglas, nombres o liderazgos. Su razón de ser debe estar en las personas, especialmente en aquellas que trabajan, producen, educan a sus hijos y esperan que las instituciones respondan a sus necesidades.
Después de haber vivido la persecución política y el exilio, mantengo una convicción que considero irrenunciable: ninguna ideología está por encima de la dignidad humana, y ninguna autoridad está por encima de la obligación de rendir cuentas.
La verdadera lealtad a los ideales no consiste en aplaudir siempre a quienes dicen representarlos, sino en exigirles que los respeten.
Porque la democracia no se fortalece con la obediencia ciega, sino con ciudadanos informados, instituciones transparentes y pueblos libres para elegir, cuestionar y cambiar a sus gobernantes.
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