Artigo de : Febrero de 2008
Entre finales de diciembre y principios de enero, el pueblo mapuche recrudeció las protestas en Chile. Las manifestaciones tomaron aún más fuerza tras la muerte de un estudiante mapuche durante una protesta que exigía la devolución de tierras invadidas por una de las empresas madereras más grandes del país. Otra indignación de los indígenas chilenos se refiere a la “ley antiterrorista”, de la época de la notoria gestión militar fascista de Pinochet, aplicada actualmente en la criminalización de los indígenas.
El pueblo mapuche lucha sin descanso contra los terratenientes, exigiendo que abandonen sus territorios de inmediato. Estos pueblos indígenas se concentran principalmente en las regiones centro-sur de Chile y en el sureste de Argentina. Son históricamente perseguidos y reprimidos y hoy representan unos 900 mil habitantes.
Durante la década de 1990, los mapuche se destacaron por generar numerosas protestas contra empresas forestales y propietarios agrícolas. Las tierras en pugna se caracterizan por su alta fertilidad, en especial las del Bío Bío y la Araucanía, actualmente infestadas de plantaciones de pinos y eucaliptos, en las que prevalece el monocultivo y, por ende, perjudicando el ecosistema de quienes dependen de esas tierras.
A principios de enero, un grupo de unos 10 encapuchados prendieron fuego a dos camionetas en la Región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago, en repudio por la muerte del estudiante universitario mapuche Matías Catrileo, de 22 años, quien fue baleado con metralletas por la policía cerca de la finca Santa Margarita el 3 de enero. Catrileo protestó por la devolución de las tierras de su pueblo.
Los mapuches se negaron a entregar el cuerpo a las autoridades médicas legales porque sospechaban de un posible cambio en las pruebas de muerte que incriminaría al aparato represor.
El gobierno chileno advirtió que "Chile es un Estado de derecho y las personas tienen todo el derecho a manifestarse, siempre que lo hagan por medios pacíficos, sin alterar ni violar los derechos de los demás". Pero lo que sucede cuando los indígenas reclaman el legítimo derecho a la tierra es la movilización del gobierno con sus fuerzas de represión para golpear y asesinar a los manifestantes.
El Estado chileno no escatima esfuerzos en la represión mapuche. Los pueblos indígenas, a su vez, necesitan tierras para sobrevivir. Pero en defensa de la propiedad privada, especialmente en esta época del año, que es apta para la cosecha, los parlamentarios afirman que la represión es necesaria para que "no se generen problemas a la economía regional".
Los mapuche exigen el cese de la aplicación de la "ley antiterrorista", vigente en el país desde 1984, promulgada durante la administración de Augusto Pinochet (1973-1990). Además de que la ley tiene disposiciones que duplican automáticamente las penas de los condenados, ayuda a criminalizar cualquier lucha indígena, que también viola los derechos humanos. Entre otras atribuciones está la supresión del derecho al hábeas corpus y la consolidación del "enemigo interno", mecanismo que permite al aparato policial y militar torturar y arrestar a su antojo bajo el pretexto de la violación de la propiedad privada, la tierra y la "amenaza de la gente". . Aproximadamente 500 personas permanecen en prisión en Chile bajo esta ley.
Chile es un país que se supone democrático, pero que esconde prácticas de tortura y políticas genocidas. De esta forma, los latifundios se apoderaron de la tierra, teniendo poder y privilegios que mantienen utilizando fuerzas paramilitares, cuando no cuentan con fuerzas de seguridad oficiales. El etnocidio, por tanto, es uno de los subsidios conquistados por las empresas transnacionales con la explotación de los pueblos indígenas. Los recursos petrolíferos e hidráulicos, junto con la madera, son los más explotados. Por ejemplo: en 1999, la transnacional Ralco se apoderó de los territorios del pueblo indígena Pehuenche, provocando la desaparición de su patrimonio cultural.
En defensa de sus derechos territoriales, la resistencia del pueblo mapuche ha provocado el descontento de la clase dominante chilena. En 2001, cuatro líderes de comunidades mapuche —Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao, Florencio Marileo y Patricia Troncoso— de la ciudad de Ercilla, a 560 kilómetros de Santiago, también en la fértil región de la Araucanía, fueron acusados de quemar unas 100 hectáreas de pino árboles pertenecientes a la empresa Florestal Mininco. Contra ellos se aplicó la ley antiterrorista. La decisión judicial fijó una indemnización para los imputados con el pago de 423 millones de pesos, equivalentes a US$ 821.000.
Los acusados en virtud de las leyes excepcionales suelen permanecer en prisión preventiva durante más de un año antes de que su caso llegue a juicio. Cuando se establece el juicio, se arma el circo. En uno de los intentos de inculpar a los imputados, los testigos de cargo comparecieron con el rostro cubierto y sin nombre ni lugar de procedencia. Al parecer, algunos de sus propios compañeros mapuche, torturados, amenazados de muerte y cooptados por dinero, los culpan del incendio. En otro juicio, tras vencer el miedo a las represalias, se invirtieron las cuentas y se dijo la verdad de los hechos. Sin embargo, el juez suspendió el juicio por orden del Estado, retrasando la sentencia.
En 2003, en un intento por revertir la alarmante situación contra los indígenas chilenos, el informe del Relator de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhargen, luego de pasar dos años investigando el caso, recomendó a la dirección chilena no criminalizar ni sancionar las legítimas actividades de protesta de las comunidades. indígena. Una parte del informe llama rápidamente a "reformar el procedimiento penal de los testigos sin rostro; no aplicar el concepto de amenaza terrorista a acciones relacionadas con la lucha por la tierra, o reclamos indígenas legítimos". Sin embargo, el gobierno chileno continúa con el firme propósito de exterminar al pueblo mapuche y, con ese objetivo, ignora los tratados internacionales.
En octubre de 2007, ante la indignación pública, los presos iniciaron una huelga de hambre. Patrícia Troncoso estuvo 106 días sin comer el 23 de enero de 2008, cuando fue internada contra su voluntad en un hospital para recibir alimentación forzada, otro tipo de tortura. Ella protesta contra las frecuentes torturas físicas y psicológicas, el mal estado del sistema penitenciario y por la libertad de los mapuches. Además de la libertad de los presos políticos, se exige la desmilitarización de las zonas de conflicto y el cese de la invasión de viviendas por parte de los militares.
Patricia ya ha perdido 22 kilos. En una carta escrita a la mandataria del Estado chileno Michele Bachelet, Troncoso se desahoga: “¿Tú, que fuiste preso político y torturado, ahora sientes placer en torturarnos? Qué pena que hayas olvidado lo que es el encarcelamiento político y la muerte de tanta gente. Usted, con la actitud soberbia de su gobierno y sus representantes, hoy nos tortura y nos condena a una muerte silenciosa". Mientras los detenidos no sean liberados, los mapuche seguirán resistiendo.
Rodolfo Varela
Locutor y Publicista
Fuente: A Nova Democracia
