En Chile, un grupo de fiscales y reporteros de investigación han revelado durante más de un año una intrincada red ilegal de contribuciones a campañas electorales, sobornos y corrupción, que ha implicado a importantes empresarios, a miembros del congreso y a la familia presidencial.
Natalia Compagnon, la nuera de la presidenta de Chile, fue acusada en enero de emitir facturas falsas y evadir impuestos relacionados con un negocio que produjo ganancias de millones de dólares para su compañía.
Las revelaciones, publicadas por una prensa valiente y alimentadas con la filtración de nombres y documentos, llevaron al senado a aprobar una ley que podría castigar hasta con 541 días de prisión a cualquiera que haga pública información sobre investigaciones judiciales en curso.
Los periodistas la califican como una “ley mordaza” que restringiría la libertad de información al público en una época en que la élite gobernante pasa por momentos vergonzosos.
“¿Por qué esto nunca se discutió cuando los reporteros obtuvieron expedientes relacionados a otro tipo de criminales?”, dijo Javiera Olivares, la presidenta del Colegio de Periodistas en Chile. “Los derechos de esa gente también se afectaron, pero esta ley se aprueba cuando son los poderosos quienes están bajo escrutinio”.
Los escándalos salieron a la luz pública a fines de 2014, cuando los investigadores empezaron a desentrañar un sistema de facturas falsas emitidas por una de las compañías financieras más grandes de Chile, el Grupo Penta, que se usaban para malversar fondos a las arcas de la campaña electoral del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), y a la vez esto se usaba para evitar el pago de impuestos.
Estas indagaciones lograron que se investigara al gigante minero Sociedad Química Minera de Chile (SQM), que controla la mayoría de la producción de litio del país. SQM se privatizó durante el régimen de Augusto Pinochet, cuya dictadura en Chile duró de 1973 a 1990, y se vendió al exyerno del dictador, Julio Ponce Lerou, quien ha estado al frente de la compañía desde entonces. Los investigadores descubrieron que SQM ha financiado las campañas de candidatos presidenciales de todo el espectro político, incluyendo a la mayoría de la coalición gobernante de centro-izquierda, la Nueva Mayoría.
Los fiscales investigan a más de 190 ejecutivos de negocios, a políticos y a una gran variedad de intermediarios acusados de evasión fiscal, fraude, emisión de facturas falsas, lavado de dinero y soborno.
Se espera que haya más acusaciones en las próximas semanas, como los cargos contra Laurence Golborne, candidato presidencial de la UDI en 2013, quien se hizo famoso cuando era ministro de minería durante el rescate de los 33 mineros chilenos en 2010. Los fiscales dijeron que “pronto” será acusado por evasión fiscal en conexión con los fondos de campaña recibidos de Penta.
Hasta ahora Ponce, el jefe de SQM, ha logrado evadir los cargos. Sin embargo, se filtraron correos electrónicos de 2010 entre el gerente general de SQM, Patricio Contesse y Pablo Longueira, quien para ese entonces era senador de la UDI, que muestran cómo discutían los cambios de un proyecto de ley sobre las regalías mineras, y cómo Contesse redactó modificaciones que beneficiaron a la compañía y que Longueira las introdujo en el proyecto. La ley fue aprobada cuando este último era ministro de economía.
Longueira renunció a su partido el mes pasado, negó las acusaciones y se quejó de que los medios de comunicación ya lo habían condenado de antemano. Se espera que él y Contesse sean acusados de soborno el primero de junio, dijo la fiscalía.
También hay investigaciones sobre malversación de fondos públicos por parte de los militares, colusión entre los mayores productores de papel, fraude fiscal y lavado de dinero por parte del exlíder de la Federación de Fútbol de Chile, Sergio Jadue, quien ahora coopera con oficiales estadounidenses en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la FIFA.
También está bajo escrutinio la Exdiputada Marta Isasi, a quien se le acusa de recibir más de 27 millones de pesos en 2009 de Corpesca, una de las compañías pesqueras más grandes de Chile, cuando el congreso debatía una nueva legislación para la pesca industrial.
“El grado de corrupción es enorme”, dijo Carlos Huneeus, profesor de derecho en la Universidad de Chile y autor del libro “La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet”. “El interés público está subordinado a los intereses privados, y cuando no existe una distinción clara entre ellos, se le abre la puerta a infinitas oportunidades de corrupción”.
Investigaciones previas se centraron en la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, a quien se le acusó en enero de emitir facturas falsas y evadir impuestos relacionados con un negocio que generó ganancias de millones de dólares para su compañía llamada Caval.
Muchos chilenos de alto perfil eran clientes de Mossack Fonseca, la firma panameña cuyos documentos se filtraron recientemente y fueron publicados por un consorcio de medios de comunicación. El Servicio de Impuestos Internos de Chile anunció que llevará a cabo una “exhaustiva” investigación al respecto.
Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, que es el mayor periódico chileno, aparece en la lista de los Papeles de Panamá, al igual que Hernán Büchi, un exministro de finanzas durante la dictadura de Pinochet; Alfredo Ovalle, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), así como el astro del fútbol, Iván Zamorano. El presidente de la sección chilena de Transparencia Internacional, Gonzalo Delaveau, renunció el lunes después de que su nombre apareciera como agente de cinco compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas, cuya dueña es la compañía minera Andes Copper, donde es director.
Los detalles de estos grandes escándalos y sus ramificaciones, que salen a la luz casi a diario, se han vuelto un tema primordial en Chile, lo que ha incrementado las dudas sobre el sistema político y los líderes del país.
“Es justo decir que quienes ocupamos puestos de toma de decisiones estamos siendo duramente cuestionados y hemos perdido legitimidad, partiendo por el poder ejecutivo”, dijo el presidente del senado, Ricardo Lagos Weber. “Pero no somos indolentes. Hemos tomado acción”.
El año pasado, Bachelet designó un comité asesor para proponer límites a los gastos de campaña, controles a los partidos políticos y prohibir donaciones empresariales; estas medidas se pondrán a prueba por primera vez en las elecciones municipales de octubre.
“Estas nuevas regulaciones harán que las próximas elecciones sean radicalmente distintas, pero no cambiarán la percepción del público de que los políticos son corruptos”, dijo Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y un exmiembro del comité asesor.
Con pocos líderes políticos intachables, muchos de los partidos políticos tradicionales recurren a expresidentes para que se postulen a las campañas presidenciales y legislativas del año próximo. La derecha promueve al empresario Sebastián Piñera, quien sirvió de 2010 a 2014, y algunos miembros de la coalición gobernante apoyan a Ricardo Lagos, presidente de 2000 a 2006, quien cumplirá 80 años cuando el próximo presidente comience su mandato.
“Lo que veremos en las próximas elecciones es una repetición del mismo ciclo político de los últimos 25 años, con muy pocos nuevos actores”, sentenció Fuentes.
