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2013/08/23

Chile:Exjuez argentino a punto de ser extraditado

El exjuez argentino Otilio Romano, cuya extradición fue aprobada por la Corte Suprema de Chile, ya se encuentra en las instalaciones de la Interpol en esta capital a punto de ser enviado de vuelta a su país.


Romando huyó en 2011 a esta nación austral tras ser destituido en Argentina por encubrir un centenar de casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).

El exjuez fue traído la víspera desde Viña del Mar a las dependencias de la Interpol en Santiago de Chile y hoy será puesto en manos de la Corte Suprema para que haga efectiva la extradición, aprobada por el máximo tribunal el pasado miércoles.

Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile lo detuvieron en su departamento en Reñaca, donde cumplía arresto domiciliario nocturno, según un reporte de Radio Biobío.

La Corte Suprema dio luz verde a la resolución del ministro instructor Sergio Muñoz, quien había dictaminado el envío de Romano de vuelta a su país, para que responda ante la justicia por el amparo de delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

La extradición fue otorgada pues, en correspondencia con el Código Penal Argentino, Romano amparó 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de tortura, uno de allanamiento ilegal y uno de denegación de justicia.

En mayo de 2012 el gobierno chileno rechazó la solicitud de refugio político que le hiciera el exjuez Romano, por lo que perdió la visa que le permitía permanecer en Chile y quedó sujeto a la decisión de la Corte Suprema, que tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de extradición presentada por Argentina.

Prófugo de la justicia en su país, huyó a Chile en agosto de 2011, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por ocho meses.

Desde su ingreso en territorio chileno, organizaciones defensoras de los derechos humanos en esta capital exigieron a la administración de Sebastián Piñera su expulsión.

Alegaron su pasado como represor y su expediente criminal en el que se le imputa haber cerrado la causa de un detenido desaparecido para quedarse con su hija.