El Consejo de Administración de la petrolera estatal Petrobras confirmó hoy en la presidencia de la mayor empresa de Brasil a María da Graça Foster, en medio de versiones sobre su posible salida por las investigaciones de corrupción en torno a algunos negocios de la compañía.
La confirmación fue comunicada en una nota de prensa divulgada tras la reunión en la que el Consejo de Administración analizó hoy los resultados del segundo trimestre del año.
"Petrobras comunica que su Consejo de Administración refuta, por falsas, todas las especulaciones sobre la salida de la presidenta María da Graça Forte", afirma la nota.
Las versiones sobre la supuesta renuncia o destitución de Foster surgieron luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que investiga una denuncia contra Petrobras por mala gestión, admitiera que estudia pedir el embargo de sus bienes por su presunta responsabilidad en una decisión que generó pérdidas para la empresa.
La reunión que los magistrados del tribunal iban a tener esta semana para analizar la medida fue aplazada a petición del jefe de la Abogacía General del Gobierno, Luiz Inácio Adams, quien opina que con sus bienes embargados, Foster no podría permanecer al frente de la empresa.
"Pese a estar dirigida contra la persona física de Graça Foster, la decisión afecta la propia gestión de la empresa. Su comando quedaría inviable porque le restaría legitimidad", dijo Adams en una entrevista publicada hoy por el diario O Globo.
El TCU responsabilizó de los perjuicios económicos que causó a Petrobras la compra de una refinería en Estados Unidos en 2006 a los antiguos directores de la empresa, a quienes embargó los bienes y les ordenó a pagar una indemnización de 792,3 millones de dólares.
Foster, pese a que formaba parte de la dirección en la época, inicialmente fue excluida, lo que el tribunal atribuyó a un error. Los magistrados pretendían corregirlo en la reunión que fue aplazada.
El polémico negocio, que también es objeto de investigación por parte de una comisión parlamentaria y de la Fiscalía de Río de Janeiro, se refiere a la compra de una refinería en Pasadena (Texas).
Petrobras compró la mitad del capital de la refinería por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42,5 millones de dólares por la totalidad de la planta.
Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares por la otra mitad del capital.
Un total de 26 ataques se han registrado solo en lo que va del año.El caso muestra la fragilidad de los servicios de inteligencia del país.
Un problema inesperado y complejo se ha cruzado en las prioridades del Gobierno de Michelle Bachelet, que nada tiene que ver con su agenda de reformas: el rebrote de los atentados con explosivos en Santiago, atribuidos a grupos antisistema.
El primero de los ataques, con el que se inauguró lo que en Chile se conoce como caso Bombas, se produjo en un supermercado en 2005. Desde entonces, con periodos de mayor y menor intensidad, los autores no han dejado de actuar. Solo hay dos condenados para los 198 ataques. Aunque hasta la fecha no se han producido muertos —salvo el autor de uno de los ataques, a quien le estalló su explosivo— el conflicto preocupa a las autoridades. Solo este año se han producido 26 ataques. Uno de ellos prendió todas las alarmas del Ejecutivo y la policía: se produjo el 13 de julio en una estación del metro de Santiago a una hora en que todavía había pasajeros, algo que nunca antes había sucedido. Una semana después el objetivo era una guardería. El artefacto fue desactivado antes de estallar.
Con este telón de fondo, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, participó el lunes en una cumbre sobre seguridad en el Senado que duró cerca de 10 horas y en la que intervinieron las principales autoridades del sistema judicial y penal. El Gobierno aprovechó la ocasión para anunciar una completa reforma del sistema nacional de inteligencia con la intención de modernizarlo frente a amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
La preocupación del Gobierno por la inteligencia chilena no es casual. El hecho de que en nueve años estos grupos no hayan sido desarticulados refleja la deficiente persecución policial, los problemas que presenta la Ley Antiterrorista vigente, cuya reformulación estudia un grupo de expertos convocados por Bachelet, y el poco fructífero trabajo de información.
De las 26 bombas que se han colocado este año, cuatro han llegado a estallar. El último caso se produjo en la madrugada del 22 de julio frente a la iglesia de Santa Ana, sita en el centro de Santiago. El explosivo, de fabricación casera, se hallaba dentro de una mochila. La policía encontró panfletos de grupos anarquistas que solicitaban la liberación de dos chilenos procesados por terrorismo en España por hacer estallar un artefacto en la Basílica del Pilar de Zaragoza en octubre pasado.
A petición del Gobierno de Bachelet, desde la semana pasada hay designado un fiscal con dedicación exclusiva a para investigar la sucesión de ataques. La situación preocupa porque, como no había sucedido hasta la fecha, los ataques en 2014 tienen características distintas: se han producido en horarios hábiles y en lugares donde habitualmente transita gente. De acuerdo con estadísticas policiales, dadas a conocer por el periódico El Mercurio, de los 198 artefactos instalados desde 2005, un total de 133 han llegado a explotar.
Este año ha registrado la tasa más alta de incidentes. La mitad de los atentados han sido reconocidos por 31 grupos anarquistas que, hasta ahora, casi siempre hacen explotar las bombas cerca de la medianoche. Muestran preferencia por determinado tipo de objetivos: bancos, cuarteles policiales, de la Gendarmería y del Ejército, iglesias y supermercados. En 81 de los casos, los grupos utilizaron extintores y la pólvora negra es el elemento más común. De acuerdo con el mismo informe, de las 11 personas enjuiciadas, sólo una cumple prisión.
La instancia parlamentaria aprobó en general y en particular el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia portuaria; ahora será el turno de la Comisión de Hacienda, quien deberá visar las materias de su competencia.
En maratónica jornada, la Comisión de Trabajo y Previsión Social respaldó en general y en particular proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en materia de trabajo portuario, estableciendo las obligaciones y beneficios. Ahora será el turno de la Comisión de Hacienda la que deberá estudiar las materias de su competencia contenidas en el mensaje.
Cabe recordar que precedentemente la Comisión, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y representantes del sector, había firmado un protocolo de acuerdo para destrabar y consensuar los puntos en discordia contenidos en el texto legal.
Durante la sesión, además, se escucharon a tres empresas portuarias que habían quedado pendientes, quienes manifestaron sus planteamientos.
La senadora Adriana Muñoz, presidenta de la instancia parlamentaria, destacó que "lo que facilitó la aprobación en general y particular es el acuerdo al que llegamos (martes 5 de agosto), buscando resolver estas diferencias que habían que y que no permitía avanzar en un proyecto que tiene urgencia de ser tramitado y en ese sentido facilitó que el punto más complejo que había, que es el cómo hacer efectiva la media hora de colación, que se garantiza como un derecho efectivo que tiene que ejercerse, ahora se establece en esta ley”.
BUEN ACUERDO
Sin embargo, añadió que “teníamos un problema por las distintas visiones de los propios gremios de cómo se hacía efectiva”. No obstante, “ahora hemos llegado a un buen acuerdo, en el sentido que este tema será tratado entre las partes, vale decir, trabajadores y empleadores acordarán la forma cómo se hace efectiva la media hora de colación: ya sea por alternancia o se pararán los turnos todos juntos. Eso va a quedar a la disposición de las partes”.
PROTOCOLO
Asimismo, la parlamentaria señaló que “resguardamos en el acuerdo una serie de elementos, fundamentalmente, en materia de fiscalización, porque teníamos reparos para que sea efectiva la ley laboral, pues para que se cumpla tiene que haber fiscalización”.
Puntualizó que “nosotros tenemos alrededor de 700 fiscalizadores a nivel de todo el país, lo que es nada; entonces, la Comisión de Trabajo en el acuerdo anunciamos que nos vamos a transformar en una entidad que realizará un seguimiento de la aplicación de esta ley por la conflictividad que representa y los necesarios resguardos de los derechos”.
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS
En otro tema, la Comisión acordó unánimemente enviar un oficio al Ministro de Hacienda para que en las partidas presupuestarias del año 2015 incluya recursos para poder enfrentar la situación que están demandando las manipuladoras de alimentos de modo que exista un 1,3% de complemento al sueldo mínimo que ellas reciben.
Así lo dio a conocer la, senadora Muñoz quien explicó que “dirigentes de todas las regiones nos han planteado su preocupación, en el sentido, que el proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara no contemplaba una serie de elementos que tienen que ver con remuneraciones”.
Sin embargo, “las hemos tranquilizado en el sentido de que todos estos elementos podemos tramitarlos, quizás no al alero de esta ley aprobada en la Cámara porque no está en las ideas matrices. Además nos comprometimos a estudiar qué sucede con las gratificaciones, entre otras de sus demandas, ya que su actividad debe ser valorada en el país”.
