Un total de 26 ataques se han registrado solo en lo que va del año.El caso muestra la fragilidad de los servicios de inteligencia del país.
Un problema inesperado y complejo se ha cruzado en las prioridades del Gobierno de Michelle Bachelet, que nada tiene que ver con su agenda de reformas: el rebrote de los atentados con explosivos en Santiago, atribuidos a grupos antisistema.
El primero de los ataques, con el que se inauguró lo que en Chile se conoce como caso Bombas, se produjo en un supermercado en 2005. Desde entonces, con periodos de mayor y menor intensidad, los autores no han dejado de actuar. Solo hay dos condenados para los 198 ataques. Aunque hasta la fecha no se han producido muertos —salvo el autor de uno de los ataques, a quien le estalló su explosivo— el conflicto preocupa a las autoridades. Solo este año se han producido 26 ataques. Uno de ellos prendió todas las alarmas del Ejecutivo y la policía: se produjo el 13 de julio en una estación del metro de Santiago a una hora en que todavía había pasajeros, algo que nunca antes había sucedido. Una semana después el objetivo era una guardería. El artefacto fue desactivado antes de estallar.
Con este telón de fondo, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, participó el lunes en una cumbre sobre seguridad en el Senado que duró cerca de 10 horas y en la que intervinieron las principales autoridades del sistema judicial y penal. El Gobierno aprovechó la ocasión para anunciar una completa reforma del sistema nacional de inteligencia con la intención de modernizarlo frente a amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
La preocupación del Gobierno por la inteligencia chilena no es casual. El hecho de que en nueve años estos grupos no hayan sido desarticulados refleja la deficiente persecución policial, los problemas que presenta la Ley Antiterrorista vigente, cuya reformulación estudia un grupo de expertos convocados por Bachelet, y el poco fructífero trabajo de información.
De las 26 bombas que se han colocado este año, cuatro han llegado a estallar. El último caso se produjo en la madrugada del 22 de julio frente a la iglesia de Santa Ana, sita en el centro de Santiago. El explosivo, de fabricación casera, se hallaba dentro de una mochila. La policía encontró panfletos de grupos anarquistas que solicitaban la liberación de dos chilenos procesados por terrorismo en España por hacer estallar un artefacto en la Basílica del Pilar de Zaragoza en octubre pasado.
A petición del Gobierno de Bachelet, desde la semana pasada hay designado un fiscal con dedicación exclusiva a para investigar la sucesión de ataques. La situación preocupa porque, como no había sucedido hasta la fecha, los ataques en 2014 tienen características distintas: se han producido en horarios hábiles y en lugares donde habitualmente transita gente. De acuerdo con estadísticas policiales, dadas a conocer por el periódico El Mercurio, de los 198 artefactos instalados desde 2005, un total de 133 han llegado a explotar.
Este año ha registrado la tasa más alta de incidentes. La mitad de los atentados han sido reconocidos por 31 grupos anarquistas que, hasta ahora, casi siempre hacen explotar las bombas cerca de la medianoche. Muestran preferencia por determinado tipo de objetivos: bancos, cuarteles policiales, de la Gendarmería y del Ejército, iglesias y supermercados. En 81 de los casos, los grupos utilizaron extintores y la pólvora negra es el elemento más común. De acuerdo con el mismo informe, de las 11 personas enjuiciadas, sólo una cumple prisión.
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