Senado entrega respaldo a prórroga del estado de excepción en la macrozona sur

Los congresistas plantearon la necesidad de contar con un instrumento que otorgue la seguridad necesaria a la población y que a la vez, se extienda por un periodo que permita medir su efectividad.

Valorando la presentación del proyecto que genera nuevas condiciones para dictar un estado de excepción de emergencia, la Sala del Senado aprobó la vigencia del estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.


Con 34 votos a favor y uno en contra, los legisladores respaldaron el oficio del Ejecutivo, tal como lo hicieron más temprano las diputadas y diputados.


Durante el debate, se hizo mención al ingreso a la Cámara Alta del proyecto, iniciado en mensaje que establece un estado de excepción de emergencia por 60 días. Los senadores valoraron que las conversaciones se materializaran en una iniciativa que recoge una de las grandes críticas del instrumento actual que es su corta duración.


En cuanto a los hechos delictuales, se confrontaron las cifras entregadas por el Ministerio del Interior con aquellas que manejan senadores opositores que hablan de un incremento de los hechos de violencia en un 16% y la incidencia de ataques en parques nacionales.


Otros ejes de análisis abordados por los congresistas fueron los resultados de la labor investigativa, la efectividad del plan Buen Vivir, y la semántica de los términos “violencia rural y terrorismo”.


Conectando con la contingencia, el senador José Miguel Durana mencionó el paro de los camioneros y la decisión del Ejecutivo de decretar la ley de seguridad interior del Estado. “Creo que el camino es el diálogo y acá no se está aplicando. Dentro de las demandas del sector está la necesidad de recuperar la seguridad en la macrozona norte”, comentó.

BALANCE

Al inicio del debate, el ministro (S) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve aseguró que “las decisiones adoptadas para frenar los delitos en la macrozona sur en el último año, han permitido que haya 46% menos de hechos de violencia rural y se han hecho 130 mil controles de identidad. También hemos dispuesto recursos para dar más herramientas a las policías para perseguir los delitos”.


La autoridad recordó también la visita del presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, detallando que “se acordó generar una comisión de diálogo entre las partes para generar una paz sustentable basándose en el resto de todas las partes”.


Una vez abierta la votación hicieron uso de la palabra los senadores José García Ruminot, Matías Walker, Jaime Quintana, Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, José Miguel Durana, Rojo Edwards, Iván Flores, Alfonso De Urresti y Kenneth Pugh.


Tras la votación, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández aclaró que el proyecto de infraestructura crítica es otra norma que seguirá su tramitación en forma paralela a la recién presentada. “Creo que hay que reconocer lo que se está haciendo más allá de poner el acento en lo que falta. Hay que valorar el trabajo de las tropas que están desplegadas”, hizo ver.

Exponen sobre desafíos para la implementación de energías renovables

Para abordar este tema, la Comisión de Minería y Energía recibió al ministro Diego Pardow, a representantes del Coordinador Eléctrico Nacional y de asociaciones vinculadas a la generación y almacenamiento de energías renovables.

Impulsar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional es el objetivo del proyecto analizado en la Comisión de Minería y Energía (boletín 14755).

La propuesta, presentada a fines del Gobierno anterior, busca el aumento de las metas de generación a gran escala. Además, pretende establecer un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivar la generación distribuida.

En la última sesión, la instancia invitó al ministro de Energía, Diego Pardow. Esto, con el fin de conocer la razón por la que el Gobierno pretende potenciar la tramitación de la propuesta legislativa.

El secretario de Estado señaló que, en su diagnóstico inicial en la cartera, encontró deudas regulatorias y desafíos en esta materia. Por lo tanto, decidieron avanzar con proyectos que ya se encontraban en tramitación.

La autoridad reconoció que esta propuesta no entrega solución a todos los conflictos, pero aseguró que “es un primer paso en la dirección correcta”. Ello, porque el proyecto promueve mayor flexibilidad y sostenibilidad al sistema. Así, el fomento de la generación distribuida o net billing ayuda a descongestionar las vías de transmisión y facilitar la incorporación a la red.

El ministro, asimismo, señaló que la idea del Gobierno es presentar indicaciones a la propuesta una vez que esta sea aprobada en general. Apuntó que, actualmente, el país tiene desafíos en el desarrollo de energías renovables que permitan la meta de descarbonizar la matriz energética.

Junto a lo anterior, está el desafío del transporte de estas nuevas fuentes de energía. Dicha situación va acompañada de la capacidad de la institucionalidad de evaluar y dar respuesta a los proyectos que se pretenden desarrollar en esta dirección. Además, se suma el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.

Todo esto requiere que se implementen normas que faciliten los procesos y que permitan una transición justa, que asegure estabilidad en las comunidades.

Otros invitados

A la sesión también asistió el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo. Lo acompañó el director ejecutivo del organismo, Ernesto Huber. Ambos expusieron sobre el estado de avance de las energías renovables en el país y sus apreciaciones del proyecto.

Señalaron que es fundamental modernizar las normas vinculadas al segmento de distribución de energías. Esto, con el objetivo de aumentar la competencia y permitir así la entrada de nuevos actores. En tal línea, estimaron necesario establecer requisitos de monitoreo en tiempo real para controlar la congestión por la inversión de flujos.

Igualmente, expuso en la comisión Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G). En su presentación, destacó la importancia de comprender que estos cambios son por la necesidad de descarbonización de la matriz energética por la crisis climática.

Explicó que, solo para alcanzar dicho objetivo, es necesario añadir 22.5 GW de energías renovables y almacenamiento. “Esto es una cifra de una envergadura muy desafiante”, agregó. Actualmente, hay proyectos en curso que cubrirían 10 GW, pero argumentó que es necesario suplir los faltantes, para lo cual sería necesaria una inversión equivalente a 11 puntos del PIB.

Finalmente, expuso el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach. En su intervención puso énfasis en que el objetivo es ir electrificando el consumo de energía, para lo cual es necesario mejorar las vías de transición.

Aseguró que, hoy, las tecnologías de generación responsable son las más competitivas y, por lo tanto, son las que más crecen. Por esto, ya no es correcto hablar de energías renovables “no convencionales”, pues el 98% de lo que se está construyendo son proyectos renovables y un 100% de los que están en evaluación.

Retoman estudio de proyecto que regula uso de terrenos afectados por incendios forestales

La Comisión de Medio Ambiente comenzó el análisis de una iniciativa, pendiente desde la legislatura anterior, que desincentiva el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados.

La Comisión de Medioambiente retomó la discusión de la iniciativa que regula los cambios de uso de suelo, los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales (boletines 13967, 14017 y 14023).

Dicho proyecto fue aprobado en general en la legislatura anterior (31 de mayo de 2021). Comprende en sus bases tres iniciativas refundidas originadas por diputados/as y exlegisladores. Su fundamento es desincentivar el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados. Asimismo, busca establecer prohibiciones y obligaciones respecto de terrenos afectados por dichos incendios forestales.

El diputado Diego Ibáñez (PCS), autor de uno de los proyectos (13967), recordó que la iniciativa nació por el aumento de los incendios forestales en los últimos años. De ellos, acotó, el 98% son intencionales. Alertó que los terrenos, luego del siniestro, cambian de uso de suelo para emplazar edificaciones.

Durante la sesión, presentó un paquete de indicaciones que la comisión acordó que servirán de base para la presentación de otras propuestas de modificación.

Nueva propuesta

Diego Ibáñez dijo que la nueva propuesta simplifica el texto y recoge acotaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera y sugerencias de expertos.

Indicó que se toma la experiencia comparada de España y México para crear un nuevo cuerpo normativo que busca regular los usos de dichos terrenos. Así, se establece una prohibición que se extenderá por 30 años, 20 años menos de lo que planteaba el proyecto original. De tal modo, el nuevo plazo se alinea con la recuperación endémica de los bosques, que se realiza entre 20 y 30 años.

Además, se prohíben ciertas acciones en los terrenos quemados. Por ejemplo, no construir o edificar, con excepción de reconstrucción de viviendas o infraestructuras ya existentes. Igualmente, no lotear o subdividir los terrenos, o destinarlos a actividades distintas que afecten la cubierta vegetacional.

El diputado comunicó que se modifica, asimismo, la Ley de Urbanismo y Construcciones. El objetivo es que, en la interfaz urbano-rural, los dueños de predios rurales faciliten el acceso de vehículos de emergencia para evitar incendios forestales.

Por otra parte, se cambia la Ley de Bosque Nativo, para modificar el concepto de incendio forestal. Es decir, que no solo afecte suelo forestal, sino también formación vegetal y áreas colindantes al límite urbano o centro poblacional.

Por último, se establecen sanciones a quien vaya en contra de la norma. Junto a ello, se propone la obligación de regenerar y recuperar la zona siniestrada con plantaciones de alto valor ecológico, prohibiendo el monocultivo de Pino o Eucalyptus.

El objetivo del proyecto fue compartido por las y los diputados, aunque se manifestaron ciertas aprehensiones respecto al plazo propuesto de 30 años. De igual modo, sobre la intencionalidad de los siniestros, que puede afectar predios destinados a otras actividades, que pueden verse impedidas de desarrollar.

Ecoblanqueo o lavado verde de imagen

En otra línea, la instancia continúo con la votación en particular del proyecto que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín 15044).

El texto busca definir y precisar el concepto de lavado verde de imagen o “greenwashing” en la legislación chilena. De igual modo, pretende prevenir dicho comportamiento e impulsa una plataforma permanente de información ambiental de las empresas. La idea es dotar de mayores herramientas para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan la normativa.

En la jornada se aprobó una indicación y un artículo relacionado a la “publicidad de la sustentabilidad”, que establece que las empresas deberán entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa. Además, no se podrán omitir antecedentes que puedan inducir a error.

Tampoco podrán publicitarse como sustentables prácticas que se ejecuten en mero cumplimiento de las leyes o de medidas de mitigación, reparación, compensación o compromisos voluntarios respecto a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Finalmente, quedó pendiente de votarse la norma que señala que no podrán hacer publicidad de la sustentabilidad las empresas que han sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas.