En nombre de la democracia… ¿el control de la libertad?

Por Rodolfo Varela

En la reciente cumbre de presidentes progresistas de América Latina, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a defender con firmeza la idea de regular las redes sociales. 

Lo hizo bajo el argumento de proteger a los ciudadanos contra el odio, las noticias falsas y la desinformación. Pero detrás de este discurso, tan bien intencionado en apariencia, se esconde una preocupación legítima: ¿quieren protegernos o quieren controlarnos?

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin ella, no hay debate, no hay oposición legítima, no hay prensa libre ni participación ciudadana real. Regular lo que se puede o no se puede decir en redes sociales puede ser el inicio de un camino peligroso hacia el silenciamiento de voces disidentes. ¿Quién decide qué es verdad? ¿Quién tiene el poder de callar opiniones? ¿Y qué pasa si ese poder cambia de manos?

Todos los gobiernos elegidos por el pueblo deben rendir cuentas al pueblo. El pueblo es el soberano, el mandante, el patrón. No puede invertirse esa relación. No se gobierna para protegerse del pueblo, sino para servirlo. No se debe intentar controlar al ciudadano, sino garantizarle sus derechos. En democracia, el pueblo no debe rendir cuentas a sus gobernantes, sino exigirlas.

Y esto nos lleva a una verdad incómoda que recorre América Latina: nuestros parlamentos, muchas veces, no representan al pueblo, sino a sus propios intereses. ¿Para qué elegimos congresistas si no es para que defiendan a la ciudadanía? Sin embargo, una parte importante de ellos enfrenta procesos judiciales, acusaciones de corrupción o conflictos de interés. ¿Cómo van a legislar a favor del pueblo si tienen que protegerse de la ley? ¿Cómo van a fiscalizar al Ejecutivo si dependen de su benevolencia para mantenerse a salvo?

Cumbre progresista: Sánchez, Boric, Petro, Lula y Orsi

En este contexto, no es raro que algunos legisladores se alineen con los deseos del gobierno, no por convicción democrática, sino por conveniencia personal. Así se debilita el equilibrio de poderes, y con él, la democracia misma.

Por supuesto, nadie defiende el discurso de odio ni la mentira deliberada. Pero los mecanismos para combatirlos ya existen. Si una persona se siente difamada u ofendida, puede recurrir a la justicia. Si una publicación viola la ley, el Estado tiene todo el derecho de exigir su remoción judicial. Pero lo que no puede hacer ningún gobierno, por más democrático que diga ser, es colocarse por encima de la ciudadanía y decidir de antemano lo que se puede o no se puede decir.

Bajo la excusa de "proteger la democracia", se puede terminar destruyéndola. América Latina ya conoce lo que ocurre cuando los gobiernos concentran demasiado poder en nombre del pueblo. No queremos nuevas Venezuela ni autoritarismos disfrazados de justicia social. Queremos vivir en sociedades donde el ciudadano tenga derecho a expresarse, disentir y participar plenamente de la vida pública, sin miedo y sin mordazas.

No somos ganado. Somos ciudadanos libres, conscientes, inteligentes, y con criterio. Queremos libertad de expresión total, sin censura previa y sin verdades oficiales impuestas desde arriba. Y si alguien miente, que lo enfrente ante la justicia, no ante un comité de censura digital.

La democracia verdadera no teme a la libertad. La celebra, la protege y la respeta.