Se cumple exactamente un mes para que chile regrese a las urnas para votar el proyecto de nueva constitución que busca cambiar la actual Constitución del país, creada en 1980 durante la sangrienta dictadura del traidor Augusto Pinochet. Sin embargo, este puede no ser el final del camino, sino un paso más, ya que, rodeada de polémica, la campaña de aprobación no logró capitalizar el apoyo masivo que tuvo antes de que comenzara el proceso constituyente, y la mayoría de los chilenos parece querer que el texto sea rechazado a favor de un nuevo texto.
Este capítulo de la historia de Chile que vemos ahora comenzó en 2019, pero fue el 25 de octubre de 2020 que los chilenos votaron a favor de un proceso constituyente capaz de redactar una nueva constitución. Cerca del 80% de los votantes optó por la aprobación del proceso constituyente (78% de los votos) y que sea dirigido por una asamblea constituyente (79% de los votos). Este modelo de órgano preveía la elección de los constituyentes, un grupo de personas elegido específicamente para ello, sin la participación de partidos políticos, que enfrentan una actual crisis de credibilidad y corrupción en Chile.
Con la vista puesta en el plebiscito
El plebiscito de salida, el proceso electoral que aprobará o no la nueva constitución en el país, ya está programado y debería realizarse el próximo 4 de septiembre. El voto será obligatorio para todos los electores residentes en el país, poco más de 15 millones de personas. Este será el primer proceso con voto obligatorio desde que se instauró el voto voluntario en el país en 2012, lo que, según expertos, puede generar aún más dudas sobre el resultado.
Las constantes controversias en las que se vio envuelta la constituyente, sumadas a algunos puntos polémicos de la propuesta de nueva constitución que redactaron, como la plurinacionalidad, los sistemas de justicia específicos para los pueblos indígenas y la eliminación del Senado, hicieron que la opción de "rechazo (rechazado) el que tiene mayoría en todas las encuestas. Pese a ello, la diferencia entre "aprobar" y "rechazar" se ha acortado en los últimos días. La encuesta de Criteria, difundida esta semana, por ejemplo, reveló que el rechazo tiene un 45% de intención de voto, frente al 36% de aprobación. Esto representa una caída de tres puntos porcentuales para la primera opción y un aumento de cinco puntos para la segunda.
Esta encuesta también muestra lo que los chilenos creen que sucederá si gana una u otra opción. Para el 57% de los encuestados, las protestas terminarán y la calma volverá a las calles si gana la aprobación, mientras que el 58% cree que la economía se beneficiará si gana el rechazo. Otra encuesta, realizada por el instituto Cadem, uno de los más prestigiosos del país, presenta números similares: 48% de rechazo y 38% de aprobación, aunque este estudio, por primera vez, ha mostrado un empate técnico entre los chilenos que creer que una u otra opción puede ganar. “A medida que se sabe más sobre el texto [de la nueva constitución], las noticias falsas y la desinformación se reducen a cero.
Acusaciones de intervencionismo Los resultados de la encuesta se estrecharon a medida que el gobierno de Gabriel Boric comenzó a participar más activamente en la campaña, aunque sea indirectamente. A raíz de este mayor protagonismo, Boric y los miembros de su gobierno fueron acusados de intervencionismo electoral. La semana pasada, la Contraloría anunció la investigación de algunos casos, principalmente relacionados con una campaña de información del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza la ministra Camila Vallejo.
Este capítulo de la historia de Chile que vemos ahora comenzó en 2019, pero fue el 25 de octubre de 2020 que los chilenos votaron a favor de un proceso constituyente capaz de redactar una nueva constitución. Cerca del 80% de los votantes optó por la aprobación del proceso constituyente (78% de los votos) y que sea dirigido por una asamblea constituyente (79% de los votos). Este modelo de órgano preveía la elección de los constituyentes, un grupo de personas elegido específicamente para ello, sin la participación de partidos políticos, que enfrentan una actual crisis de credibilidad y corrupción en Chile.
Con la vista puesta en el plebiscito
El plebiscito de salida, el proceso electoral que aprobará o no la nueva constitución en el país, ya está programado y debería realizarse el próximo 4 de septiembre. El voto será obligatorio para todos los electores residentes en el país, poco más de 15 millones de personas. Este será el primer proceso con voto obligatorio desde que se instauró el voto voluntario en el país en 2012, lo que, según expertos, puede generar aún más dudas sobre el resultado.
Las constantes controversias en las que se vio envuelta la constituyente, sumadas a algunos puntos polémicos de la propuesta de nueva constitución que redactaron, como la plurinacionalidad, los sistemas de justicia específicos para los pueblos indígenas y la eliminación del Senado, hicieron que la opción de "rechazo (rechazado) el que tiene mayoría en todas las encuestas. Pese a ello, la diferencia entre "aprobar" y "rechazar" se ha acortado en los últimos días. La encuesta de Criteria, difundida esta semana, por ejemplo, reveló que el rechazo tiene un 45% de intención de voto, frente al 36% de aprobación. Esto representa una caída de tres puntos porcentuales para la primera opción y un aumento de cinco puntos para la segunda.
Esta encuesta también muestra lo que los chilenos creen que sucederá si gana una u otra opción. Para el 57% de los encuestados, las protestas terminarán y la calma volverá a las calles si gana la aprobación, mientras que el 58% cree que la economía se beneficiará si gana el rechazo. Otra encuesta, realizada por el instituto Cadem, uno de los más prestigiosos del país, presenta números similares: 48% de rechazo y 38% de aprobación, aunque este estudio, por primera vez, ha mostrado un empate técnico entre los chilenos que creer que una u otra opción puede ganar. “A medida que se sabe más sobre el texto [de la nueva constitución], las noticias falsas y la desinformación se reducen a cero.
Acusaciones de intervencionismo Los resultados de la encuesta se estrecharon a medida que el gobierno de Gabriel Boric comenzó a participar más activamente en la campaña, aunque sea indirectamente. A raíz de este mayor protagonismo, Boric y los miembros de su gobierno fueron acusados de intervencionismo electoral. La semana pasada, la Contraloría anunció la investigación de algunos casos, principalmente relacionados con una campaña de información del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza la ministra Camila Vallejo.
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Los argumentos de Boric garantizan que solo existe la promoción de una campaña de información, para lo cual distribuyó miles de ejemplares de la nueva Constitución propuesta. Por otro lado, sus opositores políticos lo acusan de usar esto como pretexto para dar fuerza a la opción del "aprobar", que, como todos saben, él apoya. Partidos de derecha censuran a Boric por aludir al "proceso histórico" que se vive en el país, los supuestos bloqueos legislativos que podría imponer la oposición si gana el "rechazado" y por firmar autógrafos, a pedido de los ciudadanos que lo conocen en la calle, en textos de la propuesta constitucional. La polémica también alcanzó fuera del país, pues la empresa que representa al cantante puertorriqueño Chayanne pidió que su imagen no sea utilizada en campañas políticas. Esto se produjo después de que la cuenta oficial de Instagram del presidente Boric publicara una foto del cantante con una leyenda favorable a la aprobación.
“Sinceramente no creo que el tema del intervencionismo electoral influya en la votación [del plebiscito]. Yo creo que esto es más una disputa entre élites, entre figuras del mundo político, y no una disputa ciudadana. Creo que el gobierno el gobierno ha sido cuidadoso en informar sobre el contenido del texto y no privilegiar una opción sobre la otra. No creo que sea un tema que influya en el resultado del plebiscito de salida”.
Acuerdos difíciles El resultado del plebiscito del 4 de septiembre aún es incierto, pero lo que han dejado claro las encuestas es que, gane quien gane, los chilenos anhelan un nuevo texto constitucional. Así lo han dejado claro también la oposición y los políticos locales, que vienen haciendo declaraciones en el sentido de que la Carta Magna de 1980 "está muerta". Los partidos de la agrupación política Chile Vamos, la coalición opositora de derecha, difundieron hace unas semanas un texto con 10 cambios que prometen implementar "si gana el 'rechazo'", entre los que establece que Chile es un país "social y derecho democrático del Estado". Este documento propone una nueva Constitución y también reformas a la Corte Constitucional, que sectores de izquierda dicen que es una de las principales razones del bloqueo legislativo en el Congreso.
Gabriel Boric, o presidente do Chile
Sin embargo, todas las miradas están puestas en el grupo político en el poder, cuyas fuerzas no han podido ponerse de acuerdo sobre si quieren o no cambiar la nueva constitución si se aprueba. Dirigentes del Partido Comunista (PC, que forma parte del gobierno) dijeron que cualquier discusión para modificar el texto debe ser posterior al referéndum, mientras que otros políticos del partido pidieron un acuerdo previo, como una forma de dar certeza y atraer votantes indecisos. El propio Boric se refirió al asunto esta semana cuando, preguntado en rueda de prensa, dijo que no sólo lo ve, sino que "es factible llegar a un acuerdo (sobre las reformas) antes del referéndum". La frase, según la prensa chilena, molestó al PC.
Desde entonces, su coalición, el Frente Amplio, ha sostenido una serie de reuniones para ver si es factible llegar a tal acuerdo en los pocos días que faltan para el plebiscito. Una de las opciones que se discute es conformar una comisión parlamentaria de armonización o implementación para avanzar en el trabajo de las posibles reformas que serán necesarias si se aprueba el texto, pero la desconfianza que existe entre los chilenos en relación al Congreso puede hacer que esto no sea suficiente. En este escenario, las próximas cuatro semanas determinarán si los grupos políticos que apoyan el "aprobatorio" podrán ponerse de acuerdo y dar aliento a esta opción. La pregunta es si tienen suficiente tiempo para ello.
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