Por Rodolfo Varela
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se negocian, y no merecen beneficios carcelarios. Esa es la convicción de quienes sobrevivimos a la sangrienta dictadura chilena y cargamos, hasta hoy, con sus cicatrices físicas, mentales, financieras y morales.
También es la posición firme de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos (AFEP), que el pasado 5 de agosto volvió a alzar la voz ante una nueva y grave amenaza: el intento coordinado entre sectores del Senado y la Corte Suprema de conceder beneficios a los criminales de uniforme —hoy ancianos— que jamás mostraron arrepentimiento, que no colaboraron con la justicia y que aún justifican sus actos atroces.
Hablan de humanidad. Pero, ¿qué humanidad hubo cuando nos secuestraron, nos torturaron, nos quebraron? ¿Qué humanidad hubo con los niños y niñas arrebatados a sus familias y entregados —o vendidos— a manos extranjeras? ¿Dónde estaba la clemencia cuando fuimos exonerados, cuando se nos negó trabajo, cuando se nos robó la dignidad y las imposiciones, cuando nos condenaron al exilio, al silencio, a la marginación?
Yo, como tantos, sé lo que es vivir con miedo, con la voz rota y el cuerpo dolido. Sé lo que es reconstruir la vida sobre las ruinas del alma, mientras la justicia llega a cuenta gotas —y a veces, ni siquiera eso. Hoy, con 75 años, como muchos otros sobrevivientes, sobrevivo con una pensión miserable, que no llega ni al 50% del salario mínimo. Esa es la famosa “reparación” que nos ofrecieron: caridad sin justicia, parches sin verdad.
Mientras tanto, los verdugos piden beneficios por edad y salud. ¿Y la salud de nuestras familias? ¿Y los que murieron esperando justicia? ¿Y los que siguen desaparecidos? Más de 1.100 detenidos aún no aparecen. ¿Cómo puede hablarse de perdón si ni siquiera hay verdad?
La AFEP tiene razón: esto no es compasión, es impunidad. Es disfrazar el olvido con ropajes de humanidad. Es un nuevo golpe, esta vez contra la memoria. Una bofetada a los familiares de las víctimas y una amenaza directa a la garantía de no repetición. Porque si la justicia se debilita, los fantasmas del pasado regresan más fuertes.
A más de 50 años del golpe militar, Chile sigue teniendo una deuda monumental con las víctimas. El Poder Judicial, que durante la dictadura fue cómplice por omisión, no puede hoy pretender liderar una falsa reconciliación. Tampoco el Congreso, que con demasiada frecuencia calla o mira para otro lado, puede ceder al chantaje de la “humanidad selectiva”.
Los responsables de los crímenes más horrendos cometidos por agentes del Estado no merecen compasión ni beneficios, sino el peso completo de la justicia. Porque la memoria no se negocia. Porque la dignidad de un país no puede construirse sobre la impunidad.
A todos los que aún dudan, les decimos: ni olvido ni perdón. Nunca más.
