Por Rodolfo Varela
Hoy, 31 de octubre de 2025, Chile parece un país que ha olvidado sus heridas. Mientras los políticos se reparten el protagonismo entre encuestas, campañas anticipadas y disputas presupuestarias, la otra mitad del país —la de los sobrevivientes, los olvidados, los que todavía esperan justicia— sigue hundida en la pobreza, la humillación y el abandono estatal.
Un país atrapado en su propio desencanto
La polarización se ha convertido en el lenguaje cotidiano. Las promesas se repiten con acentos distintos, pero con el mismo vacío moral. La población ya no cree en los partidos ni en la política, y menos aún en una justicia que exhibe indicios de corrupción, favoritismo y manipulación. Los escándalos como el “Caso Curauma” o el “Caso Ulloa” muestran un sistema judicial que muchas veces protege a los suyos en vez de proteger la verdad.
Manuel Cruzat denuncia corrupción en el Poder JudicialMientras tanto, el debate nacional gira en torno a encuestas presidenciales que dan ventaja a figuras de la derecha como Evelyn Matthei o José Antonio Kast, los mismos sectores que durante décadas negaron los crímenes de la dictadura y se oponen hoy a toda forma de reparación o memoria. El presidente Gabriel Boric, pese a sus discursos y gestos simbólicos, enfrenta una creciente desconfianza y una oposición que apuesta al caos antes que al diálogo.
La deuda que nunca se paga
Han pasado más de cincuenta años desde el golpe militar, y sin embargo, miles de víctimas siguen viviendo en condiciones indignas. Muchos reciben pensiones miserables —equivalentes a la mitad del salario mínimo— que no alcanzan ni para comprar medicamentos. Otros, ancianos y enfermos, sobreviven gracias a la caridad o a redes de apoyo formadas por sus propios compañeros de lucha.
¿Dónde están las instituciones que prometieron verdad, justicia y reparación? ¿Qué hacen las organizaciones que se autodenominan defensoras de los derechos humanos mientras los exonerados, los torturados y los familiares de desaparecidos viven en la pobreza absoluta?
La respuesta es dolorosa: se ha instalado un silencio cómplice, una burocracia fría y un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.
Memoria y cinismo político
El reciente episodio protagonizado por Evelyn Matthei, al minimizar los crímenes de la dictadura, no es un simple desliz verbal. Es la expresión de una clase política que desprecia la memoria histórica y que ha aprendido a manipular el olvido como herramienta electoral. La reacción del país fue de indignación, pero el daño está hecho: cada palabra negacionista reabre las heridas de miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos.
Un país moralmente agotado
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es blanco de amenazas y propuestas de cierre. Las cárceles están hacinadas, los niños y niñas institucionalizados siguen siendo víctimas de abusos, y el pueblo mapuche continúa siendo criminalizado por defender sus tierras. En todos estos frentes, la respuesta estatal es la misma: indiferencia y represión.
Chile se desangra en su propia contradicción. Habla de crecimiento, innovación y democracia, pero no puede mirar a los ojos a sus víctimas. Mientras el Estado celebra foros internacionales como el APEC y el presidente Boric habla de multilateralismo, dentro del país hay compatriotas que ni siquiera pueden costear un tratamiento médico o acceder a una vivienda digna.
La memoria no se negocia
La deuda histórica con las víctimas de la dictadura y con todos los chilenos marginados por el sistema no se resuelve con discursos ni con homenajes protocolares. Se paga con justicia real, con reparación económica, con reconocimiento público y con una transformación moral profunda.
Mientras eso no ocurra, Chile seguirá siendo un país fragmentado, donde la miseria convive con el cinismo, y donde la justicia sigue siendo privilegio de unos pocos. Porque la memoria, mi querido Chile, no se borra ni con el tiempo ni con el silencio: se defiende, se honra y se exige.
