[ que Por Rodolfo Varela
América Latina parece girar nuevamente hacia una corriente política que se autodenomina “progresista”, pero que en la práctica ha demostrado ser una maquinaria desgastada, contradictoria y profundamente alejada de los pueblos que dice representar.
América Latina más allá del progresismo Socialista
México, Brasil, Chile, Perú y Colombia —cinco de las economías más importantes del continente— están hoy bajo el control de gobiernos de izquierda que, tras prometer igualdad, justicia y democracia, terminan perpetuando la pobreza, la ignorancia y la frustración de millones personas.El discurso y la realidad
Se llenan la boca con palabras como “feminismo”, “ecologismo”, “igualdad de género” y “solidaridad”, mientras disfrutan de privilegios reservados a una élite política que vive a costa del contribuyente. Hablan de pobreza, pero viajan en primera clase, se hospedan en hoteles de lujo y se rodean de asesores y familiares que engrosan la nómina del Estado. La izquierda latinoamericana ha convertido la causa popular en un negocio de poder, sostenido por medios de comunicación complacientes o comprados que, por conveniencia, desinforman y manipulan.
Del discurso al saqueo: las fortunas del poder
El fenómeno no es solo contemporáneo: tiene raíces profundas en décadas de impunidad. En Chile, la inmensa fortuna acumulada por la cúpula militar durante y después de la dictadura es una herida abierta. Investigaciones internacionales y procesos judiciales han documentado cuentas bancarias secretas y transferencias que apuntan a orígenes ilícitos en fondos que debieron ser públicos. La magnitud del caso Riggs —con cuentas y movimientos detectados en bancos extranjeros— mostró cómo actitudes de impunidad permitieron la apropiación de recursos que pertenecían al Estado. Human Rights Watch+1
En los últimos meses, la justicia chilena ha dado pasos relevantes: fallos civiles y medidas judiciales han ordenado la restitución y la devolución de sumas millonarias a favor del Estado, al estimarse el origen ilícito de parte de esos bienes. Estas resoluciones confirman lo que muchos denunciaron durante años: una parte importante de la riqueza de la familia del dictador provino de la sustracción de recursos públicos y de prácticas opacas. El País+1
Confiscación y restitución: una deuda con el pueblo
No basta con señalar o juzgar a individuos: hace falta recuperar los bienes y devolverlos a quienes fueron empobrecidos por el modelo. Las fortunas acumuladas por militares, políticos y cómplices —familias que prosperaron gracias a la dictadura— deberían ser objeto de expropiación y transferencia al Estado para su destino social: reparación a las víctimas, pensiones dignas, salud y educación pública de calidad, y programas de vivienda que beneficien a las grandes mayorías. Ese es el sentido real de la justicia: que la riqueza mal habida vuelva a quienes la perdieron. El País
Chile: entre la memoria que falta y las promesas rotas
El presidente Gabriel Boric llegó en 2021 con el mandato de cerrar heridas históricas y modernizar al país. Pero la frustración ciudadana creció: desaprobación masiva, promesas incumplidas en pensiones, salud y educación, y la sensación de que la memoria y la reparación quedaron en segundo plano.
Al mismo tiempo, el país observa cómo la herencia económica de la dictadura sigue en disputa y cómo la justicia avanza a trompicones, con medidas recientes que obligan a los herederos a devolver sumas millonarias identificadas como de origen ilícito. La reparación no puede ser solo simbólica: debe traducirse en políticas concretas de redistribución y memoria. El País+1
Un llamado urgente
Es hora de poner los intereses de la patria por encima de las ambiciones personales. No se trata de derecha o izquierda: se trata de dignidad, trabajo y justicia real. Exigimos transparencia total en las investigaciones, la confiscación de bienes de origen ilícito, la devolución efectiva de esos recursos al erario y su destino a la reparación histórica y social.
América Latina necesita líderes que sirvan al pueblo y no que vivan de él. La oportunidad histórica de honrar a las víctimas y construir un país más justo sigue estando ahí: depende de voluntad política y de la determinación social para exigirla.
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