Acuerdo de Escazú se firmó en Costa Rica en 2018; bajo Bolsonaro, Brasil aún no ha completado el proceso de adhesión.
La postura de Chile sobre el acuerdo climático cambió luego de que Gabriel Boric asumiera la presidencia.
El Acuerdo de Escazú, un acuerdo ambiental sin precedentes en América Latina y el Caribe, tendrá su primera cumbre de las partes (COP1) en la capital chilena, Santiago, del 20 al 22 de abril. Representantes de los gobiernos y la sociedad civil intentarán tomar medidas adicionales para implementar el acuerdo y asegurar la ratificación por parte de los países signatarios cuyos procesos están pendientes.
El acuerdo fue aprobado en Costa Rica por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2018, luego de seis años de negociaciones, y entró en vigencia en 2021. Un grupo de 12 países firmaron y ratificaron el acuerdo, mientras que otros 11 no completaron el proceso, incluidos Brasil, Chile, Perú y Colombia.
El acuerdo busca garantizar la aplicación "plena y efectiva" de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia, así como el derecho a vivir en un medio ambiente sano. América Latina es la región con más muertes de activistas ambientales en el mundo.
La cumbre tendrá un alcance técnico, centrándose en tres artículos del acuerdo: las reglas para su implementación, incluida la participación pública; el financiamiento necesario para su operación e implementación; y la creación de un comité de apoyo para su implementación y cumplimiento.
Natalia Gómez, de EarthRights International y una de los seis representantes de la sociedad civil en la cumbre, dice que el artículo del comité de apoyo es uno de los temas clave del evento.
“El corazón de Escazú es el comité. Garantiza que los países no solo suscriban el acuerdo para ser bien recibido por la opinión pública, sino que las obligaciones asumidas a nivel internacional sean efectivamente aplicadas y ejecutadas a nivel nacional”, dijo.
Participación activaUno de los aspectos destacados de la COP1 en Escazú es la oportunidad de participación ciudadana, a diferencia de otros encuentros internacionales sobre medio ambiente y clima, en los que solo los representantes oficiales de los países influyen en las decisiones. En general, la sociedad civil ocupa espacios alternativos fuera del ámbito oficial.Los seis representantes de la sociedad civil fueron elegidos mediante votación abierta organizada por la CEPAL. Los elegidos son activistas socioambientales e integrantes de organizaciones que trabajan por la transparencia y la justicia ambiental.
La chilena Andrea Sanhueza, directora del think tank Espaço Público, ha participado activamente del proceso a través de su organización.
“Nos reunimos en 2012 como parte de una red global para hablar sobre cuál era nuestro objetivo, qué queríamos lograr”, dijo Sanhueza. “A partir de ahí, tuvimos la idea de desarrollar acuerdos en diferentes regiones, basados en el principio 10 de la Declaración de Río, que habla sobre el acceso a la información y la justicia ambiental”.
La participación pública directa juega un papel importante en los procesos de discusión, según Gómez: “Los representantes de la sociedad civil sirven de puente entre la sociedad y los países que se sientan en la mesa de negociaciones. Solicitudes y comentarios”.
La reunión también da derecho a hablar a cualquiera que se registre para asistir. Para Andrea Sanhueza, este punto ayuda a que la ciudadanía tenga un papel más activo para incidir en el acuerdo.Comité es clave para el éxito de EscazúLa creación de un Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento es uno de los principales temas a tratar en el evento y debe generar debates, dice Gómez.“Escazú se completó en 2018, y ahora los Estados negociarán las reglas para implementar algunos de los artículos, principalmente la COP y cómo funcionará la conferencia. Lo que me parece más importante es el Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento, que es el artículo 18", dijo el abogado ambientalista.
Sanhueza cree que la creación del comité y la metodología a utilizar tendrán implicaciones para la ciudadanía. “Este comité se tiene que crear en la primera COP. Es una de las cosas más importantes, porque cualquiera tendrá derecho a ir al comité y escribirle”, dijo.Brasil, Chile y Colombia pendientes de ratificación
Los países signatarios del Acuerdo de Escazú se dividen en tres categorías, dependiendo de la etapa del proceso de ratificación del acuerdo en el que se encuentren. Hay Estados Participantes, Signatarios y Observadores.Aunque el plazo para la firma del acuerdo expiró hace dos años, cualquier Estado de la región aún puede convertirse en Estado Participante siempre que ratifique el acuerdo. Sin embargo, si antes los países solo firmaban y ratificaban el documento, ahora será necesario enviar un proyecto de ley de adhesión al Congreso de cada país, exactamente lo que hizo Chile recientemente tras la toma de posesión de su nuevo presidente, Gabriel Boric.
La relación del gobierno chileno con los Acuerdos de Escazú estuvo plagada de giros y vueltas. El gobierno anterior partió como uno de los principales artífices del acuerdo, pero retrocedió a los pocos días de su firma. El entonces Ministerio de Relaciones Exteriores había afirmado en su momento que el acuerdo era "inconveniente para Chile".
Al igual que Chile, Colombia envió un proyecto de ley al Congreso sobre el acuerdo por la presión social. Se organizaron diálogos nacionales para que los ciudadanos pudieran expresar sus opiniones. Gómez dijo que los diálogos dieron como resultado la solicitud expresa de firmar el texto, a lo que se ha comprometido el gobierno.
Colombia fue invitada a participar en la COP1 de Escazú como signatario, pero aún no se ha confirmado la participación del país, que se prepara para las elecciones presidenciales de primera vuelta, el próximo 29 de mayo.
En Brasil, el Acuerdo de Escazú fue firmado por el expresidente Michel Temer en 2018, pero está estancado desde que Jair Bolsonaro asumió el poder. Con las elecciones presidenciales previstas para octubre, hay expectativas de que el país asuma compromisos más ambiciosos en su agenda ambiental.
