La ceguera política y la responsabilidad de los gobiernos de izquierda
Por Rodolfo Varela
La irrupción del Tren de Aragua en Chile ha modificado de manera dramática el panorama delictual del país, introduciendo niveles inéditos de violencia: sicariato, secuestros extorsivos, trata de personas, corrupción judicial y política, configurando una amenaza directa a la seguridad nacional. Sin embargo, esta realidad fue reconocida tarde y con reticencia por las autoridades, particularmente por gobiernos de orientación progresista que subestimaron —o negaron— el fenómeno.
La expansión del Tren de Aragua ha sido facilitada por la crisis migratoria venezolana, la fragilidad del control fronterizo y, a nivel regional, por alianzas estratégicas con organizaciones criminales consolidadas, especialmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, una de las mafias más poderosas del mundo.
Política Nacional Contra el Crimen Organizado – Ministerio de Seguridad PúblicaCrimen organizado y corrupción política en América Latina
La corrupción vinculada al crimen organizado es hoy uno de los desafíos estructurales más graves de América Latina. El crimen ya no opera únicamente en la clandestinidad: se ha convertido en un actor político, infiltrando instituciones públicas, corrompiendo funcionarios y, en algunos casos, pactando con gobiernos que terminan normalizando la impunidad.
Crimen organizado y políticaInformes regionales recientes indican que países como Chile, Brasil, Ecuador y México perciben al crimen organizado como una de las mayores amenazas para el Estado. Venezuela y Nicaragua figuran reiteradamente entre los países con mayores niveles de corrupción e infiltración criminal, bajo gobiernos que se autodenominan de izquierda o “populares”.
El Tren de Aragua en Chile: estructura, violencia y alianzas
El Tren de Aragua opera en Chile mediante un modelo empresarial criminal, caracterizado por:
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Violencia extrema como método de control territorial.
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Secuestros extorsivos y sicariato, prácticas importadas desde Venezuela y Brasil.
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Trata de personas y explotación sexual, especialmente de migrantes vulnerables en la frontera norte.
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Contabilidad y organización empresarial, con registros financieros detallados incautados por la policía en Arica, lo que evidencia una estructura jerárquica y profesionalizada.
Diversos informes policiales señalan que el Tren de Aragua mantiene alianzas operativas con el PCC, basadas en cooperación logística, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas en Sudamérica. Chile no es una excepción en esta red criminal transnacional.
El PCC: una mafia transnacional con poder político y económico
El Primeiro Comando da Capital (PCC) tiene como principal especialidad el tráfico internacional de drogas a gran escala, actuando como enlace entre países productores andinos —Bolivia, Perú, Colombia e incluso rutas que afectan a Chile— y mercados en Europa y África.
El PCC opera como una empresa criminal global, con normas internas, “tribunales” propios —como la llamada “armonía de los 14”—, contabilidad precisa y una estructura que combina poder económico ilícito con control político interno, moviendo miles de millones de dólares anualmente.
Casos emblemáticos y señales ignoradas
El Tren de Aragua ha sido vinculado en Chile a casos de alto impacto, entre ellos:
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El asesinato del suboficial de Carabineros Emanuel Sánchez.
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El crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda.
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Atentados contra tribunales en Arica, acciones que coinciden con el modus operandi del PCC.
A pesar de estas señales, el Gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio de Seguridad Pública, ha negado reiteradamente la existencia de operaciones activas del PCC en Chile, una postura que refleja ceguera ideológica, negligencia política o simple negación de la realidad.
La respuesta judicial: tardía pero necesaria
El Ministerio Público chileno ha logrado desarticular algunas células criminales, obteniendo condenas a cadena perpetua contra miembros dedicados a extorsión y trata de migrantes, especialmente en el norte del país. No obstante, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno y la falta de una estrategia política coherente.
Chile debería coordinar de manera urgente con autoridades brasileñas, que poseen experiencia directa en el combate al PCC, algo que hasta ahora no se ha abordado con la seriedad requerida.
Cambio de ciclo político: el desafío del nuevo gobierno
El presidente electo José Antonio Kast ha centrado su discurso en:
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Seguridad y orden, bajo el principio de que “el orden es justicia”.
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Combate frontal a la corrupción, criticando la pasividad del gobierno saliente.
Más allá de simpatías políticas, su administración enfrentará una prueba decisiva: romper definitivamente cualquier tolerancia, complicidad o ambigüedad del Estado frente al crimen organizado.
Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de KastConclusión
El avance del Tren de Aragua y sus vínculos con el PCC no son un fenómeno aislado, sino el resultado de años de negligencia, ideologización de la seguridad pública y gobiernos de izquierda que prefirieron negar la realidad. El crimen organizado no entiende de discursos progresistas ni de consignas: ocupa el vacío que deja un Estado débil.
Chile aún está a tiempo, pero el costo de la negación ya ha sido alto —y lo han pagado los ciudadanos.
