El 8 de enero de 2026, cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric entra en su recta final, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto que otorga rango legal al llamado Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar.
A primera vista, podría parecer un avance histórico.
En la práctica, es una vergüenza política y moral.
Han pasado más de 50 años desde el inicio de la desaparición forzada en Chile.
Más de cinco décadas de dolor, espera, mentiras, pactos de silencio y promesas incumplidas.
Y recién ahora, al final de un gobierno que se autodefine como progresista y defensor de los derechos humanos, se intenta presentar esta iniciativa como un acto de responsabilidad democrática.
La verdad incómoda: todos prometieron, ninguno cumplió
La propia presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, lo dijo con claridad brutal:
“Hemos trabajado y exigido a todos los gobiernos avanzar en esta materia y siempre recibimos promesas que nunca se cumplieron.”
Esa frase debería avergonzar a toda la clase política chilena, especialmente a los gobiernos de izquierda que hicieron de los derechos humanos una bandera discursiva, pero jamás una prioridad real y sostenida.
Que hoy se diga que “es la primera vez que un gobierno se preocupa de lo que significa la desaparición forzada” no es un mérito.
Es la confesión de un fracaso histórico.
Un país sin respeto por sus víctimas
Chile no respeta a las víctimas de la dictadura militar.
No las respetó la derecha que protegió a los criminales.
Y tampoco las respetó la izquierda gobernante, más preocupada por el poder, los cargos, los acuerdos y los privilegios, que por la verdad y la justicia.
Mientras tanto:
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Las pensiones siguen siendo humillantes,
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Las AFP continúan saqueando a los trabajadores,
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La salud pública es precaria,
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La corrupción política y judicial se normaliza,
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Los medios de comunicación, en manos de intereses económicos y extranjeros, son cómplices por omisión,
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Y el dinero público se administra como botín, no como responsabilidad ética.
La Comisión de Derechos Humanos
Derechos Humanos no se decretan al final del mandato
Este Plan Nacional de Búsqueda fue creado por decreto en noviembre de 2023 y ahora se intenta blindarlo legalmente contra la desmemoria futura.
Pero aprobarlo al final del mandato, sin recursos claros, sin responsables definidos, sin plazos ni sanciones reales, no es justicia.
Es administración del dolor ajeno.
Es marketing político tardío.
Es intentar cerrar un gobierno con una foto simbólica, mientras las familias siguen esperando restos, nombres, lugares y verdad.
Las desapariciones forzadas no prescriben.
Las obligaciones del Estado no dependen del calendario electoral.
Y la dignidad no se negocia en comisiones parlamentarias.
Las víctimas no necesitan favores, exigen derechos
Las víctimas y sus familias no piden gestos,
no piden discursos,
no piden homenajes tardíos.
Exigen:
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Verdad completa,
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Justicia efectiva,
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Reparación digna,
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Y memoria activa.
Chile seguirá fracasando moralmente mientras trate los derechos humanos como un tema secundario, útil solo para discursos internacionales o cierres de gobierno.
Porque un país que abandona a sus víctimas,
termina condenándose a sí mismo.
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