Los senadores analizaron en detalle el articulado de la norma, en especial todo aquello relacionado con el registro público de lobbystas.
Poniendo acento en la necesidad de revisar una serie de materias en las que no se llegó a acuerdo, la Sala dio luz verde al articulado del proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece normas sobre la actividad del lobby.Por 22 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, se aprobó la iniciativa, sin embargo, se determinó que cinco artículos pasen a Comisión Mixta, instancia que deberá conciliar posturas entre ambas Cámaras considerando las diversas modificaciones que se realizaron durante su trámite legislativo.
En concreto, deberán ser estudiados por este grupo parlamentario lo relativo a:
Las causales que pueden impedir el ejercicio del lobby
Que no sean consideradas lobby las comunicaciones efectuadas por el directamente afectado en un procedimiento administrativo
La información que pueden solicitar las personas que estén a cargo de la administración del registro de lobbystas
Los detalles de la solicitud de audiencia
La entrada en vigencia de la ley que está sujeta a la dictación de un reglamento que demoraría cuatro meses en elaborarse
Los senadores Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Hernán Larraín Fernández, José Antonio Gómez, Isabel Allende, Alejandro García Huidobro, Mariano Ruiz-Esquide, Eduardo Frei, Carlos Larraín Peña y Alberto Espina hicieron uso de la palabra durante el debate. A su vez, el Ministro Secretario General de la Presidencia (Segpes), Cristián Larroulet hizo lo propio.
Los temas en los que se focalizó la discusión, fueron la claridad en la elaboración de registros de lobbystas, el rol de la Segpres en dicho listado, la pertinencia de aumentar las sanciones que establece el proyecto, y la urgencia de incorporar un mayor número de sujetos pasivos.
REGISTRO DE LOBBYSTAS
El senador Orpis solicitó que sea un ente independiente quien se haga cargo de la administración del registro de lobbystas puesto que actualmente el proyecto deja dicha función en manos de la Segpres. Así, se mostró partidario que esta tarea sea realizada por el Consejo de la Transparencia. Abogó, también porque se decida si se elaborará un registro único o existirán siete distintos, debido a que el articulado no lo deja del todo claro.
A su turno, el senador Rossi recordó que la política busca promover el interés general por sobre el particular, pero indicó que es legítimo que las personas defiendan este último. En cuanto al registro, se mostró a favor de éste pero manifestó ser partidario de generar uno habilitado para lobbystas remunerados ex antes, y no ex post como fija el texto. También indicó que seis meses es mucho tiempo para que se publiquen los registros.
DEFENSA INTERESES PRIVADOS
El senador Larraín Fernández definió el lobby como las gestiones que hacen los particulares y colectividades para que sus intereses sean escuchados por actores con influencia pública, y sean considerados en la toma de decisiones. Aclaró que aquello no es ilegítimo, pero sí resulta preocupante no tener transparencia de ello. En lo práctico, recordó que una vez en marcha la ley será necesario un tiempo de adaptación a nuevos hábitos.
Luego, el senador Gómez declaró no ser partidario de la norma en discusión, puesto que la redacción permitirá que cualquier persona sea lobbysta. Además criticó el hecho que se establezcan sólo seis meses para que un funcionario que labora en el sector público pueda hacerlo en el privado; y que no se impida que los lobbystas declarados entreguen fondos para campañas políticas.
MÁS SUJETOS PASIVOS
La senadora Allende lamentó que la norma haya ido en la línea de transparentar la actividad y no se haya puesto mayor énfasis en generar un registro serio. La congresista coincidió con sus pares en que se requiere aumentar el número de sujetos pasivos (funcionarios que laboran en servicios públicos), puesto que los secretarios comunales de planificación, por ejemplo, no están contemplados.
En línea con lo anterior, el senador García Huidobro aseguró que no se integró dentro a los jefes de adquisiciones de empresas públicas que tienen el control de licitaciones que pueden transformarse en foco de corrupción. Requirió también que se ponga dentro del listado de sujetos activos o lobbystas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben aportes del Estado, lo que a su juicio es básico.
NO AL LOBBY
El senador Ruiz-Esquide reconoció que se abstendría de la votación puesto que manifestó ser contrario a cualquier forma de lobby. Comentó que por años ha estudiado el tema desde el Congreso, pero que ha llegado a la conclusión que ni éste ni otros proyectos han sido los suficientemente dramáticos para atacar la raíz del lobby. Adelantó que una vez que la iniciativa se transforme en ley, surgirán las trampas que la inhabilitarán.
Luego el senador Frei planteó que acelerar esta discusión es inconveniente, considerando que serán los propios parlamentarios quienes después se verán atados de pies y manos cuando quieran conocer las posturas de distintos actores vinculados a una problemática. En su opinión, también es improcedente determinar que todos los meses se conozca el registro de lobbystas ya que ello implicará que dos mil funcionarios se dediquen a ello generando más burocracia.
CONOCER LA REALIDAD
Una opinión parecida expresó el senador Larraín Peña, quien dijo que esta norma no se condice con la realidad. Aseguró que las autoridades se verán impedidas de ejercer sus cargos. Señaló que el proyecto busca terminar con el fin del tráfico de influencias, pero ello está lejos de desaparecer. A su juicio, lo mejor es que los representantes se formen una idea de los problemas de sus representados conversando directamente con ellos.
El senador Espina pidió que en la Comisión Mixta no sólo se revisen los cinco artículos –anteriormente detallados- sino también otros aspectos que surgieron en medio del debate en la Sala.
A su vez, el ministro Larroulet mencionó que este tema se ha desarrollado abordado por más de diez años, y en el caso particular de esta norma, éste alcanzó los tres años. Destacó que la propuesta busca recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, entre las que se cuenta el Congreso Nacional.
