El Gobierno brasileño envió hoy un proyecto de ley al Congreso que le permite incumplir la meta de superávit fiscal que se había impuesto para este año, pocos días después de admitir que difícilmente la alcanzará debido al fuerte aumento de los gastos y a la reducción de los ingresos.
El Gobierno brasileño pide el aval del Congreso para incumplir su meta fiscal
El Gobierno brasileño envió hoy un proyecto de ley al Congreso que le permite incumplir la meta de superávit fiscal que se había impuesto para este año, pocos días después de admitir que difícilmente la alcanzará debido al fuerte aumento de los gastos y a la reducción de los ingresos.
El proyecto de ley para enmendar la Ley de Directrices Presupuestarias de 2014 autoriza al Gobierno a reducir de su meta de superávit primario los gastos con proyectos de infraestructura incluidos en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Bandera de la actual presidenta, Dilma Rousseff, el PAC es un conjunto de inversiones gubernamentales en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos iniciado hace tres años.
Igualmente permite que se reduzca la meta de superávit fiscal, las exenciones de impuestos concedidas por el Gobierno a sectores afectados por la crisis internacional, entre ellos el automovilístico y el de electrodomésticos.
La iniciativa enviada a consideración del Legislativo no aclara cuál es la nueva meta de ahorro que el Gobierno perseguirá este año y que, antes de las modificaciones, ascendía a 80.800 millones de reales (unos 33.666,67 millones de dólares).
El llamado superávit fiscal primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado sin tener en cuenta los recursos destinados al pago de intereses de deuda.
Desde hace al menos una década y media el Gobierno brasileño se impone una meta anual de ahorro en las cuentas públicas para dejar claro ante los inversores su compromiso con la austeridad fiscal, su capacidad para cumplir las obligaciones de deuda y su intención de no elevar los gastos públicos a niveles insostenibles.
La actual Ley de Directrices Presupuestarias permite al Gobierno excluir de su meta de superávit fiscal inversiones en infraestructuras y descuentos fiscales por hasta 67.000 millones de reales (unos 27.916,7 millones de dólares).
La modificación propuesta eleva ese valor hasta cerca de 135.500 millones de reales (unos 56.458,3 millones de dólares).
Pese a solicitar el aval del Congreso para incumplir la meta de superávit fiscal inicialmente propuesta, el Ministerio de Planificación aclaró en la justificativa que envió al Legislativo que el Gobierno mantiene su compromiso de terminar el año con un saldo positivo en las cuentas públicas.
Según el Ministerio, el Gobierno tuvo que reducir su previsión para el crecimiento económico este año como consecuencia de la crisis internacional y, con la menor actividad económica, cayeron los ingresos previstos por tributos.
Pese a las previsiones iniciales de que Brasil crecería hasta un 4,0 % en 2014, el Gobierno ya admite que la expansión se limitará a un 0,90 %, una proyección optimista comparada con la de los economistas del mercado financiero, que tan sólo esperan un 0,20 %.
"La reducción del ritmo de crecimiento afectó los ingresos necesarios para las inversiones y las políticas públicas previstas", asegura la justificativa del Ministerio de Planificación.
Así, continuó el texto, "el Ejecutivo está comprometido a alcanzar el máximo superávit primario y al mismo tiempo garantizar la ejecución de las inversiones prioritarias y el mantenimiento de los incentivos a la economía nacional mediante reducciones tributarias".
El proyecto de ley se conoce dos semanas después de que el secretario del Tesoro Nacional, Arno Augustin, admitiera que el Gobierno no tenía condiciones de cumplir la meta de superávit fiscal que se había impuesto para este año.
Ello debido a que entre enero y septiembre de este año las cuentas públicas acumularon un déficit primario de 15.705 millones de reales (unos 6.543,75 millones de dólares) y la meta del Gobierno era cerrar el año con un superávit primario de 80.800 millones de reales (unos 33.666,67 millones de dólares).
Además de haber recaudado menos impuestos por la desaceleración económica, el Gobierno elevó los gastos públicos significativamente en un año electoral.
La semana pasada, ante el convencimiento de que los gastos públicos superarán los ingresos este año, el ministro de Hacienda, Guido Mantega, anunció que el Gobierno aplicará cortes en varios subsidios sociales y que eliminará incentivos a la economía para equilibrar sus deterioradas cuentas fiscales.
