Ante la Sala, la diputada Francesca Muñoz relató las consideraciones generales que se tuvieron a la vista para presentar la acusación constitucional, al tiempo que explicitó cada uno de los capítulos del libelo.
Con el debate de fondo se inició el análisis, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ello, luego que la defensa del secretario de Estado no apelara a la denominada cuestión previa. Esto es, la impugnación de los requisitos formales para la formulación del libelo.
El debate partió con la exposición de los acusadores, representados por la diputada Francesca Muñoz (SOC). Expuso, en primer lugar, el contexto en el cual el actual Gobierno recibió la administración del Estado. Esto es, una postpandemia donde hubo un impacto relevante en el sistema educacional, debido a la limitante en la asistencia presencial a clases.
En tal escenario, remarcó, otros Estados dieron una preponderancia a recuperar el espacio perdido en materia de aprendizaje. Por el contrario, acusó que ello no se vislumbró en nuestro país, privilegiándose otras materias que acusó de orden “ideológico”.
Seguidamente, pasó a revisar en detalle cada uno de los siete capítulos del libelo acusatorio. El primero de ellos sostiene que hubo infracción a la Constitución y las leyes en el diseño, promoción e implementación de las “Jornadas Nacionales hacia una Educación no Sexista”.
En este marco, afirmó que se conculcaron gravemente derechos fundamentales: el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de conciencia. Para apoyar dicha visión enumeró un amplio listado de normas nacionales y acuerdos internacionales.
Criticó, además, que se presentó una forma específica de abordar la educación sexual y lo que se debe entender por educación no sexista. Ello, sin mecanismos que permitan respetar otras cosmovisiones valóricas y morales de abordar estas temáticas.
Capítulos 2 y 3
Respecto al capítulo 2, la diputada Francesca Muñoz observó una infracción de la Constitución y las leyes, en el diseño, promoción e implementación de orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno, junto con otras acciones y medidas en líneas similares.
Como en el caso anterior, se sostiene que se impone una única cosmovisión, sin espacio para otras convicciones morales. Asimismo, se refuta el desarrollo de actividades altamente cuestionables para los niños. Junto a ello, la infracción al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos en estas materias.
Luego, respecto del capítulo 3, dijo que se produce una triste paradoja con la implementación de la Política de Educación Inclusiva. Criticó que los estudiantes con discapacidad fueran excluidos de ella. En contraposición, advirtió un sesgo claro para favorecer a la comunidad LGBTQA+ y a los migrantes. Esto se verificaría, por ejemplo, en la página web de Educación Inclusiva, donde solo hay documentos y links relativos a los grupos mencionados.
De igual modo, sostuvo que tampoco existen planes específicos y concretos que permitan dar respuesta a distintas problemáticas relacionadas con la inclusión de estudiantes con discapacidad. Esto, refrendó, implica una inobservancia e infracción directa a las normas legales sobre inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educacional. También representa un incumplimiento grave de compromisos adquirido en tratados internacionales sobre la materia.
Inacción y Junaeb
En el capítulo 4 se apuntó a una inacción de parte del ministro en temas relevantes de su cartera. Se mencionó, por ejemplo, inéditos niveles de ausentismo y deserción escolar. Igualmente, suspensión de actividades formativas; y el aumento notorio de hechos de violencia en distintos establecimientos.
Otros puntos criticados en este marco son la omisión de tender hacia un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que son dispuestos para abordar el problema de infraestructura de escuelas, colegios y liceos. Asimismo, un desincentivo sin justificación de la Red de Liceos Bicentenarios. Junto a ello, incumplimiento de la obligación de informar a las comisiones de Educación de ambas cámaras del Congreso.
“El ministro ha abandonado su rol de dirección y conducción, anteponiendo prioridades que distan mucho de las necesidades de los estudiantes”, se afirmó.
Situaciones vinculadas a la Junaeb se abordan en los capítulos 5 y 6. El primer punto refiere a un inserto en los cuadernos que se entregan a niños y adolescentes. En ellos había información vinculada con educación u orientación de tipo sexual, en particular, sobre educación no sexista. Esto, planteó la diputada, afecta el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
El segundo tema es referente a los programas de Alimentación Escolar y de Alimentación de Párvulos. Acá se sostuvo que la Junaeb vulneró el mecanismos de fijación de la programación mensual de productos (PMP) en función de la programación referencial de productos alimenticios (PRP).
Según se detalla, le entidad fija o exige productos no previstos en la PRP y que se sirvan a establecimientos no contemplados en la programación. Igualmente, montos exigidos por fuera de la PRP considerablemente altos. Todo ello, afirmó, altera de manera sustancial el mecanismo de adquisición pública y los contratos suscritos en el proceso de adjudicación.
En ambos casos acusó incumplimiento manifiesto del ministro de Educación de sus deberes de supervigilancia y fiscalización.
Servicios locales de educación pública
Finalmente, explicó el séptimo capítulo, que refiere a negligencias graves e inejecución en el proceso de implementación de los Servicios locales de educación pública (SLEP).
Sobre el respecto, dijo que el ministro no cumplió su rol de superioridad jerárquica de la Dirección de Educación Pública. Dicha entidad no estaría realizando su papel de acompañamiento del proceso de implementación de los SLEP.
En particular, observó la implementación de dos de los seis nuevos SLEP, la cual calificó como ”crítica”. Son los de Licancabur y Maule Costa. En ellos no existiría la dotación funcionaria implementada, ad portas del traspaso, ni oficinas ni equipamiento.
También cuestionó a los SLEP de Valparaíso y de Atacama, donde existirían diversos problemas de funcionamiento y de carácter presupuestario.
El análisis de admisibilidad de la acusación continúa ahora con la presentación de los argumentos de la defensa del ministro Ávila, Francisco Cox.
