Por: Rodolfo Varela
Blog de Rodolfo Varela — Directo al Punto
Hay cosas que simplemente no deberían ocurrir cuando hablamos de derechos humanos.
Una de ellas es tratar la historia, la identidad y los antecedentes familiares de una persona como si fueran un simple documento administrativo que puede ser introducido en un sobre y enviado por correo común.
Por eso me llamó profundamente la atención la denuncia publicada por Stichting Chilean Adoptees, organización que representa a personas chilenas adoptadas en los Países Bajos.
La denuncia es concreta: después de haber planteado en mayo de 2025 a Wereldkinderen su preocupación por la forma en que se enviaban expedientes de ascendencia con información extremadamente sensible, se habría acordado que esos documentos serían enviados posteriormente mediante correo certificado y con mayores medidas de cuidado.
Sin embargo, según la organización, más de un año después dos adoptados chilenos volvieron a recibir sus expedientes de la misma manera: directamente en el buzón.
Y entonces surge una pregunta que va mucho más allá de un sobre:
¿Qué valor tienen los acuerdos cuando las instituciones no los cumplen?
UNA HISTORIA DE VIDA NO ES UN PAPEL CUALQUIERA
Un expediente de ascendencia puede contener el nombre de una madre biológica, la identidad de un padre, antecedentes de nacimiento, documentos judiciales, información familiar y circunstancias que explican por qué un niño terminó separado de su familia.
Para quien busca sus orígenes, ese expediente puede representar algo que esperó durante décadas.
Puede contener la respuesta a una pregunta que lo acompañó durante toda su vida:
¿Quién soy realmente y de dónde vengo?
Por eso resulta difícil comprender que información de semejante importancia pueda ser tratada como correspondencia ordinaria.
No estamos hablando solamente de privacidad.
Estamos hablando de dignidad, identidad, memoria y derechos humanos.
CHILE NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO
Y aquí está el problema que nos lleva directamente a Chile.
El propio Estado chileno reconoció en febrero de 2026 que existen miles de denuncias relacionadas con adopciones ocurridas entre las décadas de 1950 y 2000 y que estos hechos constituyen graves vulneraciones del derecho a la identidad y a la vida familiar.
Por lo tanto, ya no estamos solamente ante testimonios aislados de personas que buscan a sus familias.
Existe un reconocimiento institucional de que estamos frente a un problema de derechos humanos.
Y cuando hablamos de derechos humanos, la respuesta del Estado no puede limitarse a crear mesas de trabajo, elaborar informes o anunciar medidas.
Las víctimas necesitan resultados.
Necesitan acceso a los archivos.
Necesitan investigaciones.
Necesitan cooperación internacional.
Necesitan saber qué ocurrió con sus madres, sus padres, sus hermanos y sus hijos.
Y, sobre todo, necesitan conocer su propia historia.
NO ES UN PROBLEMA DEL PASADO
Algunos podrían preguntarse:
¿Para qué seguir hablando de hechos ocurridos hace décadas?
La respuesta es sencilla.
Porque para quien todavía busca a su madre, su hijo, su hermano o su familia biológica, el tiempo no cerró la herida.
El paso de los años no devuelve automáticamente la identidad.
Una persona puede tener 40, 50, 60 o más años y continuar buscando respuestas sobre su nacimiento.
Por eso el derecho a la identidad no tiene fecha de vencimiento.
Y tampoco debería tenerla la obligación de investigar.
LOS ANTECEDENTES SON DEMASIADO SERIOS
Una investigación publicada por CIPER en agosto de 2024 documentó antecedentes sobre al menos 155 niños chilenos enviados irregularmente a los Países Bajos desde el Hogar Las Palmas entre 1970 y 1990. El reportaje también señaló que una investigación judicial chilena había identificado más de 20 mil menores adoptados irregularmente por extranjeros entre 1970 y 1990, aunque las causas judiciales siguen caminos diversos y no todos esos casos tienen la misma situación procesal.
Más recientemente, en agosto de 2026, CIPER informó sobre un informe del Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares que revisó 61 adopciones de niños chilenos realizadas entre 1987 y 2010. El informe describió casos de madres a quienes se habría hecho creer que sus hijos habían muerto, además de otros antecedentes de engaño o amenazas. También cuestionó la profundidad de los controles realizados por autoridades noruegas, especialmente durante el período de la dictadura chilena.
Y en septiembre de 2026 apareció otro antecedente que merece atención.
CIPER reveló documentos sobre una investigación reservada realizada entre 1981 y 1983 por la entonces ministra de Justicia Mónica Madariaga, después de recibir antecedentes relacionados con adopciones irregulares y tráfico de niños chilenos hacia Estados Unidos e Italia.
Entonces cabe preguntarse:
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para conocer toda la verdad?
LAS MADRES TAMBIÉN TIENEN DERECHO A SABER
Detrás de cada expediente existe una historia humana.
Una madre que pudo haber sido engañada.
Una familia que pudo haber recibido información falsa.
Un niño que creció lejos de sus raíces.
Un adulto que décadas después comienza a buscar.
Y muchas veces, una persona que descubre que aquello que le contaron durante toda su vida simplemente no correspondía con la verdad.
Eso no es una cuestión burocrática.
Eso es una tragedia humana.
Y cuando existen antecedentes de irregularidades, el Estado tiene la responsabilidad de hacer todo lo razonablemente posible para reconstruir esas historias.
MI SOLIDARIDAD COMO VÍCTIMA
Yo no soy una persona adoptada y no pretendo hablar en nombre de quienes vivieron esa experiencia.
Pero sí soy una víctima de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar chilena.
Conozco personalmente lo que significa que una parte de tu vida quede marcada por decisiones tomadas por otros.
Conozco el dolor de tener que buscar respuestas.
Conozco lo que significa que el Estado reconozca oficialmente una parte de lo ocurrido y, al mismo tiempo, que muchas heridas permanezcan abiertas durante décadas.
Por eso puedo solidarizar con quienes todavía buscan a sus familias sin apropiarme de su historia.
No hablo por ellos. Hablo junto a ellos.
Y creo que Chile tiene una obligación moral e institucional con estas personas.
Madres chilenas en larga búsqueda de bebés robados durante la dictadura de PinochetLA MEMORIA TAMBIÉN ES IDENTIDAD
Chile ha avanzado en el reconocimiento de algunas de sus deudas históricas.
Pero avanzar no significa que la deuda esté saldada.
En febrero de 2026 el Gobierno presentó recomendaciones de una Mesa Interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares, orientadas a verdad, justicia y derecho a la identidad.
Ese paso debe ser valorado como un antecedente institucional.
Pero precisamente por eso también debemos exigir que las recomendaciones se transformen en acciones concretas, permanentes y verificables.
Porque las víctimas no pueden vivir eternamente esperando que una nueva administración, una nueva comisión o una nueva mesa vuelva a comenzar desde cero.
UN EXPEDIENTE NO ES UN PAQUETE
Por eso quiero volver al comienzo.
Un expediente de ascendencia no es un paquete cualquiera.
No es una publicidad.
No es una factura.
No es un documento administrativo sin importancia.
Puede contener la identidad de una persona.
Puede contener la historia de una familia.
Puede contener la última posibilidad de reconstruir una verdad.
Y por eso la denuncia de Stichting Chilean Adoptees debería servirnos para abrir una conversación mucho más profunda.
Si una institución invoca la privacidad para proteger información personal, entonces debe aplicar ese mismo principio de cuidado cuando entrega esa información a quien tiene derecho a conocerla.
La privacidad no puede ser una excusa para ocultar información cuando se solicita, y después desaparecer cuando finalmente esa información es entregada.
La privacidad implica responsabilidad.
La identidad implica dignidad.
Y la verdad exige compromiso.
¿HASTA CUÁNDO?
Entonces vuelvo a la pregunta que dio origen a estas palabras:
¿Hasta cuándo tendrán que esperar las víctimas?
¿Hasta cuándo una madre tendrá que preguntarse qué ocurrió con su hijo?
¿Hasta cuándo un hijo tendrá que preguntarse quiénes fueron sus padres?
¿Hasta cuándo una familia tendrá que vivir con documentos incompletos, contradictorios o inaccesibles?
¿Hasta cuándo Chile permitirá que la búsqueda de una identidad dependa de la voluntad, capacidad o buena disposición de instituciones nacionales o extranjeras?
No estoy pidiendo privilegios.
Estoy hablando de derechos.
Y los derechos humanos no deberían depender del lugar donde nació una persona, del país donde terminó viviendo ni de cuántas décadas hayan pasado.
La identidad pertenece a cada ser humano.
Y la verdad sobre el origen de una persona no debería ser tratada como una mercancía, un trámite burocrático ni un simple paquete que alguien deja caer dentro de un buzón.
Chile tiene una deuda con estas víctimas.
Y una deuda de derechos humanos no desaparece porque pase el tiempo.
La memoria no se archiva.
La identidad no prescribe.
La verdad no puede ser enviada al olvido.
Por: Rodolfo Varela
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