Por Rodolfo Varela
Una vez más, el poder judicial chileno demuestra su profunda complicidad con los crímenes de la dictadura. La Corte de Apelaciones de Temuco ha confirmado la ridícula condena de cinco años de reclusión domiciliaria total para el ex fiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, responsable del asesinato bajo tortura del estudiante Santiago Omar Faúndez Bustos, ocurrido en noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel.
Sí, leyó bien: reclusión domiciliaria total. Un criminal de lesa humanidad cumpliendo su pena en la comodidad de su hogar, mientras miles de víctimas de la dictadura siguen condenadas —ellas sí— a la miseria, el abandono y el olvido.
El fallo, dictado por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre y ratificado por la Primera Sala del tribunal, no solo insulta la memoria de las víctimas, sino que desnuda la decadencia moral de un sistema judicial que aún protege a los verdugos del pueblo chileno. Este hombre, que en 1973 se desempeñaba como fiscal militar “ad-hoc” en Temuco, participó directamente en los interrogatorios y torturas que culminaron con la muerte del joven Faúndez Bustos, de apenas 23 años, militante del Partido Socialista.
Murió electrocutado, sofocado, brutalmente torturado. Su madre, Rosalía Bustos, lo vio por última vez en estado deplorable, bajando de un camión militar. Cuando pidió explicaciones, Podlech la mandó encerrar en un calabozo.
Y ahora, más de cincuenta años después, este mismo hombre es premiado con el privilegio de morir en su cama.
¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la moral de este país?
Mientras tanto, las víctimas y sus familias sobreviven con pensiones miserables que no alcanzan para comer.
El salario mínimo en Chile es hoy de $529.000 pesos, y se anuncia con “orgullo” que subirá a $539.000 en 2026. Una burla. Una cifra vergonzosa en un país donde el costo de vida supera con creces esa cantidad. ¿Cómo puede un sobreviviente de la tortura, un exonerado político o una viuda del terrorismo de Estado vivir con eso?
La respuesta es simple: no puede.
Chile los ha condenado —no a prisión domiciliaria—, sino a la pobreza, la enfermedad y la desesperanza.
Y lo más indignante es que esta traición no proviene solo de la derecha, que siempre defendió a los asesinos, sino también de una izquierda acomodada y corrupta, integrada al mismo sistema político que juró combatir.
Han pasado décadas de gobiernos progresistas, de discursos de memoria y justicia, pero las víctimas siguen esperando. Los culpables mueren impunes, y los tribunales continúan reproduciendo el desprecio por los derechos humanos.
No se puede hablar de reconciliación sin justicia.
No se puede hablar de democracia mientras los criminales de lesa humanidad son tratados con compasión y las víctimas son condenadas al olvido.
El fallo de la Corte de Temuco es una ofensa a la verdad histórica, una burla a las familias de los asesinados y un nuevo golpe a la dignidad del pueblo chileno.
Chile y la izquierda no puede seguir siendo cómplice del silencio, ni del perdón disfrazado de justicia.
Mientras los responsables de la tortura mueren cómodamente en sus casas, las verdaderas condenadas son las víctimas, que aún esperan, en su vejez y con pensiones miserables, que este país algún día les devuelva lo que les robó: la dignidad y la justicia.
#Blog de Rodolfo Varela# DerechosHumanos #Chile #Justicia #Memoria #Democracia #NuncaMás
