Cuando Michelle Bachelet decidió enfrentar su segunda candidatura presidencial, el enemigo a combatir parecía evidente: la desigualdad. Iniciado su segundo año de gobierno, las cosas han dado un vuelco. Le ha salido al camino otro, totalmente insospechado: la corrupción. Si bien la excelente posición de Chile en los rankings de Transparencia Internacional desafía esta idea, la percepción al respecto parece estar desatada.
Los recientes escándalos por fraude tributario y financiamiento de la política que involucran a las empresas Penta y Soquimich han generado conmoción. Se los califica como "la crisis de confianza institucional más grave desde el retorno a la democracia". Súmese a ello el caso Caval, que vincula al hijo de la mandataria con un controvertido negocio inmobiliario acerca del cual se investigan posible tráfico de influencias e información privilegiada.
La presidenta ha nombrado a un Consejo Asesor Presidencial del que se esperan medidas que deslinden la política de los negocios, así como el diseño de estrategias para minimizar los conflictos de interés. Al mismo tiempo, ha cursado instructivos y solicitado propuestas a su Comité Político y a los partidos. Sin embargo, dirigentes y analistas reclaman insuficiencia, asociándolo a un vacío de liderazgo que mantienen atado a la testosterona. Existe la expectativa, incluso en el caso de una presidenta con un estilo validado internacionalmente como ella, que golpee la mesa con tono severo.
Chile destaca por su modelo de representación política acorde con el elitismo competitivo, con énfasis en la rendición de cuentas
Dentro del continente, Chile destaca por su modelo de representación política acorde con el elitismo competitivo, con énfasis en la rendición de cuentas, donde el ciudadano es visto más como consumidor que activista y con oportunidades muy escasas para el ejercicio de la democracia semidirecta. Las elecciones vienen mostrando un declive en participación. El malestar, entonces, se drena a través de canales alternativos. Un ejemplo son las redes sociales, en cuyo uso el país es líder regional. En ellas las desconfianzas, tanto en el gobierno (que asciende a 70% según la OCDE) como la interpersonal, que es la más baja de los países de dicha organización, corren como reguero de pólvora en forma de sospecha. Ello se facilita por el amplio acceso a internet y su maridaje con los medios. El 66% de los chilenos cuenta con conexión permanente y el 73% lo hace desde sus teléfonos móviles.
Así como se suele señalar que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia, se repite que los de falta de transparencia se solucionan con más transparencia. ¿Será tan así? Sacar algo de la opacidad ¿implica necesariamente prevenir y frenar la corrupción? Vivianne Blanlot, presidenta del Consejo para la Transparencia, reconoce la importancia de la regulación porque reduce las malas prácticas pero no las elimina, cosa que se observa incluso en los países con los mayores índices de transparencia. Por lo demás, en el vínculo entre política y transparencia puede encontrarse una relación similar a la que hace Bernard Crick entre política y democracia. En su libro En defensa de la política afirma que "aunque la democracia sea compatible con la política (de hecho, hoy la política podría existir difícilmente sin ella), en muchas ocasiones la política necesita ser protegida de las reivindicaciones de exclusividad de determinadas acepciones de la democracia que pueden conducir al despotismo de las democracias populares o a la anarquía del Congo".
Así como se suele señalar que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia, se repite que los de falta de transparencia se solucionan con más transparencia
La taumaturgia que se le atribuye a la transparencia encuentra su equivalente en la exaltación de otro valor: la autonomía. Frente a los problemas que va enfrentando la política, se sugiere su solución mediante la creación del respectivo poder autónomo dentro del aparato estatal, independiente del poder político. El modelo es el Banco Central. A nivel del debate público, se ha planteado dicha posibilidad para el Servicio de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Estadísticas, además del Servicio Nacional del Consumidor, una Agencia de Evaluación de Calidad de las Políticas Pública e, incluso, una dedicada a las infraestructuras.
De dicha fórmula, sólo se revelan bondades. Aparece revestida con el ropaje de la técnica y por su orientación al largo plazo, más allá de los ciclos electorales, olvidando sus trade-offs. Aumenta la fragmentación, por lo que incide en la pérdida de orientación estratégica de los gobiernos pero también al vaciamiento de la política, al sustraerle progresivamente ámbitos de competencia. ¿No será esto una variante, ciertamente más sutil, de la anti política?
