La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha ofrecido disculpas públicas tras sus polémicas declaraciones sobre la dictadura cívico-militar encabezada por el traidor Augusto Pinochet. “Nada puede justificar semejantes actos”, afirmó, intentando enmendar el impacto de sus palabras en una ciudadanía que no ha olvidado los crímenes cometidos entre 1973 y 1990.
Pero, ¿son suficientes unas disculpas para sanar una herida que sangra hace más de cinco décadas?
Un contexto que no se puede maquillar
En abril pasado, Matthei declaró en Radio Agricultura que el golpe de Estado fue “necesario” y que las muertes durante los primeros días del régimen eran “bien inevitables”. Una afirmación que, más allá de la insensibilidad, evidencia un preocupante revisionismo histórico.
“Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”, sostuvo entonces, minimizando la represión sistemática, las torturas, las desapariciones forzadas, los exilios, las exoneraciones arbitrarias y hasta el secuestro y la venta de niños y niñas a familias extranjeras.
Las declaraciones generaron un rechazo transversal, especialmente entre víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, quienes aún esperan verdad, justicia y reparación integral.
Disculpas en clave electoral
Las disculpas de Matthei, publicadas este domingo en una carta dirigida al economista Sebastián Edwards en El Mercurio, buscan dar un giro a una campaña marcada por la tensión. “Desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causar”, dijo, asegurando que su intención nunca fue ofender.
Sin embargo, la candidata no es una figura externa a este pasado. Es hija del general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar, y ha defendido reiteradamente la obra económica del régimen. Hoy, sus disculpas parecen menos una expresión de convicción y más una estrategia de contención política frente a un electorado que se aleja de los discursos negacionistas.
Chile herido: una deuda pendiente con la verdad
La derecha y la ultraderecha chilena insisten en tratar la memoria histórica como un obstáculo para la gobernabilidad, cuando en realidad es una deuda moral con miles de víctimas. La dictadura no fue solo un quiebre institucional; fue un aparato de violencia y muerte. La evidencia está en los informes Rettig y Valech, en los testimonios, en las fosas comunes y en los archivos que aún permanecen bajo secreto militar.
Quienes hoy minimizan o relativizan estos crímenes subestiman la inteligencia del pueblo chileno, pretendiendo que ha olvidado o que ignora. No es así. Chile recuerda. Chile no es ignorante.
¿Reconciliación sin justicia?
Hablar de reconciliación sin asumir responsabilidades ni garantizar justicia es cinismo político. Las víctimas no han recibido reparación suficiente. Muchos torturadores continúan impunes. Las pensiones robadas nunca fueron devueltas. Y los niños raptados aún buscan sus identidades.
Pero esa deuda no es solo de la derecha. También los gobiernos de izquierda han fallado. Tuvieron la oportunidad de avanzar decididamente en la reparación, en la sanción a los criminales y en la devolución de lo robado, pero hicieron poco o nada. La responsabilidad política también recae sobre quienes, con el poder en las manos, optaron por la tibieza, la lentitud o el cálculo electoral.
Y no se trata solo de los gobiernos. El pueblo chileno también debe reflexionar. Durante décadas ha elegido presidentes de una ideología, mientras entrega el Congreso a representantes de la ideología opuesta. ¿Cómo se puede construir justicia y avanzar en leyes de reparación, si el propio sistema político bloquea toda iniciativa transformadora?
Además, las consecuencias de ese modelo impuesto por la dictadura aún castigan a millones de chilenos, especialmente a los jubilados. Las pensiones actuales no alcanzan para sobrevivir, son inferiores al salario mínimo, y en muchos casos no llegan ni al 50% de lo necesario para vivir con dignidad. ¿Quién puede reconciliarse con un país que abandona a sus mayores y premia a quienes saquearon sus derechos?
La voz de quienes vivieron el horror
Ahora que Chile entra en una franca carrera presidencial, pareciera que todos los involucrados —políticos de derecha, excolaboradores del régimen, y hasta algunos empresarios y religiosos— se vuelven buenos y arrepentidos. Pero la memoria no se maquilla con discursos.
Lo que deberían hacer las autoridades judiciales, más allá de aceptar disculpas formales, es investigar a fondo las fortunas acumuladas por aquellas familias que se beneficiaron directa o indirectamente de la dictadura, incluyendo altas figuras del poder judicial, político, militar, religioso y económico, sin olvidar a los civiles que colaboraron con la represión, como los jerarcas de la Colonia Dignidad, un enclave de horror que aún sigue esperando justicia plena.
¿Acaso ya olvidaron todo esto?
Yo no. Porque yo soy parte de esa historia reciente. El 11 de septiembre de 1973, mientras otros celebraban el bombardeo a La Moneda, yo trabajaba en Radio Corporación, junto a más de 20 colegas. Fuimos testigos directos del terror desatado por quienes hoy intentan justificarse o borrar lo que todos sabemos que ocurrió.
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