El texto, por el que los chilenos votarán en referéndum el próximo 4 de septiembre, es el hito para dar forma al nuevo país que gritó por los ciudadanos que salieron a las calles durante el acto social de octubre de 2019 y que también votaron principalmente por sustituir la actual Carta Magna de 1980 y el legado de la sangrienta dictadura militar del traidor Augusto Pinochet. Sin embargo, según las encuestas, este entusiasmo por el cambio no parece haberse transformado en un apoyo firme a la propuesta de los constituyentes.
El nuevo texto constitucional propone una democracia representativa, con visión de igualdad, garantía de los derechos sociales y con un fuerte enfoque ambiental, pionera en la región, y que marcaría una gran diferencia con la Constitución anterior.
Mientras que en el proyecto actual es solo uno de los 15 capítulos de los ecosistemas, en el proyecto actual el de los separados lo menciona directa o indirectamente.
En total, son 98 artículos que aluden a la emergencia climática y las herramientas para mitigarla, que van desde promover la educación ambiental hasta la gestión del agua hasta el desarrollo de investigaciones científicas que promuevan el equilibrio del ecosistema.
La transversalidad y profundidad de estos artículos son los que han convencido a la mayor parte del movimiento ecologista, dentro del país sudamericano, a defender la propuesta constitucional.
“El proceso de elaboración incluyente que buscó dar respuesta a la nueva crisis climática que vivimos marca un camino que sirve de inspiración para el mundo”, dijo Patricia Madrigal, ex viceministra de medio ambiente de Costa Rica. Por su parte, el académico de la Universidad de Viena, Ulrich Brand, comentó que este proyecto constitucional es “una valiosa caja de herramientas para cambiar el modelo económico a un modelo posrracista y posdesarrollista”.
En estos días, la Constitución está en boca de todos. Es hora de elogiarlo o criticarlo, el debate está en los hogares de todos los chilenos y en las calles.
“Este es un gran avance. Es un antes y un después de lo que entendemos por democracia”, explica vía telefónica Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace en Chile. Ezio Costa, profesor de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, es optimista: “Creo que la sociedad entiende que el momento es ahora”. Por su parte, Yarela Gómez Sánchez, exconvencionista por la región de Aysén, agregó: “Este es el punto de partida para empezar a hacer las cosas bien”. Entre los artículos científicos vinculados al ecologismo, estos son los seis puntos clave, según académicos y organizaciones ambientalistas:
Chile como “Estado Ecológico”
De aprobarse, sería la primera Constitución en el mundo que reconoce la crisis climática y señala al Gobierno como responsable de las medidas de mitigación. Menciona desde el artículo primero y en el 128 es más explícito: “Es deber del Estado adoptar acciones para la prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y los efectos causados por la crisis climática y ecológica”. Para Ezio Costa, este punto no es anecdótico: “Lo que hace esta nueva norma es entender que las actividades de las personas en el suelo se integran a los ciclos naturales, en lugar de destruirlos. Es algo inaudito”.
Además, los expertos coinciden en que de autodeterminarse como “estado ecológico”, se está abriendo la puerta a una conversación “sin prisas” y centrada en “el planeta de las siguientes generaciones”.
Reconocimiento de los derechos de la naturaleza
La palabra “naturaleza” aparece 36 veces en el texto. El artículo 18 es bastante claro cuando son sujetos de derechos: “Las personas naturales, los pueblos y naciones indígenas y la naturaleza”. Esto implica el derecho a existir, a mantenerse y funcionar en sus ciclos de vida ya ser restaurados.
Para Juan José Martín, ex constituyente por el Distrito 12 y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, este es uno de los puntos más revolucionarios. “Es un cambio legal sustantivo. En el suelo, se aborda desde los derechos humanos ambientales, es decir, cuando sirve al ser humano, campana que se define por sí misma. Esta es la medida más robusta para protegerlo”, explica. Además, los animales son considerados “sujetos de especial protección”, en alusión a su sentimiento y derecho a una vida libre de maltratos.
El agua será un derecho humano y dejará de ser un recurso privado
Chile es el único país del mundo que reconoce la escala constitucional de los derechos privados de agua. Esto ha dificultado la implementación de soluciones efectivas frente a la crisis del agua que mantiene a un millón de chilenos sin este recurso. La gestión, actualmente en manos de 40 organizaciones, está en manos de Aquiles en el país.
En la propuesta de nueva constitución, el agua no sería propiedad de unos pocos, sino que se contempla como un bien común natural “inapropiable en todos sus estados” del que, además, se debe hacer un “uso razonable”. También enfatiza que el deber del Estado es protegerlo. Por tanto, “quedan excluidos de toda actividad minera, los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ésta declare”. “La respuesta para acabar con la crisis hídrica en el agua la podemos buscar en la lluvia, tiene que venir de la gestión del recurso”, zanja González, de Greenpeace. Este cambio de paradigma no significa el fin del uso del agua.
El Estado podrá otorgar permisos administrativos para el uso de estas instalaciones. Lo que antes eran derechos de uso de agua, se convirtieron en “autorizaciones”.
Más mecanismos de participación ciudadana
Otro de los puntos fuertes es la democracia ambiental, que se basa en el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental de los ciudadanos.
En el caso del 'sí', la ciudadanía podría ahora organizarse para proponer un proyecto de ley al Congreso, algo inédito hasta ahora. Para el proceso, sería necesario que un grupo equivalente al 3% de los habilitados para votar presente la iniciativa. “Eso descentraliza el poder”, explica Costa, “y también pasa con la sociedad teniendo mucho más que decidir y hacer. Será más fácil tomar partido en la solución de los problemas ambientales”. “Es entender a la sociedad como parte activa de las soluciones”, insiste Yarela Gómez.
Las personas y los pueblos, “conjunto inseparable” de la naturaleza
En el terreno se reconoce a los pueblos indígenas y se reconoce el derecho a sus territorios y recursos, una campana que se planta para blindar estas tierras con “protección especial”.
Los instrumentos jurídicos para su “catástrofe, regularización, deslinde, titulación, reparación y restitución” también son responsabilidad de la administración pública.
Alihuen Antileo Navarrete, presidente de la asociación Plataforma Política Mapuche y coordinador del comité por el Apruebo de su comunidad, celebra que “al fin” se incluya en los pueblos indígenas (que representan el 13% de chilenos; 11% de ellos, mapuches) en la Carta Magna. “Es como si empezáramos a existir constitucionalmente hablando”. “Para nosotros representa un logro importante, que se ha establecido como el principio del buen vivir. Da sentido y finalidad a la actividad del Estado ya los diferentes agentes económicos”.
En el nuevo escrito, 55 artículos contemplan los derechos de estos pueblos originarios, grandes defensores de la biodiversidad y los ecosistemas.
La creación de organizaciones de defensa ambiental.
El texto incluye la creación de la Agencia Nacional de Aguas, encargada de velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Aguas, o la Defensa de la Defensa Natural, que actuará como elemento fiscalizador del Gobierno y de las entidades privadas en materia ambiental.
Estos nuevos organismos materializarían toda la estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y proteger la biodiversidad.
También se multiplicarían los tribunales ambientales (hoy solo hay tres en todo el país) y se constituirían los consejos de cuencas hidrográficas, con más espacio para la conversación y decisión de las comunidades vinculadas a cada una de estas fuentes de agua.
“Al separar la gestión del agua del ciclo político y hablar de órganos constitucionales autónomos, la conservación se enfoca desde un punto de vista más técnico, con más ciencia y datos detrás. Es una gira enorme”, explica Juan José Martín. “Si esta venta sale adelante”, revela el representante de Greenpeace, “hay una gran tarea en la implementación. Sabemos que faltarán muchas reformas legales. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero este es un hito que nos permite avanzar. Estar más cerca del país que queremos”.
