El senador Baldo Prokurica precisó que “este nuevo proyecto de inversión en Codelco Salvador –el cual habíamos pedido a la actual administración- asegura la viabilidad de este importante proyecto minero para Atacama”.
Como un “anuncio esperado, ya que asegura la viabilidad del yacimiento”, calificó el presidente de la Comisión de Minería y Energía, senador Baldo Prokurica, la información dada a conocer por un matutino de la capital, donde fuentes de Codelco anunciaron que la corporación estatal, decidió dar luz verde al desarrollo del proyecto Rajo Inca de la División Codelco Salvador, lo que permitirá explotar a cielo abierto la mina que hoy funciona como subterránea en la III Región.
Según un informe, Rajo Inca implicará una inversión cercana a los US$ 3 mil millones y su potencial de producción supera las 160 mil toneladas de cobre al año. Esto triplicará la producción actual de 50 mil toneladas del metal rojo que alcanza la Codelco Salvador. Además, su ley de mineral -porcentaje de cobre que se extrae por cada tonelada de tierra removida- estaría en torno a 0,45%.
“Este nuevo proyecto –tan esperado por Codelco Salvador- y que hemos pedido a la actual administración, creo que asegura –de alguna manera- la viabilidad de este yacimiento, y además de eso, genera nuevas esperanzas para este proyecto minero que creo que son muy alentadoras”, señaló Prokurica.
En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “si a esto le agregamos los nuevos recursos que el gobierno ha autorizado para capitalizar Codelco, creo que es una muy buena noticia para Codelco y para la División El Salvador que ha pasado por problemas, pero que creemos que con estas noticias, tenemos buenas alternativas y posibilidades para el futuro”.
Según se indicó, los estudios que maneja Codelco permitirían asegurar la existencia de reservas por 1.600 millones de toneladas de cobre. Esto se traduciría en la extensión de la vida útil del yacimiento hasta el 2054.
“No estábamos equivocados quienes nos jugamos –durante los gobiernos de la Concertación- para que Codelco Salvador no se cerrara”.
Frente a esta nueva realidad, se alejan los fantasmas de un eventual cierre de operación en la división.
“Hoy día –con estas dos noticias- (inversión y capitalización), lo que hacemos es reafirmar que Codelco Salvador es una división que está vigente, que tiene futuro y que puede seguir generando desarrollo, recursos para el estado y posibilidades de trabajo para nuestra gente”, concluyó el parlamentario.
El proyecto de Reforma Constitucional, establece que para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Presidente de la República tendrá un plazo de 30 días para enviar al Senado su proposición de nombramiento, desde que reciba el Oficio de la Corte Suprema con la nómina de postulantes. A su vez el Senado, deberá pronunciarse en un plazo de 15 días.
La moción (boletín 9182), presentada por los diputados María Angélica Cristi (UDI) y Cristian Letelier (Ind), indica que actualmente la Constitución Política de la República consagra el procedimiento al cual se deberá ajustar la ley para el nombramiento de los jueces. Sin embargo, tal procedimiento no establece plazos para que las distintas instituciones que participan en dichos nombramientos procedan a realizarlos.
Los diputados señalan que la ausencia de plazos hace que la judicatura se vea afectada cuando se produce una vacante, la cual es llenada en un tiempo muy posterior al requerido por el servicio judicial en óptimas condiciones. “Es como si un ministro de estado fuera reemplazado después de 3 o 4 meses. De ocurrir aquello ciertamente que la Secretaría de Estado se vería afectada en su funcionamiento”, aclaran.
El principio de continuidad en el servicio, que rige la administración del Estado, también es aplicable al poder judicial, por eso es que, ante la demora muchas veces en el nombramiento de los jueces, la Corte Suprema tiene que nombrar en los Tribunales Superiores de Justicia ministros suplentes.
Asimismo, los parlamentarios explican que en el último tiempo, por factores ajenos a los órganos judiciales, el nombramiento de vacantes suscitadas en este alto Tribunal, se han retardado más allá de lo conveniente y prudente para un tribunal que conforme al texto fundamental se compone de 21 ministros.
“Tanto es así que, el pleno de la Corte Suprema ha tenido que proceder a nombrar ministro suplente en el lapso en que el Presidente de la República envía al Senado la propuesta de ministro y este cuerpo legislativo lo aprueba. Esta situación es muy lamentable, dada la alta carga de trabajo que tiene el Tribunal Supremo y lo necesario que resulta para el público en general el que dicha judicatura tenga todos sus miembros titulares a la brevedad posible cuando se produzca una vacante en ella”, sostienen.
Por lo anterior, y con el propósito de perfeccionar el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, el texto indica que se hace esencial establecer un plazo constitucional tanto para el Presidente de la República, para fijar su propuesta, como para el pronunciamiento sobre aquella por parte del Senado.
De esta manera, el proyecto de ley modifica el artículo 78 de la Constitución Política de la República estableciendo que el Presidente dentro del plazo de 30 días, contados desde que reciba el oficio de la Corte Suprema que contenga la nómina, deberá enviar al Senado su proposición de nombramiento.
El Senado deberá pronunciarse sobre dicha proposición en el plazo de 15 días de recibida la comunicación del Presidente de la República conteniendo su proposición de nombramiento.
La iniciativa legal será analizada por la Comisión de Constitución.
