Por Rodolfo Varela
Mientras los tribunales chilenos siguen desenterrando las huellas de una de las tragedias más vergonzosas de nuestra historia —las adopciones irregulares de miles de niños y niñas durante la dictadura—, los gobiernos de turno, tanto de izquierda como de derecha, continúan repitiendo el mismo libreto de promesas vacías y gestos simbólicos.
Ministro en visita Alejandro Aguilar se reúne con embajadora de SueciaEsta semana, el ministro en visita Alejandro Aguilar se reunió con la embajadora de Suecia, Sofía Karlberg, y con representantes de los chilenos adoptados en ese país. Detrás del protocolo diplomático y las cifras oficiales, se esconde una herida abierta: 151 causas judiciales relacionadas con menores chilenos enviados a Suecia, de los cuales 110 buscan la verdad por iniciativa de las propias víctimas.
Los números son fríos, pero el drama es humano: niños arrebatados a sus madres en hospitales, orfanatos y parroquias; archivos borrados; identidades destruidas; y un Estado que durante décadas prefirió mirar hacia otro lado. Hoy, de esas 151 causas, solo una tiene sobreseimiento definitivo. El resto espera, como esperan también las familias, una justicia que llega tarde y nunca completa.
El ministro Aguilar lidera además la investigación de 1.418 causas por adopciones irregulares, algunas ocurridas desde 1965. En junio de este año, se dictó el primer procesamiento por sustracción de menores, asociación ilícita y prevaricación, con hechos que se remontan a 1983 en San Fernando. La Corte Suprema calificó estos delitos como violaciones graves a los derechos humanos, imprescriptibles por su naturaleza.
Pero cabe preguntarse: ¿por qué estos mismos ministros de la Corte Suprema no visitan las embajadas de Estados Unidos, Italia, Francia o España?
¿Por qué no se investiga con la misma energía los cientos de casos de niños enviados también a esos países durante la dictadura? ¿Acaso la justicia chilena solo se atreve cuando el país involucrado es pequeño y no representa un riesgo diplomático?
Esa selectividad revela una hipocresía estructural que ofende la memoria de las víctimas y desnuda la cobardía de un sistema judicial que teme mirar de frente a los poderosos.
Mientras la justicia avanza lentamente, la política se repite como un mal disco rayado. Cada ciclo electoral vuelve a levantar el estandarte de las víctimas, para después guardarlo en un cajón, igual que los restos humanos que por años permanecieron olvidados en el Instituto Médico Legal.
Los gobiernos de izquierda, que tuvieron en sus manos la oportunidad de hacer justicia real, prefirieron la burocracia, los comités, los discursos. Ahora, en plena antesala electoral, vuelven a mostrarse “preocupados” por el sufrimiento de las víctimas. Pero ese interés repentino tiene olor a cálculo y no a humanidad.
Porque el verdadero drama no es solo el pasado, sino el presente de abandono. Las víctimas envejecen sin reparación, los exiliados mueren esperando, y los hijos robados aún buscan su identidad. La impunidad se disfraza de institucionalidad, y la memoria se usa como moneda de cambio política.
Mientras tanto, el país sigue atrapado en la hipocresía de una clase dirigente que habla de pobreza sin conocerla, que instrumentaliza el dolor y que necesita mantener a la población ignorante, dependiente y resignada para perpetuar su poder.
Chile sigue en deuda. Y esa deuda no se paga con palabras, sino con verdad, justicia y reparación efectiva. Todo lo demás —los discursos, las reuniones y los comunicados oficiales— no son más que otra versión del mismo engaño histórico.
