Por Rodolfo Varela
En Chile, la confianza en el Poder Judicial atraviesa una de sus peores crisis. Las sospechas de corrupción, favoritismos y manipulación de causas no son nuevas, pero el llamado “Caso Curauma” vuelve a poner en evidencia un sistema que, lejos de garantizar justicia, parece proteger intereses poderosos.
Desde hace más de una década, el empresario Manuel Cruzat Infante —antiguo símbolo del empresariado chileno— libra una batalla legal que revela grietas profundas en el funcionamiento del sistema judicial. Su denuncia es tan grave como clara: se habría manipulado el sistema informático del Poder Judicial para asignar su causa a un tribunal “de conveniencia”, el 2° Juzgado Civil de Santiago, en perjuicio directo de sus intereses en la quiebra del proyecto inmobiliario Curauma S.A., un megaproyecto de 3.000 hectáreas.
Según los documentos obtenidos por Interferencia, un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) dirigido a la Corte Suprema el 6 de mayo de 2022 confirma que existía un criterio técnico y obligatorio para la asignación de juzgados. Dicho criterio no se habría cumplido. El sistema debía asignar la causa al 6° Juzgado Civil de Santiago, el menos congestionado según los registros de 2013. Sin embargo, de forma inexplicable —o más bien sospechosa—, el caso fue entregado al 2° Juzgado Civil de Santiago, dirigido por la jueza Inelie Durán Madina.
Ese “error” cambió el destino de una causa multimillonaria. Y no fue un hecho aislado. De acuerdo con la defensa de Cruzat, el 2° Juzgado Civil ha concentrado de manera reiterada casos de alto perfil y con grandes intereses económicos, como el de LATAM Airlines, en el que el empresario Jorge Said Yarur también denunció irregularidades.
¿Casualidad? ¿O una muestra de un patrón de manipulación dentro del Poder Judicial?
Cruzat fue tajante: “Manipular el sistema informático del Poder Judicial para escoger un tribunal de conveniencia es un delito. Este hecho debe ser investigado y perseguido hasta dar con los responsables y beneficiados finales”. Y tiene razón. Si un juez o un funcionario puede alterar la asignación de una causa, el sistema entero se derrumba.
En Chile, la corrupción ya no se esconde en maletines ni en sobres sellados: se disfraza de procedimiento técnico, de algoritmo neutral, de acto administrativo. Pero los documentos demuestran que ese algoritmo fue vulnerado. Que hubo una mano invisible —o muy visible— que acomodó la justicia a intereses particulares.
El Caso Curauma no solo expone una posible red de corrupción dentro de los tribunales civiles de Santiago. Revela algo aún más grave: la fragilidad institucional de un país que ha perdido la fe en sus jueces, donde la justicia parece estar al servicio del dinero y no del derecho.
Es hora de que la ciudadanía exija respuestas. Que la Corte Suprema, tantas veces silenciosa ante escándalos internos, rinda cuentas. Porque cuando la justicia se corrompe, todo el Estado se contamina.
El Caso Curauma no debe archivarse. Debe marcar un antes y un después en la historia judicial de Chile. De lo contrario, seguiremos viviendo en un país donde el poder se compra, el silencio se premia y la justicia se negocia.
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