Por Rodolfo Varela
Yo soy un hombre de izquierda, pero no de esta izquierda que hoy gobierna muchos países de América Latina y que, bajo discursos de derechos humanos y democracia, mira hacia otro lado mientras el crimen organizado avanza.
Violencia escolar en ChileAmérica Latina está siendo devorada desde adentro.
Mientras los gobiernos populistas de izquierda hablan de derechos humanos, inclusión social y democracia, las facciones criminales se apoderan —silenciosamente o a plena luz del día— de territorios, instituciones y economías enteras. Hoy, millones de latinoamericanos viven bajo las leyes del crimen, no bajo las de sus constituciones.
Lo que antes era un problema policial se ha convertido en una crisis de Estado.
El crimen organizado ya no es solo narcotráfico: es minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y manipulación política. Estas organizaciones cuentan con inteligencia financiera, tecnología militar y redes internacionales que superan por mucho la capacidad de reacción de nuestros gobiernos.
Mientras tanto, la corrupción institucional mantiene funcionando esta maquinaria delictiva. En Brasil, Chile, Argentina, México, Ecuador, Honduras o Colombia, las facciones criminales han infiltrado la política, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Pactan con autoridades, financian campañas y compran jueces. Así se destruye el Estado de derecho desde adentro, con la complicidad de quienes deberían protegerlo.
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Chile ya no es la excepción. La Fiscalía y expertos confirman la expansión del crimen organizado: secuestros, sicariato, lavado de dinero, corrupción carcelaria y complicidad dentro de instituciones claves como Gendarmería o el Poder Judicial. Los barrios humildes viven sitiados por bandas que imponen sus propias reglas. El discurso oficial minimiza el problema, mientras los ciudadanos viven con miedo y desconfianza.
Brasil: el mapa del poder paralelo
Brasil es el espejo más brutal del colapso. Las dos facciones más poderosas, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), controlan territorios, economías y comunidades enteras. Su guerra por el narcotráfico deja miles de muertos al año y ya cruzó las fronteras: Paraguay, Bolivia, Venezuela y hasta Europa.
Estos 120 muertos no son víctimas: son delincuentes que enfrentaron a la policía. Hay que felicitar al gobernador Cláudio Castro de Río de Janeiro por su valiente acción.
Surge una pregunta urgente para todos los gobiernos de América Latina:
¿No deberían los legislativos declarar a estas facciones como grupos terroristas, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir directamente?
En muchas regiones —como Río de Janeiro de Brasil, Colombia y otros países— estas organizaciones imponen sus propias leyes, desafían al Estado y controlan territorios como si fueran naciones dentro de la nación. Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil forman parte del mismo bloque latinoamericano enfrentando un enemigo común: la criminalidad organizada como poder político, militar y territorial.
Argentina: el laboratorio del crimen transnacional
En Argentina, los clanes locales como “Los Monos” y “Los Cantero” se fortalecen bajo la sombra del PCC y CV, aprovechando la corrupción policial y la debilidad judicial. Rosario es un epicentro de narcotráfico y violencia, mientras el gobierno responde con discursos vacíos y promesas incumplidas.
Un continente a la deriva moral
Lo más grave no es solo el poder del crimen: es la indiferencia de los gobiernos que, escudados en su discurso populista, desmovilizan a las fuerzas del orden y justifican la inacción con la palabra “democracia”. En nombre de los derechos humanos, dejan indefensos a millones de ciudadanos que ya no tienen justicia, ni Estado.
América Latina es hoy un territorio donde la impunidad es ley y la corrupción es cultura. Mientras las facciones criminales se consolidan como nuevos poderes económicos y políticos, los verdaderos perdedores son siempre los mismos: los pobres, los trabajadores, los que viven con miedo detrás de una puerta sin cerradura.
La pregunta ya no es si el crimen organizado avanza: es si nuestros Estados aún tienen la voluntad —o la capacidad— de resistir. Cada vez que un gobierno mira hacia otro lado, una nación más cae bajo el dominio de las facciones criminales.
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