En Chile, la corrupción política no sorprende, se normaliza. Y cuando aparece un caso como el del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), lo único que hace es desnudar lo que todos sabemos y pocos se atreven a decir: la justicia y los medios de comunicación trabajan al servicio de los poderosos, ocultando, relativizando y postergando procesos que deberían escandalizar a un país entero.
Joaquín Lavín Jr. reconoce fraudeEl Ministerio Público acusa al parlamentario de haber defraudado al fisco con facturas falsas, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos. Según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Lavín creó en las sombras la empresa Modo74 SpA, a través de un asesor de confianza, para triangular recursos del Congreso y del Servel. El resultado: más de $104 millones de pesos en operaciones sospechosas, reembolsos que nunca llegaron a la empresa y depósitos en efectivo de origen desconocido.
La Corte de Apelaciones de Santiago aún no fija fecha para revisar la solicitud de desafuero. ¿Por qué la demora? Porque estamos en época electoral. Porque cuando se trata de proteger a los suyos, la política chilena sabe cómo congelar, retrasar y maquillar la corrupción.
Mientras tanto, los abogados de Lavín aseguran que todo es “una selección arbitraria” de pagos. La misma estrategia de siempre: victimizar al poderoso, confundir a la opinión pública y esperar a que el tiempo entierre el escándalo. Lo más indignante es que, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, la población quedará al margen de esta noticia. La prensa tradicional —cómplice y servil— callará, minimizará o diluirá el caso, porque informar de verdad significaría enfrentarse al sistema que los financia.
El trasfondo es brutal: Lavín habría usado recursos fiscales para construir una plataforma digital de uso electoral, SocialTazk, destinada a la campaña de decenas de candidatos de la UDI, entre ellos su propia esposa, Cathy Barriga, también imputada por fraude al fisco. Y como si fuera poco, hasta su padre rindió facturas de esta empresa. Negocios familiares a costa del erario público.
Nada de esto es nuevo en Chile. Políticos que se reparten millones mientras la gente sobrevive con pensiones de miseria y salarios indignos. Y lo peor es que dentro de algunos años, como ya ha pasado tantas veces, Joaquín Lavín podría volver a ser candidato, a levantar banderas de “renovación” y a ser elegido por el mismo pueblo que hoy es víctima de este saqueo institucionalizado.
Aquí no hay justicia ni transparencia. Hay un sistema político podrido, donde la corrupción se esconde bajo la alfombra y la memoria colectiva es borrada por medios de comunicación corruptos y acomodados.
La pregunta es: ¿hasta cuándo Chile va a soportar ser gobernado por quienes lo roban a plena luz del día?
