Chile: Escándalo la pareja de una diputada recibió más de medio millón de dólares de un programa oficial

 

La diputada Catalina Pérez debió suspender su participación en la vicepresidencia de los parlamentarios y su pareja, Daniel Andrade, renunciar a un puesto en el ministerio de Defensa.

Daniel Andrade es responsable legal de la Fundación Democracia Viva, que firmó un convenio con el ministerio de Vivienda para trabajar en la erradicación de campamentos

La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio para ahondar en los convenios firmados ente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, un asunto que ha crecido como una bola de nieve y que golpea al Gobierno de Chile.

Democracia Viva suscribió tres convenios con la repartición para el trabajo en campamentos de Antofagasta, todos por un monto superior a medio millón de dólares.

La mentada fundación está ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, representante de la región en el parlamento. Y la Seremi de Vivienda estaba encabezada por Carlos Contreras, quien fue jefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer periodo. Los tres militan en el partido Revolución Democrática (RD), parte del conglomerado de Gobierno.

Apenas se hizo pública la firma de los convenios, Contreras presentó su renuncia. “Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, explicó en un comunicado que puso en sus redes sociales.


Carlos Contreras era el encargado ministerial que aprobó los convenios con Democracia Viva. Había sido jefe de gabinete del primer periodo de Pérez como diputada

Desde la oposición surgieron voces que pidieron que Pérez renunciara a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, mientras que ella pidió que fuera la Contraloría General la que se pronuncie acerca de la legalidad de los convenios. Y, aunque no renunció, la diputada “suspendió” su participación en la mesa directiva de los parlamentarios, una figura que no existe pero que ayudó a contener la presión y que la UDI, partido de oposición, retirara una moción de censura que había presentado en su contra.

“Los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, Carlos Contreras y  Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente. Hay un procedimiento abierto al interior de RD, se cursaron también las responsabilidades en término de la expulsión de sus cargos dentro de la administración del Estado, eso es pertinente. Lo que no me parece pertinente es que se busque endosar responsabilidades de terceros en mi”, dijo la parlamentaria, que agregó que nada sabe de los famosos convenios.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes consideró el hecho como “una falta de criterio” y ordenó que una comisión del ministerio viajara a investigar los destinos de los fondos entregados. “Hasta el momento, tenemos rendición solamente del 3%, porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente, es parte de la información que nos tienen que entregar”, dijo Montes en la prensa chilena.

Error político y algo más

El asunto también encendió los ánimos en el bloque opositor. El Partido Republicano explicitó su molestia hacia los diputados UDI por bajar la moción de censura contra la diputada Pérez. La molestia también se contagió entre algunos diputados de Renovación Nacional, socios de la UDI en el conglomerado Chile Vamos.

Entienden que alguno de los parlamentarios UDI quiera presidir la Cámara de Diputados en la renovación de la testera, que se producirá el próximo mes.

De todas formas, el Partido Republicano presentó una querella por eventual fraude al fisco.

Aunque no hay nada que haga sospechar que efectivamente hubo un delito, todo el entramado abrió críticas cruzadas y reproches dentro del mismo oficialismo. “Esto es un error político de proporciones, grave, de imprudencia, de descriterio; no necesariamente de que alguien esté robando plata o desviando recursos públicos”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, quien agregó que “si bien hasta ahora no hay nada irregular o ilegal en el convenio, el descriterio está en el vínculo en que se da la sospecha, en el vínculo de cercanía con la diputada Pérez”. También dijo que están dispuestos a que revisen todo, desde los mensajes or WhatsApp hasta cuentas corrientes.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo también consideró que el entramado “fue un total y absoluto descriterio político”.

Ni Perdón Ni Olvido: Mujer y violencia la diferencia de clase en la dictadura

 

Este año se cumplirán 17 años de la muerte del dictador, traidor, cobarde, genocida y ladron Augusto Pinochet, un 10 de diciembre del 2006, mismo día que la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos.

Crímenes de la dictadura en Chile

Las constantes violaciones a los derechos humanos en la sangrienta dictadura - militar de 1973 en Chile, impregnan en la actualidad sus hendiduras bajo la represión institucional a las manifestaciones callejeras en los períodos de Gobierno de la Concertación, derecha y Nueva Mayoría.

A 50 años del Golpe militar, el derecho democrático obtenido por las mujeres al aborto, a la educación gratuita y el derecho a organizarse desde las universidades, lugares de trabajo y barriales, entre otras cosas, se suprimió a punta de bota militar y una Constitución Política que favorece a la derecha traidora, los empresarios y capitalistas.

Pero no sólo la dictadura militar nos dejó sin derechos alcanzados en álgidos momentos de lucha y organización de las mujeres, los trabajadores y el pueblo, sino también una centena de mujeres que fueron parte de la violencia política sexual que emanó el Golpe de Estado, intimidando y violando a mujeres y jóvenes militantes de izquierda que se organizaban para transformar de alguna forma las bases de esta sociedad.


Dios, Patria y Hogar


La violencia política sexual es un concepto que se utiliza desde el ejercicio de poder sexual de contrainsurgencia hacia los activistas de los movimientos sociales, disidentes y militantes de partidos políticos de oposición. Y en particular las mujeres militantes de la clase trabajadora y la izquierda.

Durante la década de los años 70”, en las dictaduras en Latinoamérica se utilizó frecuentemente la violación sexual, el abuso y la tortura a las mujeres y jóvenes de izquierda, donde el lema para recluir a las mujeres a sus casas y al silencio fue: "Dios, Patria y Hogar", consigna del partido de extrema derecha Patria y Libertad.

Muchas mujeres se organizaron respondiendo a las desapariciones de sus seres queridos siendo uno de los pilares fundamentales de las redes de apoyo contra la dictadura, como también comisiones de mujeres como autodefensa contra la represión militar y de los Chicago Boys. 

Es entonces, ante la violencia policial, política y sexual las mujeres en algún momento de la historia también respondieron con violencia organizándose desde los barrios con ollas comunes y en algunos lugares de estudio, quienes fueron más perjudicadas fueron quienes se organizaron en los lugares de trabajo siendo por completo despedidas o acosadas por sus jefes.

El Terrorismo de Estado y Lucía Hiriart


La viuda del dictador Juntos, robaron millonarias propiedades y fondos, con el dictadura muerto en impunidad y la familia intocable hasta el día de hoy.

La consejera de los represores, la esposa del dictador y dueña de propiedades de CEMA-Chile (Centro de Madres), es el claro reflejo que no basta con ser mujer para defender nuestros derechos democráticos, y que hay una enorme diferencia de clase que tenemos las mujeres trabajadores y pobres a quienes se nos violó, torturó y asesinó para imponer un sistema en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras.

¡No más violencia contra la Mujer!

Esa violencia nos sigue persiguiendo. Las herencias de la dictadura es también la violencia de los peores sueldos, la mayor precariedad e incertidumbre, que viven las mujeres trabajadoras. Por eso nuestro cambio requiere cuestionar el proyecto de la dictadura desde su base, mediante un cambio estructural, revolucionario, de nuestra sociedad.

Rodolfo Varela
Fuente:Teresa Melipal

A Sala proyecto que prohíbe que la entrega de títulos se condicione al pago de deudas de arancel

 

La Comisión de Educación aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior. Esta corrige la norma que ha generado inconsistencias sobre la prohibición de que las evaluaciones y la entrega de títulos, sea condicionada al pago de deudas.

La Comisión de Educación votó en general y en particular, por 7 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones, el proyecto que prohíbe que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas de arancel (boletín 15831).

La iniciativa -originada en moción de diputados/as- explica que en el último tiempo decisiones judiciales han afectado a estudiantes de educación superior. Ello porque se les niega la entrega de título, diplomas o certificaciones académicas, por parte de Instituciones de Educación Superior (IES), por mantener deudas de arancel con dichos establecimientos.

Agrega que si bien los casos tienen un resultado positivo, el razonamiento de los tribunales sostiene que dicha prohibición sólo opera en casos anteriores a la ley 21.091 que se encuentra vigente desde 2018.

Al respecto, se modifica la norma que sanciona como infracción grave por parte de la Superintendencia de Educación Superior dicho comportamiento, respecto a exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles.

El texto aprobado rechaza que se condicione la rendición de exámenes u otras evaluaciones; o el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones, a exigencias pecuniarias por deudas de arancel. Ello aun cuando estén establecidas por la institución de educación superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes, al momento de suscribir el contrato respectivo.

Ejecutivo

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana recalcó que se otorgó suma urgencia al texto, porque se asegura que “los condicionamientos económicos no se transformen en condicionamientos académicos”. En ese plano recordó que en la actualidad en muchos casos se dificulta la “titulación oportuna”, que alcanza menos del 40% de los estudiantes.

El vicepresidente alterno del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), Hans Richter consideró la iniciativa como loable y deseable, para “no condicionar económicamente un logro intelectual”. Reconoció sin embargo, que este tiene un costo para las universidades y puede provocar un impacto, en la idea de fomentar el no pago los aranceles.

Claudio Carvajal de la FEPUCV y representante de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), dijo que es un avance que se pueda optar al grado académico, sin importar la deuda arancelaria. Llamó a abrir la discusión sobre la autonomía que tienen los planteles para fijar los aranceles, materia que se debe regular.

Reacciones

El proyecto lo informará en Sala, su principal promotor, diputado Luis Malla (PL). Destacó que el texto ayuda a muchas familias y estudiantes que no pueden pagar sus deudas porque no pueden titularse.

La diputada Marcia Raphael (RN) consideró que el proyecto no considera los problemas que se pueden generar en las instituciones de educación superior. Dijo que podría ocurrir que algunos alumnos no paguen el último semestre y generen problemas de recursos para esa universidad.

En tanto el presidente de la comisión, Gaspar Rivas (PDG), aclaró que el texto no deroga normas del Código del Procedimiento Civil relativas al juicio ejecutivo y cobro de deudas, por lo que la universidad puede exigir el pago de deudas. Sostuvo que el proyecto pone fin a un mecanismo abusivo y antiético que no corresponde.

Chile: Condenan a exvicecomandante de Ejército por suceso en Caravana de la Muerte

En su Informe Anual 2022 el INDH pidió al Poder Judicial no aplicar el mecanismo de la media prescripción, que en este caso específico había sido usado por la Corte de Apelaciones de Santiago, bajando las penas.

Caravana de la Muerte: 46 años después, condenan a Santiago Sinclair como autor de homicidio

En el alegato ante la Corte Suprema intervino el consejero del INDH Francisco Ugás, como represente de las familias de dos víctimas. Ahora valoró el fallo, porque “repara, en parte, el daño causado a las familias”.

Santiago Arturo Sinclair Oyaneder

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a penas de presidio efectivo a los cuatro acusados por los homicidios de 12 personas cometidos en el marco del caso Caravana de la Muerte Episodio Valdivia. De esta manera el máximo tribunal desechó aplicar la media prescripción, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, y sentenció a 18 años de presidio al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair; a 18 años al coronel (r) Juan Chiminelli Fullerton; a 10 años al brigadier (r) Pedro Espinoza; y como encubridor a 5 años y 1 día al brigadier (r) Emilio de la Mahotiere González.





En 2020, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago examinó la sentencia de primera instancia aplicó la media prescripción a los cuatro sentenciados de la ministra Patricia González e incluyó a dos acusados absueltos previamente. Pero ahora los ministros de la Corte Suprema Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, Teresa Letelier y el abogado Ricardo Abuauad resolvieron desecharla. Por lo demás, en su Informe Anual de 2022, el Instituto Nacional de Derechos Humanos había planteado al Poder Judicial abstenerse de ocuparla, al vulnerar los principios de proporcionalidad e imprescriptibilidad.

Así, en su fallo, la Segunda Sala de la Corte Suprema dice que “la aplicación de la figura de la media prescripción o prescripción gradual de la pena (…) no es admisible tratándose de ilícitos de lesa humanidad”, porque tal calificación “obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la utilización tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción”. Ambos mecanismos, dice la corte, van contra los principios del Derecho Penal Internacional, “que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”.

La Segunda Sala dice que el hecho “fue calificado como constitutivo de un delito de lesa humanidad, concepto que, con el transcurso del tiempo, ha dado lugar a normas de derecho consuetudinario, es decir, a principios generales del derecho, con independencia de su consagración en tratados internacionales propios del tema. Así, entonces, se advierten como conductas prohibidas en términos absolutos, constituyen normas imperativas (…) y por supuesto obligatorias para toda la humanidad, corresponden a normas del derecho internacional general, inexcusables y vinculantes, que no pueden derogarse sino por una norma de la misma entidad”.

Cabe mencionar que, de los seis acusados, dos murieron durante el transcurso de la tramitación posterior a la condena de primera instancia de 2017: Carlos López Tapia (12 años) y Hugo Guerra Jorquera (12 años). Sinclair y De la Mahotiere no figuraban en esa condena de la primera instancia, pero fueron incluidos por la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque con penas bajas: 5 años y un día para el primero y 3 años de libertad vigilada para el segundo.

Abogado de familias

El consejero del INDH Francisco Ugás representó a las familias de dos de las personas asesinadas en estos hechos, en la zona de Neltume, y señaló después del fallo de que “faltando 4 meses para que se cumplan los 50 años de ocurrencia de estos específicos crímenes, esta sentencia definitiva de la Corte Suprema destaca, en primer lugar, la importancia que para nuestra judicatura, que siempre obra bajo el imperio de la Constitución y las leyes, de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, tiene el cumplimiento de los deberes de investigar y de sancionar estos crímenes de lesa humanidad perpetrados, en este caso, en perjuicio de estas 12 víctimas y de reparar, en parte, el daño causado a sus familias, víctimas de estos brutales delitos, que hieren la conciencia humana”, dijo.

Cabe mencionar que los fusilamientos de las 12 personas fueron perpetrados el 3 y el 4 de octubre de 1973, cuando el grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark llegó a Valdivia. Espinoza, Chiminelli y De la Mahotiere están entre quienes participaron en los preparativos para los fusilamientos y dos de ellos actuaron directamente. Sinclair, quien además fue senador designado e integró la Junta Militar durante la dictadura, contribuyó con su actuación en la época a dar apariencia de juridicidad a un acto que no la tenía, como fue la ejecución de las 12 personas.