Por: Rodolfo Varela
La reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente, donde seis trabajadores perdieron la vida, ha vuelto a poner en evidencia una dolorosa y cruda realidad: en Chile, la vida de los trabajadores sigue siendo tratada como un gasto secundario dentro de un modelo económico que prioriza las utilidades sobre la dignidad humana.
No se trata de un accidente aislado, sino de una consecuencia previsible de un sistema que privilegia la producción por encima de la seguridad, y la impunidad por sobre la justicia.
La empresa contratista Gardilcic, responsable directa de cinco de los fallecidos, acumulaba 18 multas en los últimos cinco años por infracciones al Código del Trabajo, muchas de ellas por no resguardar adecuadamente la salud y la seguridad de sus empleados. ¿Cómo es posible que una empresa con semejante historial siga operando en faenas de alto riesgo? ¿Dónde están los mecanismos reales de fiscalización? ¿Qué sentido tiene una legislación laboral que puede ser vulnerada de manera sistemática sin consecuencias ejemplares?
La respuesta es tan clara como desoladora: en Chile, las leyes laborales existen más en el papel que en la práctica. Son débiles, escasas, y cuando se aplican, sus sanciones resultan irrisorias frente a las ganancias que obtienen las grandes empresas. Las autoridades competentes —políticas, judiciales y administrativas— han sido, en el mejor de los casos, negligentes, y en el peor, cómplices silenciosos de esta precarización estructural.
La muerte de estos trabajadores no puede ser reducida a una simple “fatalidad”. Es un crimen social, cuyas causas están a la vista:
-
El modelo económico neoliberal, impuesto en la nefasta dictadura militar, que privatizó derechos fundamentales como la salud, la educación y la previsión social, y debilitó al Estado al punto de volverlo incapaz de proteger a su población. Todo este andamiaje favorece directamente a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), que lucran con el dinero de los trabajadores mientras estos se enfrentan a pensiones miserables e inseguridad total en su vejez.
¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Y el Ministerio de Minería y Energía? ¿Cómo es posible que, ante tanto abuso, estas instituciones no actúen ni fiscalicen como es debido? -
La tercerización y subcontratación, que diluyen responsabilidades y convierten a los trabajadores en eslabones descartables dentro de una cadena de producción sin rostro. Este sistema ha dado pie a la proliferación de agencias de empleo que no solo maltratan a los trabajadores, sino que los descartan sin miramientos, especialmente a aquellos que superan los 40 años, quienes son discriminados por edad y excluidos sistemáticamente. Además, muchas veces los reemplazan antes de cumplir tres meses de contrato, para evitar que se genere vínculo laboral formal. Y todo esto ocurre sin fiscalización ni sanción alguna.
-
La falta de fiscalización real y efectiva, con una Dirección del Trabajo debilitada, sin recursos suficientes y sin capacidad de hacer frente a los grandes conglomerados.
-
La pasividad del sistema judicial, que permite que empresas multadas reiteradamente no enfrenten consecuencias penales ni éticas.
Pero esta no es solo la realidad de los mineros. Se trata de una condición que se extiende a millones de trabajadores en Chile: en el comercio, la agricultura, el transporte, la construcción, los servicios. La precariedad, el miedo al despido, la inseguridad y la falta de protección son parte del día a día de quienes sostienen con su esfuerzo la economía del país.
Y cuando ocurre una tragedia como la de El Teniente, las autoridades se limitan a anunciar investigaciones, mientras los altos ejecutivos de Codelco, como Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, son citados como testigos y no como responsables. ¿Cuántas vidas más deben perderse para que la justicia actúe con la seriedad que corresponde?
Chile necesita con urgencia una nueva legislación laboral, centrada en la dignidad humana, en la seguridad de los trabajadores y en el fin de la impunidad empresarial. Pero más que leyes, lo que se necesita es voluntad política, fiscalización real e independiente, y una ciudadanía movilizada que no tolere más abusos.
Y ante todo esto, surge una pregunta que duele, pero que no podemos dejar de hacer:
¿Dónde están los derechos humanos en Chile?
¿Acaso solo existen para proteger a corruptos, delincuentes de cuello y corbata, asesinos impunes o poderosos que jamás pisan una cárcel?
¿Y los trabajadores? ¿Y los pobres, los que madrugan para sostener el país con su sudor y a veces con su vida?
¿Ellos no tienen derechos humanos?
En este sistema, parece que los derechos solo existen para unos pocos, mientras la gran mayoría vive sin justicia, sin dignidad y sin voz.
Y esto no ocurre solo en Chile. Es un drama compartido por muchos pueblos de América Latina, donde el poder económico compra conciencias, silencia fiscalizaciones y transforma el dolor del pueblo en una estadística más.
Pero la historia no termina ahí. La lucha por la dignidad de los trabajadores está viva, y sigue creciendo con cada conciencia que despierta. No estamos solos. Y no estamos vencidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario