Por Rodolfo Varela
Este 31 de julio de 2025 cierra una nueva Consulta Ciudadana sobre Derechos Humanos en Chile. Es parte de un proceso participativo para construir el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y el Tercer Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas.
¿Solución al problema de las pensiones en Chile?Una iniciativa que suena democrática, participativa y moderna. Pero la pregunta de fondo es: ¿para qué sirve tanta consulta si las víctimas de la dictadura siguen sobreviviendo con pensiones miserables, maltrato institucional y promesas rotas?
Desde el retorno a la democracia, han pasado más de tres décadas de gobiernos de derecha y de izquierda que, pese a los discursos grandilocuentes, no han cumplido con la reparación integral que merecen quienes fueron perseguidos, torturados y relegados al olvido. Hoy, muchas de esas víctimas sobreviven en la precariedad más absoluta, cobrando pensiones indignas, con descuentos abusivos por parte de Fonasa y sin acceso real a tratamientos de salud física y mental.
Se agradece el anuncio de la expropiación de la infame Colonia Dignidad, ese enclave alemán que durante años funcionó como centro de tortura, desapariciones y abusos sistemáticos. Es una medida justa, aunque tardía. Pero cuidado: no basta con apropiarse del terreno. Hay que devolverle el sentido de justicia a ese lugar, convertirlo en un verdadero sitio de memoria, no en un parque temático financiado por la cooperación internacional o una fachada cultural sin alma ni verdad.
También se anuncian fondos concursables para proyectos de memoria y cultura. ¿Quién los administra? ¿Quién decide qué organizaciones pueden hablar del pasado? ¿Por qué se sigue privilegiando a ciertas fundaciones cercanas al poder, mientras muchas agrupaciones de víctimas reales no tienen ni sede donde reunirse?
A todo esto se suma un hecho que debería ser central en cualquier política de derechos humanos: el Estado chileno está tratando de recuperar 16 millones de dólares robados por Augusto Pinochet, que hoy están en manos de sus herederos. ¿Cómo puede haber justicia si los bienes mal habidos de la dictadura siguen en manos privadas, mientras las víctimas sobreviven con bonos ridículos y un Estado ausente?
No son solo los herederos. También deben rendir cuentas los jueces que validaron montajes, los empresarios que se enriquecieron con el terror, los políticos que hicieron carrera sobre el silencio, los religiosos que bendijeron crímenes, y los artistas que aplaudieron desde los escenarios mientras otros eran ejecutados. La justicia patrimonial y moral también es un derecho humano.
Este gobierno, al igual que los anteriores, se ha especializado en el arte de la simulación. Simulan escuchar. Simulan reparar. Simulan legislar. Pero no cambian la realidad de quienes siguen pagando con su salud y su pobreza los costos del horror vivido entre 1973 y 1990.
Chile necesita algo más que planes nacionales y consultas en línea. Necesita voluntad política para hacer justicia. Necesita reparación económica real, acceso garantizado a salud mental, reconocimiento público y permanente, educación para no repetir la historia y, sobre todo, una reforma profunda al sistema de pensiones para que nunca más una víctima tenga que mendigar por lo que legítimamente le corresponde.
Y necesita, sobre todo, que se devuelva al pueblo lo que le fue robado. La dignidad no puede seguir postergada por cálculos políticos.
Los derechos humanos no se consultan, se garantizan.
