Este lunes 15 de septiembre de 2025, el Senado chileno despachó el proyecto que crea la calificación jurídica de “Ausente por Desaparición Forzada”. La iniciativa —que ahora pasará a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados— busca, después de más de 50 años del nefasto golpe militar, reconocer jurídicamente a las víctimas de desaparición forzada, simplificando trámites para sus familias.
En el papel suena noble. En la realidad, es la confirmación de una vergüenza nacional: el Estado chileno, tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda, ha sido incapaz de saldar una deuda que se arrastra desde 1973. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué siempre en tiempos de elecciones aparecen estas “grandes iniciativas”? La respuesta es clara: porque la clase política se mueve al ritmo de la conveniencia personal y no por un compromiso real con la verdad y la justicia.
Durante el debate, los senadores y senadoras llenaron el aire con discursos emotivos sobre la deuda pendiente, sobre la memoria y la dignidad de las víctimas. Pero no olvidemos que muchos de estos mismos parlamentarios, a lo largo de años, bloquearon, retrasaron o minimizaron toda política de reparación efectiva. Basta mirar la realidad: exonerados políticos y ex presos políticos sobreviven con pensiones miserables que no alcanzan ni al 50% de un salario mínimo; niños, niñas y familias enteras fueron secuestrados y vendidos al extranjero; otros fueron torturados bajo el amparo de la dictadura cívico-militar. Y hoy, cuando necesitan votos, estos mismos se disfrazan de defensores de los derechos humanos.
El proyecto crea un registro público de personas desaparecidas, pero —¡atención!— no genera compensaciones económicas ni se atreve a ir más allá del mero acto simbólico. Una vez más, se legisla a medias: un gesto para la foto, un titular para la prensa, mientras las familias siguen esperando justicia real.
Además, se rechazó la norma que otorgaba facultades administrativas a la Subsecretaría de Derechos Humanos para agilizar el ingreso de casos en el registro. Es decir, se crea un instrumento que desde su origen nace limitado y burocrático, cuando lo que las familias necesitan es rapidez, reconocimiento y reparación integral.
El pueblo chileno debe abrir los ojos: estos políticos no actúan por convicción, actúan por cálculo electoral. No importa si visten corbatas de derecha o banderas de izquierda: su prioridad no es la memoria de nuestros detenidos desaparecidos, sino la conveniencia de sus campañas.
Hoy hablan de justicia, pero todavía en el Servicio Médico Legal existen restos humanos sin identificar, esperando que alguien los reconozca. Familias que llevan medio siglo sin verdad ni reparación siguen golpeando puertas cerradas. Y la clase política —esa misma que aplaude en el Senado— no ha tenido la valentía de dar las facultades necesarias para resolverlo.
El proyecto puede ser un paso, pero es un paso pequeño, tardío y oportunista. La verdadera justicia no se construye en campaña electoral, sino con voluntad política sostenida, reparación efectiva y memoria viva.
Ya basta de discursos vacíos. Ya basta de hipocresía. Chile merece políticos que actúen con la misma fuerza con la que el pueblo ha resistido medio siglo de indiferencia.
