El expresidente de Brasil es hoy víctima de un proceso de venganza política ejercido por minorías del Ministerio Público y, eventualmente, del Poder Judicial, manifestó aquí el abogado Marcelo Lavenere.
Marcello Lavenère
Según Lavenere, la solicitud de prisión preventiva presentada ayer en Sao Paulo por los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo constituye un pedido ideológicamente comprometido y políticamente mancha lo que debería ser la actuación del Ministerio Público.
En declaraciones al portal Vermelho, el jurista insistió en que el exdignatario es blanco de una persecución política permanente y ostensiva, cuyo objetivo es desmoralizar a Lula y su familia y para cuya materialización cuentan con el apoyo del aparato mediático.
Lavenere lamentó que esté sucediendo algo así, pues "nuestro aparato jurídico constitucional no permite ni alberga ese uso distorsionado de las instituciones republicanas", señaló.
Otro respetado jurista brasileño, el profesor Celso Antanio Bandeira de Mello, sumó también su voz a la de quienes afirman que la petición de prisión preventiva para Lula carece de asidero legal. Es un ridículo, subrayó.
Lula da silva
En opinión de Mello, el carácter persecutorio de tales acciones es tan obvio que resulta extraño que un órgano del Estado no tenga vergüenza de actuar de esa manera.
La víspera, los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo pidieron la prisión preventiva para el exdignatario, a quien acusan de lavado de dinero, falsificación de documentos y ocultación de patrimonio.
Para argumentar la demanda, los inquisidores alegaron que dada su condición de expresidente, las posibilidades de evasión de este "serían extremadamente simples".
Además, añadieron, la reclusión resultaría necesaria para garantizar el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley.
El Instituto Lula, en tanto, negó nuevamente las acusaciones hechas contra el ex jefe de Estado y reiteró que este no es dueño ni del apartamento en Guarujá ni de un sitio en Atibaia, cuya propiedad también se le atribuye.
Este miércoles, el abogado Cristiano Zanin Martins denunció la intención deliberada de representantes del Ministerio Público paulista de dañar la imagen del exgobernante al acusarlo de delitos que no cometió.
El fiscal Conserino transformó dos visitas a un apartamento en Guarujá en ocultación de patrimonio, sostuvo el defensor y reiteró la necesidad de que el Supremo Tribunal de la Unión decida sobre cuál órgano del Ministerio Público, el Federal o el estadual, tiene competencia para tratar el asunto, pues ambos investigan los mismos hechos.
