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2023/01/11

Cámara despacha a ley reforma de nuevo proceso constituyente



La elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023




Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República (boletines 15614 y 15615).


Posteriormente, se respaldaron con más de 110 votos a favor, otras seis normas cuya votación separada fue solicitada.


Con esta aprobación, la reforma será comunicada al Presidente de la República para su promulgación.


Consejo Constitucional


El Consejo Constitucional tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución.


Este órgano será integrado con paridad. Para ello, la lista de un partido político o pactos electorales deberán señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en cada circunscripción senatorial, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con hombres.


Una vez obtenidos los resultados de la elección, se determinará la cantidad de hombres o mujeres que deban aumentar o disminuir, para obtener dicha paridad.


Los resultados se ordenarán, a partir de las listas o pactos, de menor a mayor de acuerdo al total de votos a nivel nacional. Luego, las circunscripciones, también de menor a mayor.


Finalmente, se definirá que el candidato más votado del sexo subrepresentado de la lista o pacto electoral menos votada a nivel nacional en la circunscripción senatorial en que dicha lista o pacto electoral haya obtenido la menor votación, reemplazará al candidato menos votado del sexo sobre representado que habría resultado electo.

Escaños pueblos originarios


El Consejo podrá estar integrado, además, por uno o más miembros de los pueblos originarios reconocidos en la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. El número de escaños se obtendrá de sumar el total de votos válidamente emitidos en la circunscripción nacional indígena. Si dicha suma representa un porcentaje igual o superior al 1,5% respecto del total de votos del resto del padrón nacional, se elegirá un escaño.


Si es superior al 3,5% serán dos cargos. Además, por cada dos puntos adicionales sobre el 3,5% se asignará un escaño adicional.

Comisión Experta



La Cámara de Diputados y el Senado elegirán, doce cada uno, a los 24 miembros de la Comisión Experta. Esta comisión deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, y realizar las demás funciones que esta reforma le fija. Su integración también será paritaria.


Para ser electo integrante de esta comisión, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado.

Comité Técnico de Admisibilidad



La reforma también establece la creación de un órgano compuesto por 14 personas, que estará encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154. Su integración será paritaria.



Para ser miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado, con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica. Los integrantes de este Comité Técnico serán propuestos, en una sola nómina, por la Cámara de Diputados, la que deberá ser aprobada por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. Dicha nómina, posteriormente, deberá ser ratificada por el Senado, por el mismo quórum.


Cronograma del proceso


La reforma establece la elección de 50 miembros para el Consejo Constitucional el 7 de mayo de 2023. Estos serán electos siguiendo las normas de la elección de los integrantes del Senado.


Asimismo, se fijó el inicio del trabajo de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, el 6 de marzo de 2023.


La reforma también estableció la celebración de un plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, el 17 de diciembre de 2023. En dicho plebiscito el electorado dispondrá de una cédula que contendrá la siguiente pregunta, “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”.

Bases institucionales



La Moneda



La reforma aprobada dejó establecido que la propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, entre otras, las siguientes bases institucionales y fundamentales:


Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.


La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.


La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible.


Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común.


Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.

Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo bicameral.


Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.

Extenso debate en Sala sobre proceso de nueva Constitución

 

Legisladores valoraron el diálogo que permitió materializar este nuevo proceso constituyente. Los detractores criticaron que la reforma es de espaldas a una ciudadanía que pide soluciones a problemas urgentes como la seguridad.







Un total de 69 diputados/as intervinieron en el debate en Sala de la reforma que establece un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución, aprobada y despachada a ley.


Tras el informe de la Comisión de Constitución, a cargo del diputado Andrés Longton (RN), hicieron uso de la palabra las/os legisladores:


Agustín Romero (PREP), Andrés Jouannet (IND), Miguel Mellado (RN); Ana María Gazmuri (IND), Jaime Sáez (RD), Cristhian Moreira (UDI); Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Raúl Soto (PPD); Roberto Arroyo (PDG), Viviana Delgado (PEV), Jorge Guzmán (Evópoli); Gonzalo De la Carrera (IND), Jaime Naranjo (PS), Alexis Sepúlveda (PR); Víctor Alejandro Pino (PDG), Leonidas Romero (IND), Camila Musante (IND); Francisco Undurraga (Evópoli), Joanna Pérez (IND), Catalina Pérez (RD) y Felipe Donoso (UDI).


Asimismo, Miguel Ángel Calisto (IND), Andrés Celis (RN), Jaime Araya (IND); Juan Carlos Beltrán (RN), Gonzalo Winter (CVS), Harry Jürgensen (IND); Leonardo Soto (PS), Enrique Lee (PRI), Erika Olivera (IND); Diego Schalper (RN), Mónica Arce (IND), María Candelaria Acevedo (PC); Mercedes Bulnes (IND), Alberto Undurraga (DC), José Carlos Meza (PREP); Ximena Ossandón (RN), Lorena Pizarro (PC), Andrés Giordano (IND); Juan Santana (PS), Sara Concha (PCC) y Marta González (IND).


Finalmente, Eric Aedo (DC), María Luisa Cordero (IND), Rubén Oyarzo (PDG); Stephan Schubert (IND), Daniel Melo (PS), Christian Matheson (IND); Carolina Tello (PC), Cristián Tapia (IND), Francesca Muñoz (IND); Felipe Camaño (IND), Ericka Ñanco (RD), Cristóbal Urruticoechea (PREP); Karen Medina (PDG), Gloria Naveillan (IND), Luis Alberto Cuello (PC); Catalina Del Real (RN), Gael Yeomans (PCS), Daniel Manouchehri (PS); Mauricio Ojeda (IND), Andrés Longton (RN), Gaspar Rivas (PDG); Boris Barrera (PC), Consuelo Veloso (RD), Luis Sánchez (PREP), Eduardo Durán (RN) y Hernán Palma (IND).

A favor de la reforma




Andrés Jouannet (IND) enfatizó que hoy tenemos una oportunidad histórica de tener una nueva Constitución. “La anterior nos divide y seguirá dividiendo, y no podremos construir un país nuevo. Chile se estancó y los que sufren son los mismos de siempre”. El legislador explicó que rechazó el proceso anterior porque era malo, pero hoy existe una oportunidad de dar un camino al país, de empezar a crecer.


Jaime Sáez (RD) recalcó que este nuevo proceso es un paso significativo hacia la estabilidad social y política. Y que, poco a poco, se van cerrando heridas y las fracturas de 2019. Sin embargo, reconoció que el acuerdo adolece de perfección, pero se debe avanzar para consolidar la democracia. Concluyó que, es una obligación, un deber moral, con el pueblo, con la gente, con las personas, que requieren paz social, estado de derecho y una institucionalidad política.


Marcos Ilabaca (PS) valoró que las fuerzas políticas lograrán llegar a un acuerdo transversal con una invitación abierta a todas y todos. Afirmó que Chile requiere certidumbre institucional para los próximos 30 años. “Tengo la esperanza que el Congreso Nacional y el Consejo Constituyente estén a la altura de dar respuestas a los problemas del país, para avanzar y prosperar” manifestó.


Miguel Ángel Calisto (IND) señaló que, si bien no participaron directamente en el acuerdo, comparten el espíritu de que Chile tenga una nueva Constitución. Añadió que la actual Carta Fundamental es fuerte y robusta, con los más de 50 cambios que se han introducido desde 1990 a la fecha. Pero, aseguró, tiene el pecado original de la legitimidad democrática. Tenemos una nueva oportunidad de generar un gran acuerdo constitucional, remarcó.


Asimismo, Diego Schalper (RN) afirmó que el actual marco institucional tiene problemas de legitimidad. “Es un hecho de la causa”. Frente a ello, planteó que existen dos posturas: refundar un Chile distinto a la identidad, lo que fue rechazado. Y otra, que busca dejarla como está. Ello no encarna con el 62% que rechazó el texto, que en su mayoría quiere una mejor Constitución. Esa es la mejor alternativa, consideró. “Un Chile sin polarización, donde no estemos enfrentados, que permita dialogar entre los distintos. Es un proceso concluyente, no fundacional, moderado y razonable”.


Alberto Undurraga (DC) dijo que los países sufren crisis de distintos tipos, y parte de su madurez es su capacidad de superarlas dentro del marco institucional. “El Acuerdo por Chile es parte de la salida institucional a la crisis de 2019 que aún no superamos. Lo que permite establecer un proceso con un Consejo Constitucional y la participación de expertos y expertas”, destacó. En paralelo, llamó a trabajar en un compromiso con la democracia.


Carolina Tello (PC) sostuvo que las constituciones son un pacto social; el resultado de un acuerdo entre distintos actores sociales de cómo concebimos el medio ambiente y las visiones del futuro. “Valoramos el carácter paritario en todas sus estructuras, que sea efectiva en listas y quienes sean electas y electos. Y que, en la Comisión de Expertos, las voces de las mujeres sean escuchadas, lo que da esperanza de que el texto incluya un enfoque de género”, destacó.


Raúl Soto (PPD) anunció que va a aprobar y habilitar un proceso distinto al anterior, que va a corregir los errores y exceso que nos llevaron al fracaso. “La nueva Constitución va a unir y sentar las bases institucionales, para que exista más justicia, más dignidad y garantías sociales. Se va a encauzar al país en la dirección correcta, para salvar a Chile del populismo, en un clima de diálogo y entendimiento”, consideró.

Dip. Francisco Undurraga, exponiendo



Francisco Undurraga (Evópoli) manifestó su apoyo a la reforma, porque es relevante llevar adelante este nuevo proceso. Planteó que debemos acostumbrarnos a la diferencia y diversidad, a los que no piensan como nosotros. “Yo no hablo de enemigos sino de adversarios”. Añadió que se ha carecido de certeza jurídica y política, pero que este proceso nos permitirá proyectarnos al siglo XXI.


Alexis Sepúlveda (PR) señaló que hay dos hechos objetivos indiscutibles. Que el plebiscito de entrada mostró un amplio apoyo para redactar una nueva Constitución y que fuera redactado por un órgano 100% electo. Y, que, ampliamente, se rechazó la anterior propuesta constitucional, entre otras cosas, por el decepcionante trabajo de la Convención. Agregó que apoyan esta reforma, aunque “no es todo lo que hubiéramos querido”. en ese sentido, reiteró que no le gusta el rol de los expertos, porque no cree en el tutelaje.


Gonzalo Winter (CVS) también calificó la presente reforma como un exceso tutelaje. Señaló que esto puede hacer que el proceso no sea sentido como propio por la inmensa mayoría de la ciudadanía, y que, de ese modo, no cumplirá el objetivo de dotar legitimidad. Pero, recalcó, “tuvimos oportunidad de un proceso mas democrático, y la perdimos fuerte y feo”. Añadió que muchos tienen duda, pero eso no prueba que este mal, sino que hubo que ceder. “Es imposible la derrota como aniquilación de los adversarios, eso no es deseable”.


Ana María Gazmuri (IND) criticó que no se hayan podido aprobar indicaciones. Dijo que no le gusta el acuerdo, por los bordes, porque son el reflejo de lo que la ciudadanía no quiere y desprecia, la clase política arrogándose la soberanía popular. Tampoco le gusta el Comité de Expertos ni el Comité Técnico de Admisibilidad, como salvaguardas del proceso, vulnerando la libre determinación del pueblo. Pese a ello, anunció su voto a favor, pero con un sabor a decepción, señaló.


Felipe Donoso (UDI) dijo que la valentía no es encerrarse en la trinchera, sino salir y dialogar para construir un país y escribir una nueva Constitución. Añadió que el ex senador Jaime Guzmán hubiera, en estos tiempos, pedido un cambio constitucional que dé estabilidad a Chile; siendo capaces de discutir reglas claras y sanas, sin vicios. Agregó que así actúa su partido, trabajando en el porvenir de Chile.

En Contra


Sara Concha (PCC) manifestó que las cúpulas le dieron la espalda a la ciudadanía, negando toda posibilidad de democracia. Recordó que se presentaron más de 300 indicaciones que buscaban aportar y todas fueron rechazadas. “Este error trae un gran daño a Chile, porque no se defiende el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ni la vida de quién está por nacer. Chile ya rechazó una constitución abortista”, recalcó.


Catalina Del Real (RN) manifestó su rechazo a la reforma, porque dijo que la ciudadanía clama por soluciones. Pero, agregó, “estamos encerrados en el Hemiciclo, alejados de la realidad, hablando de leyes y constituciones. Esperamos que el gobierno cumpla la Constitución y que el país tenga estabilidad”.


Francisco Pulgar (IND) lamentó que el acuerdo para sentar las bases de la nueva Constitución ni siquiera haya considerado “a quienes estamos dentro de este Congreso Nacional y somos representantes de la ciudadanía”. El proceso de reforma no va a solucionar los problemas que nos afectan, indicó.




Jaime Araya (IND) planteó que esto es, tal vez un, error. Aunque valora la voluntad de diálogo y entendimiento, eso no significa que esto sea esencialmente bueno. Es lo menos malo que se pudo hacer. Agregó que los bordes establecidos no recogen lo que se espera de la Constitución, o expertos designados por el Congreso Nacional, lo cual va contra el sentido natural de la democracia.


Roberto Arroyo (IND) aseguró que este proceso es una mentira sin el plebiscito de entrada. Se repite un proceso a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes con la presencia de solo los grandes conglomerados que buscan mantener sus privilegios. En ningún momento del movimiento social 2019 esto lo solicitó la calle. Solo habían demandas verdaderas de mejoras en salud, pensiones y seguridad, bochornoso proceso y la gente dijo claramente no y creo que se repetirá el mismo resultado.


Viviana Delgado (PEV) aseveró que el rechazo del proceso anterior vino de la desconfianza y temor a lo desconocido. Criticó que el texto en trámite salga de la Cámara sin modificaciones en un símil de cambiar todo para no cambiar nada. Agregó que se hicieron oídos sordos a las indicaciones presentadas. Lo más importante es tener un órgano 100% electo y no “custodiado por 24 personas seleccionadas por nosotros mismos”.


Camila Musante (IND) explicó que retiró todas sus indicaciones porque “es evidente que no hay margen para la discusión del acuerdo”, lo cual lamenta. Recalcó que ella fue defensora del proceso anterior porque cree que Chile necesita una nueva Constitución. pero esta reforma no da garantías de avanzar en las demandas populares porque viene con candado y límites en la discusión.


Finalmente, Luis Sánchez (PREP) criticó que esta reforma es revivir el “experimento rechazado por la ciudadanía”. Acusó que se simula que hubo debate y que se rechazaron todas las indicaciones, porque el acuerdo está pactado “en una cocina a puertas cerradas”. Agregó que la izquierda quiere tener secuestrado al país hasta que les aprueben algo. “Chile no demanda una nueva Constitución, sino seguridad”, puntualizó.


Constantino es apartado de la Joven Pan por defender manifestaciones antidemocráticas

 

Además del agitador radicado en EE.UU., otros dos comentaristas bolsonaristas fueron destituidos por la emisora ​​que teme juicios.






Para evitar problemas legales en el futuro, la Jovem Pan destituyó este martes, y de manera indefinida, a los comentaristas Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo (nieto del dictador João Figueiredo) y Zoe Martínez. El trío es visto en la opinión pública como entusiasta del golpe de Estado y de las manifestaciones antidemocráticas que se convirtieron en atentados terroristas el pasado domingo (8) en Brasilia.


La eliminación se produjo después de la orientación del Consejo de la emisora. El motivo sería una demanda presentada por el Ministerio Público de la Federación contra Joven Pan por apoyo público e incitación al bolsonarismo.


Además de destituir a los radicales, el Directorio de la Jovem Pan también había solicitado la renuncia de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, más conocido como Tutinha, de la presidencia de la empresa. El propietario de la empresa cumplió con la solicitud el pasado lunes (9) y abandonó el mando de la estación. A pesar de haber eliminado solo temporalmente a los comentaristas, Jovem Pan no descarta la posibilidad de despedir al trío.


Constantino estuvo recientemente envuelto en polémica con colegas por defender descaradamente los campamentos que generaron las escenas de terroristas vistas en Brasilia. Cuando sus compañeros le señalaron, en más de una ocasión, que le sería fácil hacer este tipo de discursos, ya que reside en EE.UU., se enfadó y pidió la cabeza de los compañeros que le hacían tales críticas.


El Ministerio Público Federal (MPF) abrió una investigación civil contra la editorial conservadora TV Joven Pan.


La agencia acusó a los comentaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Zoe Martínez y Alexandre García de “difundir contenido no informativo sobre el funcionamiento de las instituciones brasileñas y con potencial para incitar actos antidemocráticos”.

Han sido retirados y no tienen retorno esperado. Sólo García permanece en la programación de Grupo Jovenm Pan.


Presidente Lula firma ley que aumenta salario de ministros del STF

Otras carreras también se beneficiaron


Dez dos 11 ministros do STF recebem Lula na sede da Corte, em Brasília, para uma conversa que durou 50 minutos - 09/11/2022 | Foto: Divulgação
Diez de los 11 ministros del STF reciben a Lula en la sede de la Corte, en Brasilia, para una conversación que duró 50 minutos - 09/11/2022



El presidente Lula sancionó ocho proyectos de ley aprobados a fines de 2022, por el Congreso Nacional, que otorgan aumentos salariales a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y miembros de otros Poderes, en los próximos años. El ajuste se hará gradualmente, hasta llegar a casi R$ 47 mil en 2025.


El impacto de la modificación del Presupuesto será de R$ 255 millones. En diciembre se aprobó el reajuste de alrededor del 20% en los salarios. De acuerdo con el texto de la ley, la remuneración de los magistrados aumentará de los actuales aproximadamente R$ 40 mil para R$ casi R$ 47 mil, hasta el 1 de febrero de 2025.


En diciembre del año pasado, el Parlamento también aprobó el mismo aumento para los sueldos del Presidente de la República, el diputado, diputados, senadores y ministros de los Estados, igualando la remuneración de los ministros del STF.


La Fiscalía General de la República tendrá el mismo reajuste que será escalonado y alcanzará también R$ 47 mil en febrero de 2025.


Los salarios de los defensores públicos generales federales alcanzarán R$ 37.000 en febrero de 2025. Bajo el aumento aprobado, también escalonado, el 1 de febrero de 2023, la remuneración alcanzará R$ 35.500; el 1 de febrero de 2024, R$ 36,5 mil; y el 1 de febrero de 2025, R$ 37,6 mil.


Venezuela determina captura de opositores

 

Parlamentarios son acusados ​​de 'usurpación de funciones' y 'traición a la patria'


Governo venezuelano emitiu ordem de captura contra parlamentares exiladas
Gobierno de Venezuela emitió orden de aprehensión contra parlamentarios exiliados




El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el tribunal emitió una orden de arresto contra tres exdiputados de la oposición a principios de esta semana. El mandato de los parlamentarios terminó en enero de 2021, y ambos se exiliaron en España y Estados Unidos.


Las exparlamentarias son Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez. “Los procesamos y solicitamos las respectivas órdenes de aprehensión”, dijo Saab. El régimen del dictador Nicolás Maduro logró retomar el control del Poder Legislativo, en diciembre del año pasado, luego de elecciones consideradas sospechosas. A partir de ese mes comenzó a ser perseguida la oposición encabezada por el presidente Juan Guaidó.


Acusaciones contra exdiputados venezolanos


Según el fiscal general, a los opositores se les imputan los delitos de “usurpación de funciones, traición a la patria, blanqueo de capitales y asociación para delinquir”. El gobierno venezolano hizo un pedido de "alerta roja" a Interpol, en el que espera colaboración de España y Estados Unidos, donde residen los parlamentarios. “Veamos qué hacen los gobiernos de estos países con nuestros pedidos”, agregó Saab.


El fiscal general también informó sobre el pedido de embargo de bienes y el bloqueo de las cuentas de los tres exdiputados. Además, se solicitaron dos órdenes de aprehensión contra José Figueiredo Márquez y Luis Alberto Bustos, designado secretario y subsecretario del gobierno interino, quienes no reconocen la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro.


Este domingo 8, la oposición denunció una “persecución judicial” contra la nueva mesa del Parlamento de 2015, que mantiene el control de algunos bienes del Estado en el exterior.