Agua Potable Rural beneficiaría a más de un millón y medio de personas

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en particular en la comisión de Obras Públicas.

Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de APR, que pasará por el Sistema de Servicios Sanitarios Rurales, incorporar el saneamiento rural y definir con claridad los diversos roles del Estado en esta materia. Estos son los cuatro objetivos que busca el nuevo proyecto de acceso al Agua Potable Rural (APR).





La iniciativa busca regularizar el acceso a agua potable para las personas que viven en zonas rurales y que actualmente no pueden optar a este servicio. En caso de ser aprobado, el APR, beneficiará más de 1.700 lugares en Chile, lo que se traduce en un beneficio directo para 1.700.000 personas que viven en zonas rurales.



Actualmente el APR se encuentra en discusión particular en la Comisión de Obras Públicas del Senado, en tercer trámite constitucional, y su aprobación significaría una gran noticia para los habitantes de zonas rurales.



El senador Juan Antonio Coloma, manifestó su interés en este proyecto, señalando que “esperamos los próximos días recibir a los otros invitados y resolver lo antes posible, este es un proyecto que es de larga data, pero que tiene una indicación nueva, que esperamos resuelva los problemas que estaban instalados, y si somos capaces de generar una nueva institucionalidad en APR, para el mundo rural es una noticia muy importante”.

El presidente de la Comisión, senador Alfredo de Urresti, explicó que en la reunión participaron la dirección de obras hidráulicas y la Federación de Agua Potable Rural de Chile y se hicieron tres planteamientos al proyecto: “Que son para fortalecer la capacitación, fortalecer el traspaso de derecho de aguas y también poder establecer una vinculación o una conexión a grifos en definitiva en estas localidades donde se instale el agua potable y poder tener, eventualmente, la posibilidad de combatir un incendio con los carros de bomba que concurren a esas localidades”.



Durante la sesión de la próxima semana participará el ministerio de Hacienda y de Obras Públicas en donde se expondrá el fondo de infraestructura que ha presentado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Tras esto se retomaría la votación en particular en la siguiente sesión.

LETREROS CAMINEROS

Junto a la discusión del APR, y tal como estaba previsto, la comisión de Obras Públicas aprobó en particular y en general la ley de publicidad en caminos, que regula la instalación de letreros camineros. El senador Coloma declaró que fue “una larga tramitación de un proyecto muy innovador para cómo armonizar los letreros camineros que son legítimos, pero en armonía con la seguridad de las carreteras, cuestión que hoy día no está bien resuelto”.

Han Pagado Más de $29 Mil Millones a Falsos Exonerados

Senador Prokurica junto a parlamentarios entregó en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta y aseguró que “hasta la fecha, se han pagado más de $29 mil millones a falsos exonerados”.

Con el fin de hacer entrega de una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, el senador Baldo Prokurica, junto a la diputada Paulina Núñez, llegaron hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda, donde solicitan a la mandataria terminar con el pago a miles de falsos exonerados, que continuarían recibiendo recursos del Estado, esto incluso luego que la Contraloría General de la República, determinara que no reúnen los requisitos para haber optado a dicha condición.



A lo anterior, explicaron los parlamentarios, se suman los antecedentes remitidos mediante oficio por el Instituto de Previsión Social (IPS), donde se enfatiza que la única autoridad que puede poner término a dichos pagos, corresponde a la propia Presidenta de la República, mediante el Ministerio del Interior.



“Entregamos una carta dirigida a la Presidenta de la República, con la finalidad de agotar los trámites que hemos realizado con la finalidad de poder terminar con este abuso que significa que se le siga pagando a los miles de falsos exonerados políticos”.


El senador Prokurica además agregó que “la Contraloría General de la República, en un muestra de 9 mil exonerados –de los 74 mil existentes-, 3 mil de ellos son personas que reúnen los requisitos y condiciones para recibir estos beneficios del Estado.

“Hasta la fecha, se han pagado más de $29 mil millones a estas personas que son falsos exonerados”, enfatizó el legislador.



“Creemos que en el ambiente que existe hoy en el país, de restricción de recursos y de máxima transparencia en el uso de las platas fiscales; no corresponde que personas que no tienen los requisitos para recibir un beneficio del Estado, sigan recibiendo –en total los falsos exonerados-, más de $900 millones mensuales”, aclaró.



“A todas las instancias-del Estado-, que hemos recurrido nos han indicado que la única autoridad que puede terminar con el pago a estos falsos exonerados, es la propia Presidenta de la República”.



Por su parte, la diputada Paulina Núñez, señaló que "el caso de los falsos exonerados en Chile es uno de los abusos más grandes que se han hecho con el Estado. Son recursos de todos los chilenos que se están pagando mal y que incluso la misma Contraloría ya emitió un pronunciamiento señalando que se estaban pagando mal.

Se Reactiva en Chile Movimiento Estudiantil

Las aguas están comenzando a agitarse nuevamente con el movimiento estudiantil en Chile. Si bien se puso en marcha la gratuidad parcial en la educación superior, mientras que se está implementando el fin al lucro, a la selección y al copago en el ámbito secundario, para muchos estudiantes todo esto no es suficiente.

Con propuestas y movilizaciones se reactiva el movimiento por la educación

Así, parte del movimiento estudiantil se declaró en “movilización permanente”, incluso un sector dijo que le hará imposible la vida al gobierno de Michelle Bachelet.

Las advertencias van de lado y lado. Hasta la propia Camila Vallejo, actual diputada del Partido Comunista y exdirigente estudiantil en las masivas marchas de 2011, dijo: “necesitamos una fuerte movilización social que incida en la reforma educacional”. Por estos días hay más de 20 escuelas emblemáticas en toma, mientras que el descontento también aumenta en las universidades. Esto, porque muchos estudiantes, que antes tenían becas y que ahora fueron beneficiados por la gratuidad, sostienen que hay muchas trabas y que la gratuidad no es tal.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a un paro indefinido por lo que consideran como un “nulo avance” de la reforma educacional. La propia presidenta Michelle Bachelet dio marcha atrás a su promesa de gratuidad universal y reconoció que no podrá implementarse totalmente cuando finalice su gobierno en 2018.

Michelle Bachelet

Hasta el miércoles, al menos 11 casas de estudio se adhirieron al paro convocado por la Confech. Estas son la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Central, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral, Universidad de Playa Ancha, Universidad de La Frontera, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Diego Portales.

Los estudiantes se han movilizado y la próxima marcha, que esperan la autorización de las autoridades a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, fue convocada para el 9 de junio. La estrategia de los universitarios y secundarios es mantener la presión en las calles, como ocurrió con las marchas de 2006 y 2011.

¿Qué exigen los estudiantes? Principalmente “educación pública, marco regulatorio y financiamiento”. “Me parece legítimo que los estudiantes de manera organizada luchen por las causas justas y que son necesarias para mejorar la educación pública”, dijo Camila Vallejo en una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera.

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A su vez el gobierno, a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que “difícilmente vamos a tener otra administración en que la educación tenga una centralidad tan fuerte en el programa. Lo que se pueda avanzar en dos años es crucial en lo que pase para adelante”. También el senador socialista Carlos Montes afirmó que “es difícil entender este movimiento, parece que estuviéramos en dictadura.

¿Por qué tomarse colegios? ¿Por qué no encuentran una forma más creativa? Como si el objetivo fuera perder clases. Lo que más perjudica a la educación pública es tomarse los establecimientos educacionales”.

Los estudiantes chilenos exigen hace una década una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerado uno de los más segregados del planeta.

La presidenta socialista Michelle Bachelet ganó la reelección en diciembre de 2013, prometiendo la reforma al sistema educativo, pero el avance de las reformas es considerado “insuficiente” por los estudiantes.

Desde este año, unos 145.000 universitarios estudian gratis, al tiempo que comenzó a regir una ley que prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la selección de estudiantes en las escuelas que reciben aportes del Estado.

El gobierno de Michelle Bachelet aún no envió al Congreso el proyecto de ley que establecerá la gratuidad universal en la educación universitaria. Pero el Parlamento ya analiza una ley que le quita a los municipios la administración de las escuelas públicas.