Por: Rodolfo Varela
América Latina sufre una profunda resaca política. Gobiernos que llegaron al poder prometiendo reivindicaciones sociales y un futuro más digno han terminado, en muchos casos, secuestrando las instituciones que juraron proteger.
La esposa de Ortega, nombrada comandante suprema de las fuerzas armadas de Nicaragua.
El continente presencia un fenómeno preocupante: proyectos políticos que nacieron con la promesa de representar a los ciudadanos terminan concentrando el poder y erosionando los principios democráticos que les dieron origen.
La democracia no desaparece de un día para otro; se deteriora lentamente, mediante decisiones que debilitan el Estado de Derecho, limitan la independencia de las instituciones y reducen los espacios de participación ciudadana. Cuando ese proceso avanza sin resistencia, la voluntad popular deja de ser el fundamento del poder y pasa a convertirse en una simple formalidad.
Un ejemplo elocuente es lo ocurrido en Nicaragua. Tras años de un progresivo deterioro democrático, el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo consolidaron un sistema político en el que desaparece toda posibilidad de competencia electoral real al anunciar que en el país no habrá más elecciones. Mediante reformas constitucionales que eliminaron la separación de poderes y concentraron las decisiones fundamentales en el Ejecutivo, se ha institucionalizado un modelo de gobierno familiar que vacía de contenido los principios republicanos.
Congreso Nicaragua prepara reformas para prohibir elecciones
Sin embargo, esta deriva autoritaria no pertenece exclusivamente a un sector ideológico. La historia reciente de América Latina demuestra que tanto gobiernos identificados con la izquierda como administraciones de derecha han caído, en distintas circunstancias, en la tentación de concentrar poder, debilitar los contrapesos institucionales y utilizar los recursos del Estado para perpetuarse o restringir las libertades de quienes piensan distinto. Cuando las instituciones dejan de actuar con independencia, el riesgo para la democracia es el mismo, sin importar el color político de quienes gobiernan.
Las consecuencias de esa concentración de poder siempre recaen sobre los ciudadanos, especialmente sobre los más vulnerables. Las promesas de prosperidad terminan transformándose en pobreza económica y también en pobreza cívica. Los sistemas públicos se deterioran, las oportunidades disminuyen y la justicia deja de actuar como garante de los derechos para convertirse, muchas veces, en un instrumento al servicio del poder político.
La experiencia latinoamericana demuestra que ningún gobernante debería situarse por encima de la Constitución ni de la ley. Cuando desaparecen los contrapesos institucionales, la libertad de expresión comienza a restringirse, la prensa independiente enfrenta crecientes presiones y la ciudadanía pierde, de manera gradual, los mecanismos que le permiten fiscalizar a quienes ejercen el poder. Ese deterioro suele producirse de forma lenta, casi imperceptible, hasta que recuperar la democracia se convierte en una tarea mucho más difícil.
Brasil y Venezuela impulsan el aumento de la pobreza en América Latina, según un informe.
Ha llegado el momento de que los pueblos latinoamericanos despierten. La verdadera lucha no debe reducirse a una confrontación permanente entre izquierda y derecha, entendidas como identidades políticas irreconciliables. La experiencia demuestra que ninguna ideología posee el monopolio de la democracia ni de la justicia social. Lo verdaderamente importante es construir instituciones sólidas, transparentes e independientes que garanticen el respeto irrestricto a los derechos de todos los ciudadanos.
Los pueblos deben comprender que el poder no pertenece a los gobernantes, sino que emana de la voluntad soberana de los ciudadanos. Es indispensable superar la polarización estéril que divide a nuestras sociedades y comenzar a exigir transparencia, rendición de cuentas, independencia judicial, libertad de prensa, respeto por la Constitución y una auténtica alternancia en el ejercicio del poder.
Venezuela no avanza en la erradicación de la pobreza
La historia demuestra que ninguna democracia está garantizada para siempre. Se fortalece cuando los ciudadanos participan, fiscalizan y defienden sus instituciones, y se debilita cuando la indiferencia permite que el poder se concentre sin límites.
La libertad, la justicia y el desarrollo no son concesiones de los gobernantes ni privilegios otorgados por una élite política. Son conquistas permanentes de una ciudadanía consciente, comprometida y vigilante, que entiende que el verdadero poder reside siempre en el pueblo y que la democracia no tiene dueños, sino guardianes.
